El Gobierno valenciano matiza aún más el contrato para inmigrantes

El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha precisado hoy que el proyecto de compromiso de integración tiene un carácter "estrictamente voluntario" y que aquellos inmigrantes que no quieran asumirlo no tendrán "ningún tipo de discriminación". El contrato para inmigrantes fue planteado por la Generalitat valenciana a imagen y semejanza del que propuso Marino Rajoy en la campaña y ha sido contestado por el Gobierno, que ha recordado a la región que no tiene competencias al respecto.

Blasco ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de participar, junto al vicepresidente social, Juan Cotino, y el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, en una jornada con los presidentes de las Mancomunidades, a quienes han explicado las iniciativas del Programa de Prioridades Sociales. "No pasará absolutamente nada a quien no lo firme", ha asegurado el conseller, quien se ha mostrado "convencido de que al final nadie va a oponerse a algo que tiene un carácter voluntario y que lo único que busca es mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes de la Comunitat Valenciana".

Ha explicado que el objetivo de esta propuesta es ofrecer instrumentos "que garanticen la dignidad de los inmigrantes como colectivo más vulnerable" y que encuentren en los poderes públicos "fórmulas para que esta integración se haga desde el respeto a la diversidad cultural y en función de nuestra escala de valores y modelo de convivencia". Según Blasco, este compromiso de integración es una "iniciativa política que el Gobierno de la Generalitat ha puesto en marcha" de acuerdo con las competencias que otorga el "Estatuto de Autonomía y dentro del marco de la Constitución". Sin embargo, el Gobierno no opina lo mismo.

"Somos defensores de los Derechos Humanos"

Se trata, a su juicio, "de una iniciativa que no pretende restringir ningún derecho, sino todo lo contrario: igualar derechos de todos los ciudadanos, sean de donde sean, y dotarles de más y mejores instrumentos para que esta integración se haga en un proceso absolutamente natural". Según Blasco, la persona que no quiera asumir este compromiso de integración "no va a tener ninguna discriminación, como no puede ser de otra forma. Nosotros somos defensores de los Derechos Humanos, de que todas las personas estén en un plano de igualdad".

A su juicio, un 16% de personas inmigrantes o extranjeras, que suponen 732.102 censadas a 1 de enero de 2007, y más de 87.000 en situación irregular en la Comunitat Valenciana "requieren un esfuerzo de los poderes públicos para acercarse a ellos y ofrecerles nuevas fórmulas de integración". "Nos parece que es legitimo que asuman lo que son los valores de la democracia, de nuestro sistema de convivencia, y que conozcan el entorno económico, social, cultural e institucional de la Comunitat Valenciana", ha señalado.

Los inmigrantes, según Blasco, tienen que expresar voluntariamente si quieren seguir un curso de conocimiento básico de valenciano-casellano para facilitarles la integración, y deben saber que están en una autonomía con instituciones de autogobierno, donde cada cuatro años hay elecciones y que tiene unas costumbres y tradiciones.