Hernando planta de nuevo al Congreso para no someterse al "control político"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, ha remitido hoy un escrito al presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, en el que le anuncia "la imposibilidad institucional" de asistir a la comparecencia prevista para mañana ante la Comisión de Justicia, al considerar que detrás de ésta hay una "finalidad de control político". Hernando iba a informar, entre otros asuntos, de sus declaraciones contra el proyecto de reforma del Estatuto catalán.

El día 7, Hernando decidió no acudir al Congreso alegando que con su inasistencia deseaba preservar la independencia judicial. Ahora, el también presidente del Supremo afirma que es "patente" que lo que se pretende con su asistencia ante la citada Comisión parlamentaria es una "justificación política ante la Cámara" que estaría sujeta "a debate y reprobación de cualesquiera declaraciones" que haya podido realizar este presidente a lo largo de tiempo. Hernando también critica, en su escrito de siete folios y que ha sido entregado a Marín en mano esta mañana, la "grave inconcreción de los contenidos de la comparecencia" que le coloca "en la prudencia de rechazarla al objeto de no verse sometido a una función política de control".

La segunda negativa

Éste es el segundo plante de Hernando al Congreso, ya que el 7 de marzo tampoco acudió a la Comisión de Justicia para la que estaba citado y apeló a la independencia del Poder Judicial para negarse a informar sobre la aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo. El grupo parlamentario socialista y el de Ezquerra Republicana pidieron la comparecencia de Hernando, prevista para las 9.30 de mañana, para que explicara sus declaraciones contra el proyecto de Ley de Estatuto de Autonomía de Cataluña, entre ellas unas en las que comparó el catalán con aprender el baile de las sevillanas.

A petición IV-IU-ICV, se le pedía que informara "sobre su gestión al frente de las instituciones que preside y la alarma social que genera el pulso institucional que sostiene con el Poder Legislativo y las instituciones autonómicas". Además, pedían explicaciones sobre dos acuerdos adoptados por el CGPJ el 25 de enero -un estudio que cuestiona la constitucionalidad del proyecto de reforma del Estatuto catalán y un informe en el que emplaza al Congreso a plantear un conflicto de competencias ante el Constitucional si entiende que el órgano de gobierno de los jueces está invadiendo sus atribuciones-. En el escrito, Hernando señala que la práctica ha demostrado que las comparecencias del presidente del CGPJ "son entendidas por los representantes de los partidos como atributivas de puras competencias de control".

Hernando explica que "no existe cauce alguno en el ordenamiento jurídico español que permita exigir comparecencias del presidente del TS y del CGPJ ante el Congreso fuera de la periódica presentación de la Memoria Anual prevista en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Eso se debe a que "el Constituyente ha querido que el Poder Judicial, en su faceta estrictamente jurisdiccional, permaneciera al margen del debate político como garantía de la sujeción 'única' al imperio de la Ley por jueces y magistrados que el artículo 117 de la Constitución establece y garantiza". En este sentido recuerda que "toda independencia efectiva resulta inconciliable con la presencia de sistemas externos de control, y por tanto que el autogobierno de la Justicia tampoco permite, para ser autogobierno efectivo, una fiscalización política de su actuación".

"Ya en mis anteriores comparecencias ante esa misma Cámara con objeto distinto a la presentación de la Memoria expresé mis reparos con respecto al nuevo sistema de relación que de hecho, es decir, sin amparo constitucional o legal en texto alguno se estaba instaurando entre el Poder Judicial y el Legislativo, en concreto con el Congreso de los Diputados", agrega. Además, recuerda que su apelación a la independencia del Poder Judicial para no asistir a la Comisión de Justicia del martes ha sido contestada "con descalificaciones, afirmaciones y expresiones completamente ajenas al debate jurídico nacional".

"Todas esas fáciles descalificaciones evidencian la ausencia del necesario clima de sosiego y de respeto institucionales como para que se produzca una normal comparecencia de colaboración entre este Consejo y la Cámara", señala. Sobre sus declaraciones indica que "el propio encuadramiento de la solicitud evidencia una finalidad de control político y dibuja una presentación sesgada del debate", mientras que también asegura que "en modo alguno puede afirmarse que el TS o el CGPJ pretendan sostener pulso institucional de ninguna clase".