Los grupos acusan de rebeldía al presidente del Supremo por no acudir al Congreso

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, rechazó ayer comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso para informar de la aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo, con el pretexto de que no está obligado a hacerlo y de que debe preservar la independencia judicial. Es la primera ocasión en que un presidente del Poder Judicial rechaza un llamamiento del Legislativo. Su actitud fue interpretada como un "gesto de desprecio" y "rebeldía" por los portavoces de los grupos parlamentarios, a excepción del PP.

Los grupos parlamentarios del PSOE, IU-ICV, CiU, ERC y PNV censuraron sin paliativos la incomparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, quien apenas una hora antes de la convocatoria comunicó su decisión final de no presentarse ante la Comisión de Justicia, pese a haber recibido garantías por escrito de que se trataba de una "mera colaboración entre poderes del Estado" y que la comparecencia no implicaba, "en ningún caso, control político o fiscalización de los tribunales".

Hernando mantuvo el suspense hasta última hora, después de reunirse con vocales del sector conservador y pese a haber comunicado a los del sector progresista y al independiente Agustín Azparren que se lo pensaría. Finalmente, el portavoz del Consejo, Enrique López, erigido ayer en portavoz del presidente, compareció ante los medios para dar cuenta de la decisión de Hernando: dirigir una carta al presidente del Congreso en la que comunicaba su "imposibilidad" de asistir a la comparecencia.

Los vocales del sector progresista del Consejo del Poder Judicial expresaron de inmediato "su más absoluto rechazo" a la decisión de Hernando, en lo que consideró como "un flagrante incumplimiento" del deber constitucional de información y ayuda que impone a cualquier autoridad del Estado el artículo 109 de la Constitución.

El presidente del Tribunal Supremo afirma en su carta al presidente de la Cámara que "no se ha articulado cauce alguno" para exigir su comparecencia en el Congreso, "fuera de la periódica presentación de la Memoria anual" del CGPJ. El presidente del Supremo aduce después que el principio de "leal colaboración institucional" en modo alguno establece "un deber de comparecencia parlamentaria", sino sólo de "información y ayuda", que Hernando dice estar dispuesto a prestar "con la máxima celeridad y diligencia en cuanto le sean solicitados". Por último, alega la imposibilidad de ir a la Cámara para preservar la "división de poderes" y la "independencia judicial". En el Congreso, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Álvaro Cuesta, dio lectura a la carta y levantó la sesión. El portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, declaró que se trata de un "gesto de desprecio que no tiene precedentes", de "una provocación que debe tener una respuesta democrática adecuada", y reiteró que Hernando sigue siendo "un ariete del PP".

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, calificó de "desacato" y "rebeldía" la actitud de Hernando. Jordi Jané, de CiU, lamentó la "crisis institucional" por el "plante" del presidente del Supremo, y Margarita Uría, del PNV, reprochó igualmente a Hernando el "desaire institucional" y una "cierta incapacidad" para marcar los límites de la comparecencia. Agustí Cerdá, de ERC, le instó a "colaborar con los demás poderes, sin inmiscuirse en sus funciones". Por el contrario, el portavoz del Grupo Popular, Ignacio Astarloa, señaló que no se tenía que haber citado a Hernando porque esa comparecencia era contraria "a la Constitución y a la ley".

Los portavoces de los grupos, excepto el PP, se reunirán en los próximos días para dar alguna respuesta que repruebe la falta de colaboración de Hernando. En ese sentido, recordaron que en 1995 el PP solicitó una comparecencia similar del entonces presidente Pascual Sala, en la que el residente del Congreso Federico Trillo (PP), dijo que todos los poderes, incluido el CGPJ, son "responsables", Hernando está citado también el próximo día 15 para explicar sus declaraciones sobre el aprendizaje del catalán y las sevillanas, pero su portavoz no desveló ayer si comparecerá.