Se levanta la prohibición de mariscar en una de las zonas afectadas por el vertido del 'Prestige'
La mayoría de las cofradías de pescadores considera prematura la decisión y no ha salido a faenar
A partir de hoy se puede mariscar en la zona comprendida entre la desembocadura del río Miño, en el pueblo de A Guarda (Pontevedra), y el municipio coruñés de Muros, según ha informado el Ejecutivo gallego. De cualquier manera, se mantiene la prohibición de recoger percebes, erizos de mar, navajas y algas. Sólo seis cofradías, de las 27 afectadas por el levantamiento de la prohibición, han salido a faenar.
Tres cofradías de la ría de Arosa y otras tres de la de Pontevedra han reanudado esta mañana el marisqueo tras dos meses de prohibición por culpa del vertido del Prestige. El resto de pescadores no ha vuelto a la actividad. Los mariscadores opinan que es demasiado pronto, bien porque creen que todavía no se dan todas las garantías de seguridad o bien por razones de mercado. "Aunque el sector quisiese salir al mar no tenemos ni dónde hacer la venta", ha señalado el patrón mayor de Aguiño, Andrés Monteagudo.
La apertura de esta zona del litoral obedece a los resultados positivos obtenidos de los análisis, que garantizan la absoluta seguridad de los productos marisqueros, según el Ejecutivo gallego. El levantamiento de la prohibición forma parte de las negociaciones que los responsables de la Consejería de Pesca han mantenido con representantes del sector. No obstante, se mantiene la prohibición de recoger percebes, erizos de mar, navajas y algas.
La mitad de las ayudas
Los mariscadores que vuelvan a realizar su actividad seguirán recibiendo ayudas por parte de la Xunta de Galicia, con el objetivo de compensar la falta de ingresos que han sufrido. Los tripulantes y mariscadores de las zonas en las que se autoriza la actividad percibirán una ayuda de 600 euros durante el mes de febrero, lo que representa el 50% de lo que percibieron mientras duró la prohibición.
Para los armadores, las ayudas también se mantendrán durante un período de quince días. Las ayudas serán compatibles con los ingresos derivados de su práctica laboral. La consejería aplica esta fórmula con el propósito de mantener la protección de los trabajadores durante el proceso de normalización de las actividades, para evitar posibles incrementos en el precio de los productos.
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