Castells quita en su ley la prueba de acceso a la universidad para extranjeros prevista por Celaá

En una nueva versión del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que llegará otra vez a finales de mes al Consejo de Ministros, el Ministerio de Universidades estipula que el Gobierno “establecerá una normativa básica” con el fin de que cada campus diseñe para los estudiantes extracomunitarios que quieran ingresar en sus carreras su propia prueba “de conocimientos o de competencias al objeto valorar el nivel de madurez”. Se trata de alumnos de países con los que España no tiene ningún acuerdo de homologación automática, fundamentalmente jóvenes que han estudiado el bachillerato en Latinoamérica, aunque el proyecto afecta también a los españoles que han cursado la etapa en Estados Unidos o Canadá. El Ministerio de Educación dice que la discusión sobre el cambio sigue abierta. Una portavoz asegura que la medida “está en análisis, no se ha dicho la última palabra”.

De esta forma, se da marcha atrás a la fórmula de la exministra de Educación Isabel Celaá, recogida en la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), de diciembre de 2020, que fija una prueba común “cuya estructura y calificación será establecida por el Gobierno teniendo en cuenta las características de este alumnado”. Los detalles de este examen, concebido para salvaguardar la calidad del sistema e igualar el acceso entre todos los candidatos, aún no se habían dado a conocer.

Las universidades españolas ―pese a sus 1,3 millones de estudiantes― apenas acogen a 152.000 alumnos extranjeros (la mitad de ellos en las privadas, pese a que son 40 de las 90 totales) y concentrados en posgrados y doctorados. En sus alegaciones a la LOSU, los rectores, que son contrarios a la nueva prueba, propusieron al ministerio una criba de madurez de la que quedarán exentos los extracomunitarios que hayan aprobado “pruebas estandarizadas internacionales de prestigio y rigor académico contrastable”. Esa misma frase se recoge en la nueva versión de la LOSU a la que ha accedido este periódico.

En el curso 2019-2020 estudiaron el grado en España 72.000 universitarios extranjeros, de los que 40.000 no eran de la Unión Europea. El examen previsto en la Lomloe hace 10 meses sorprendió y molestó al departamento de Universidades. Ahora, este ministerio pretende quitar esta prueba de acceso tan discutida y dejar a las instituciones que sigan haciendo su selección como mejor les parezca, pero eso significa cambiar la Lomloe. En la actualidad, parte de los campus se conforman con que el candidato tenga el título de bachillerato homologado.

En 2014 el ministro José Ignacio Wert (PP) anuló la selectividad para extranjeros, y la comunidad universitaria ve ahora la prueba de la Lomloe como un retroceso. Wert consideraba esta criba “una anomalía en el panorama internacional” y “el mayor obstáculo para ampliar fronteras”. La Universidad Nacional a Distancia (UNED) diseñaba esta prueba que no difería en mucho a la de los bachilleres en España.

En otros países europeos se dan muchas facilidades administrativas para que ingresen los extracomunitarios, una fuente de ingresos enorme. No solo por su inversión en la estancia en España, sino porque abonan por la matrícula en un campus público mucho más que un ciudadano español o de la Unión Europea. Suponen un respiro para las arcas de las universidades que han visto como sus presupuestos menguaban de 10.500 millones en 2009 a 9.800 millones en 2019.

Aunque las tasas de internacionalización en España son muy bajas ―y eso lastra a sus campus en los rankings internacionales― sí que se observaba un crecimiento en el número de estudiantes extranjeros que la pandemia ha paralizado. En el curso 2015-2016 hubo 54.000 foráneos estudiando el grado en el país (30.000 de ellos extracomunitarios), frente a los 72.000 de cuatro años después.

La prueba estandarizada de Celaá perjudica especialmente a las universidades privadas, que son las que proporcionalmente más estudiantes foráneos reciben. En cuatro años han doblado sus estudiantes de grado: de 12.000 a 24.000 (10.000 de ellos extracomunitarios).

A Rosa Visiedo, rectora de la privada Universidad San Pablo CEU, le parece “una buena medida la supresión de la prueba de acceso para estudiantes internacionales, así como cualquier otra que contribuya a flexibilizar la captación de talento docente e investigador internacional”. Porque cree que las universidades españolas deben ser “más ágiles y flexibles en las estrategias de internacionalización para poder competir en igualdad de condiciones con otros sistemas universitarios”. Entre las tres instituciones del CEU suman 1.400 estudiantes de grado extracomunitarios, de un total de 3.500 extranjeros, que casi suponen un tercio de sus alumnos totales. La comunidad de Taiwán que estudia en inglés Odontología en Valencia, por ejemplo, no para de crecer.

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