Greenpeace pide a Bruselas que expediente a España por alejar el 'Prestige' de la costa
La organización ecologista considera que el Gobierno incumplió la directiva comunitaria sobre residuos
Greenpeace ha enviado un escrito a la Comisión Europea en la que solicita que considere la apertura de un expediente de queja por la vulneración de España de la directiva relativa a los residuos, por el alejamiento del Prestige de la costa.
"El comportamiento del Gobierno español ha desencadenado una catástrofe social y medioambiental sin precedentes, además las decisiones que se tomaron no respetaron la legislación comunitaria y por eso ahora tiene que responder ante la Comisión Europea", ha declarado Juan López de Uralde, Director Ejecutivo de Greenpeace España. Esta organización ecologista afirma en un comunicado que la Directiva de Residuos contiene una serie de requerimientos legales aplicables en el caso de la operación de salvamento del buque Prestige, que fueron incumplidos por el Gobierno español.
Según la interpretación de esta directiva que hace Greenpeace, el fuel que transportaba el Prestige es considerado residuo desde el momento en que se empieza a producir un vertido al mar, y por lo tanto, tal como exige esta legislación comunitaria, el Estado miembro responsable debía asegurar que se gestionaba sin poner en riesgo la salud del hombre y sin perjudicar al medio ambiente.
El 13 de Noviembre de 2002, el buque Prestige se encontraba cerca de la costa de Galicia. En consecuencia, Greenpeace afirma que, dado que el vertido de residuos estaba teniendo lugar en aguas de jurisdicción española, es evidente que España era el Estado responsable de que los residuos fueran gestionados de una forma segura y adecuada.
Alejamiento del buque
Asimismo, Greenpeace opina que el Gobierno español no tomó las medidas adecuadas para evitar el vertido del fuel al mar. El Gobierno ordenó el alejamiento del buque y le negó el amparo a pesar de conocer que las condiciones climatológicas adversas eran inadecuadas para llevar a cabo las labores de salvamento. De esta forma, el Gobierno impidió que el fuel se gestionase según los requerimientos legales marcados en la Directiva de Residuos, concluye la argumentación de la organización ecologista ante la UE.
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