Aguirre y Gallardón se comprometen a erradicar el chabolismo en Madrid en 2011

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se han comprometido hoy mediante la firma de un convenio a erradicar el chabolismo de la capital en 2011. Para ello, tienen previsto desmantelar en los próximos tres años cuatro poblados chabolistas, que son El Cañaveral en el distrito de Vicálvaro (al este de la ciudad y en el que malviven 118 familias), Mimbreras II en Latina (al suroeste, con 121 familias) y los núcleos de chabolas de Santa Catalina (Puente de Vallecas, al sureste y con 171 familias) y el Ventorro de la puñalada en Villaverde, en el extremo sur de la ciudad y donde habitan otras 89 familias. ¿Y qué hay que la Cañada Real? Ni palabra del asunto durante la comparecencia del alcalde y la presidenta y, como no ha habido rueda de preguntas, ha sido imposible saber las razones de la ausencia y cuáles son los planes, si es que existen, para el mayor asentamiento ilegal de toda España.

En la región hay, según datos de la Comunidad de Madrid, 1.254 chabolas, 913 de ellas en Madrid y 341 en otras localidades

Ambas administraciones dedicarán 109,8 millones de euros -que abonarán a partes iguales, a lo largo de los próximos siete años en el caso de la municipal- a desmantelar los cuatro poblados, en los que viven en total 499 familias. El presupuesto incluye los costes de derribo de las chabolas, el realojo de sus habitantes en viviendas dignas en régimen de alquiler -a una media de 80 euros- y diversos programas de prestaciones sociales. Para acceder a la vivienda, las familias deben cumplir varios requisitos, de los que los fundamentales son residir y estar empadronado en el barrio antes de 2004, ser mayor de edad -no tendrán derecho los menores de 25 años que no constituyan una unidad familiar con menores a su cargo-, tener unos ingresos inferiores a 25.000 euros al año y no tener bienes inmuebles ni haber sido adjudicatario de una VPO, así como tampoco ser titular de un contrato de arrendamiento.

De paisaje degradado a barrio sostenible

Se da la paradoja de que dos de los núcleos que se van a desmantelar, El Cañaveral y Mimbreras II, son "barrios de tipología especial" que fueron construidos por el Gobierno regional hace más de 12 años precisamente para realojar a chabolistas. La presidenta regional ha indicado que en la región quedan 1.254 chabolas, 913 de ellas en Madrid -reducidas a 414 cuando se ejecute lo acordado hoy- y 341 en otras localidades. Por su parte, Gallardón ha declarado que antes de 2011 estarán desmantelados el resto de núcleos chabolistas de la capital: los Trigales, en Puente de Vallecas, y Puerta de Hierro, en Moncloa-Aravaca, que según el Ayuntamiento suman 837 infraviviendas (no las 913 que dice la Comunidad). Y esto, ha recordado, después de haber derribado los asentamientos de Pitis, Mimbreras I, la Quinta, Plata y Castañar y el Salobral, aunque dos familias resisten en éste último.

¿Y qué ocurre con el suelo que ocupaban las infraviviendas? Queda en manos del Ayuntamiento, que lo destina a distintos fines. En este sentido, el alcalde ha destacado que en Plata y Castañar se construirá un barrio sostenible y energéticamente autosuficiente; el suelo de El Salobral y Mimbreras I se destinará a actividad industrial; la eliminación de Trigales contribuirá a la ampliación de Mercamadrid y la desaparición de Pitis ha permitido la construcción de nuevas infraestructuras de comunicación. Aguirre ha agregado que en el terreno que en tiempos ocupaba La Celsa hay ahora un Instituto y en el que se encontraba La Rosilla, uno de los conocidos como supermercados de la droga, es hoy en día parte del Ensanche de Vallecas.

Sin embargo, en este convenio, que sus firmantes venden como el fin del chabolismo, no hay ni rastro de la Cañada Real, el mayor poblado de toda España. Se extiende por terrenos de cinco municipios de la región -Madrid, San Fernado, Getafe, Coslada y Rivas-Vaciamadrid- y en él viven unas 50.000 personas de varias razas y nacionalidades en asentamientos que van desde chalés adosados a chabolas de chapa y cartón. Preguntadas ambas partes, la respuesta es echar balones fuera en forma de excusas: que excede de su ámbito, que no es su competencia y que, en todo caso, no es un problema de chabolismo sino de "ocupación ilegal del terreno" y de orden público. Así, un portavoz de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid ha recordado la postura del consistorio: crear un consorcio entre todas las entidades para poner fin a la Cañada. "Hace más de un año, el Ayuntamiento remitió una carta a la Comunidad de Madrid, a la Delegación del Gobierno y a los alcaldes de los otros cuatro municipios en la que se les invitaba a conformar este consorcio para solucionar el asunto", subraya el portavoz, para añadir a renglón seguido que todavía no han recibido respuesta alguna.

A la espera de un consorcio

"Llevamos un año esperando", recalca la misma fuente, al tiempo que lamenta que el consistorio madrileño es "el único que está actuando". Se refiere a los constantes desalojos y derribos que se producen en la Cañada desde el pasado mes de mayo, que han acabado con 81 construcciones, 15 infraviviendas, un puente y una nave industrial. Además, se han inutilizado 80 metros cuadrados de terrenos para impedir la edificación de nuevas chabolas. En las últimas actuaciones, este mismo mes, el Ayuntamiento ha actuado sin orden judicial ya que alega que las viviendas eran nuevas y no estaban habitadas, un extremo que niegan los vecinos. El Ayuntamiento también niega la mayor: que el megapoblado sea de su competencia, ya que "no está en suelo de Madrid sino de la Comunidad de Madrid". Sostiene que, al ser una vía pecuaria, jurídicamente está calificada como bien de dominio público de la región y depende no de los ayuntamientos sino de la Dirección General de Agricultura.

Por su parte, un portavoz de la Consejería madrileña de Vivienda alega que en la Cañada "hay un problema que excede al concepto de chabolismo, porque hay chabolas pero también urbanizaciones enteras y chalés de ladrillo". A la tipología de las viviendas se suman otras cuestiones no menos complejas. "En la Cañada hay un problema grave de delincuencia y de orden público", lo que hace que el balón vaya al tejado de Delegación del Gobierno. "Técnicamente, no es chabolismo, sino ocupación ilegal de terreno", añade la misma fuente, que apunta que las "ocupaciones ilegales de territorio son competencia de Disciplina Urbanística de los ayuntamientos". También aporta razones de procedimiento. "El IRIS [Instituto de Realojamiento e Integración Social] no actúa por su cuenta, sino que son los consistorios los que deben ponerse en contacto con este organismo y firmar un acuerdo".

Todo esto "no quiere decir que la Comunidad de Madrid mire para otro lado", subraya el portavoz regional, que admite que el Gobierno regional "no tiene competencia para resolver el problema". En este sentido, recuerda la intervención de la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, hace dos semanas en la Asamblea. Mariño, que definió la Cañada como "un problema de naturaliza urbanística", dijo estar dispuesta a "ponerle el cascabel al gato", pero pidió que cada cual "asuma su responsabilidad" y no espere a que venga "mamá comunidad" a resolverlo todo. Desde hace unos 40 años, esta ciudad paralela a Madrid crece con la llegada de nuevos inmigrantes, sin que ni la Comunidad de Madrid, ni la Delegación del Gobierno, ni los cinco ayuntamientos encuentren una solución. Tampoco hoy.