El Supremo decide que su presidente no debe declarar sobre decisiones judiciales

La Sala de Gobierno evita pronunciarse sobre la conveniencia de que acuda al Congreso

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, con el voto a favor de todos sus miembros, consideró ayer "improcedente" que su presidente, Francisco José Hernando, informe, con carácter general, sobre "decisiones jurisdiccionales" en la Comisión de Justicia del Congreso, aunque eludió pronunciarse específicamente sobre la comparecencia prevista para el día 7. Hernando decidirá en los próximos días si acude o no a la cita. El sector minoritario y progresista del Poder Judicial le advirtió de que está obligado a hacerlo, mientras los vocales conservadores lo negaron.

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La Sala de Gobierno del Supremo está presidida por el propio Hernando (también presidente del Consejo General del Poder Judicial) y de ella forman parte los presidentes de sus cinco salas y otros cinco magistrados del alto tribunal elegidos por sufragio. De estos cinco, tres pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), uno a la moderada Francisco de Vitoria y otro a la progresista Jueces para la Democracia.

En su reunión ordinaria de ayer, que duró una media hora, el presidente, fuera del orden del día, pidió a los magistrados que le aconsejaran sobre la conveniencia de dar explicaciones a los diputados sobre la sentencia del alto tribunal que obliga al etarra Henri Parot a cumplir íntegramente 30 años de prisión y que ha cambiando el criterio de cumplimiento de su condena.

Los miembros de la sala acordaron por unanimidad, y como criterio general, que el presidente del Tribunal Supremo no debe declarar ante ninguna institución sobre decisiones judiciales concretas, pero se negaron a pronunciarse sobre la necesidad de que Hernando acudiera al Congreso el próximo día 7 de marzo como está previsto. El acuerdo de la Sala de Gobierno es un acto de carácter oficial y se notificará a la Cámara posiblemente hoy.

La comparecencia de Hernando no sería la primera de un presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. En 1995, Pascual Sala informó a la Cámara sobre la excarcelación del comando Matalaz de ETA.

Algunos de los consejeros de la mayoría conservadora del CGPJ (propuestos por el PP) aconsejaron el pasado martes a Hernando que no compareciera. El vocal Enrique López, perteneciente a ese sector, señaló ayer que el presidente no tiene la obligación de hacerlo "porque la incomparecencia de una autoridad no lleva aparejada ninguna sanción, salvo si se trata de comisiones de investigación".

Obligación constitucional

Los ocho vocales del sector minoritario y progresista del CGPJ hicieron público un comunicado en el que aseguran que Hernando "está obligado" a comparecer en el Parlamento, pero coincidieron con la Sala de Gobierno en que no debe informar sobre las cuestiones de carácter jurisdiccional que pudieran planteársele. "Las resoluciones se explican por sí mismas", subrayó la vocal progresista Monserrat Comas.

Según el comunicado, la obligación de comparecer la establece el artículo 109 de la Constitución, que dice que "las Cámaras y sus comisiones podrán recabar la información y ayuda que precisen del Gobierno y sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas".

Dicho precepto se desarrolla en el artículo 44 del Reglamento del Congreso, que establece que "las comisiones, por conducto del presidente del Congreso, podrán recabar (...) la presencia de autoridades y funcionarios públicos por razón de la materia objeto del debate, a fin de informar en la Comisión".

Los ocho vocales firmantes señalaron que "en la línea apuntada con carácter general en el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno", la limitación de Hernando a su deber de informar afectaría "al contenido de la comparecencia, pero no a su obligación de comparecer" ante los diputados.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, consideró "un absoluto desatino" que Hernando se escude en su condición de presidente del Supremo para no comparecer cuando la colaboración con la Cámara debería ser "un motivo de orgullo y de honor para cualquier ciudadano".

Villarrubia explicó que el PSOE requirió su presencia, no para dar cuenta de la sentencia de Henri Parot, sino para que explicase "cómo se aplica la ley, la jurisprudencia y el Código Penal con carácter general". "Estaba prevista una comparecencia absolutamente pacífica, leal y pedagógica para que enviase un mensaje de tranquilidad sobre la aplicación de la ley en el Estado de derecho", aseguró el diputado.

El portavoz socialista añadió que si Hernando no comparece denotaría la actitud de una persona "que está incapacitada para ostentar tan alta representación" y si no colabora con la Cámara será "para no enturbiar la campaña del PP y de aquéllos que le sirven". Villarrubia insistió en que si no acude a la Cámara "demostrará estar al servicio del PP y no de la Justicia".

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 02 de marzo de 2006.

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