Madrid como modelo de educación para el PP

El Gobierno ha presentado ―pendiente de aprobación― un proyecto de reforma del modelo de financiación autonómica y ahora estamos en el momento del debate y la opinión informada. El nuevo modelo ―que solo afecta a las comunidades autónomas del régimen común, es decir, todas menos Navarra y País Vasco― incrementa la capacidad tributaria al subir los porcentajes del IRPF e IVA cuya gestión se cede a las comunidades autónomas; y se desagregan ―para actualizarlos― los porcentajes referidos a educación y servicios sociales que se utilizan para calcular la población ajustada de cada comunidad. Junto a esto, el modelo se adapta a las nuevas realidades al incluir un fondo para hacer frente al desafío del cambio climático e incluye nuevos mecanismos de nivelación a fin de avanzar en la reducción de las diferencias territoriales en financiación por habitante.

Esto es lo que el nuevo modelo de reforma plantea para el futuro…. pero, ¿qué ha sucedido en estos últimos años, desde 2018, en las diferencias entre comunidades autónomas tanto en PIB per cápita como en renta neta media por persona? Ambos indicadores, calculados por el INE, son relevantes en tanto que, entre PIB y renta neta disponible, median los impuestos y las cotizaciones sociales y otras transferencias. Es decir, en el indicador de renta neta disponible se ve ya reflejado el efecto más relevante del gasto público: el de los impuestos y de las cotizaciones sociales, aportados con progresividad fiscal. Los pagan las personas, pero podemos ver su repercusión por comunidades autónomas y es esta: las diferencias, por comunidades autónomas, entre PIB per cápita y renta neta media por persona se han reducido, entre 2018 y 2024, de manera importante y además esa reducción se ha producido en un contexto de crecimiento económico, de incremento de la cuantía de la renta.

En concreto, en 2018, la renta neta media por persona en la comunidad ―de régimen común― que la tenía más alta era un 56,2% superior a esta renta en la comunidad menor renta; pero en 2024 esa diferencia se queda en 41,7%, 15,2 puntos porcentuales de diferencia, o lo que es lo mismo, esa diferencia se ha reducido en un 27%.

Parece lógico valorar las nuevas propuestas por los efectos de las anteriores y no tanto por prejuicios o augurios. El gasto autonómico se destina fundamentalmente a financiar los derechos sociales y los recursos destinados a gasto público sanitario y educativo que suponen la mayoría del presupuesto autonómico. En educación, las diferencias entre comunidades autónomas se han reducido de manera importante y a ello ha colaborado decisivamente los fondos finalistas aportando por el Gobierno central a las comunidades autónomas: a través de los Programas de Cooperación Territorial y de impulso de la Formación Profesional, a los que hay que añadir los destinados a los llamados “grupos burbuja” en la pandemia por Covid19. Fondos que, en todos los casos, se han repartido con un criterio compensador de las diferencias y con el acuerdo con las comunidades autónomas.

Este es el sustento de la nueva propuesta de financiación. Pero no creamos que este proceso de convergencia en educación es inevitable, que se ha producido siempre y no corre peligro. Los gobiernos conservadores han suprimido estos fondos en el pasado y, dentro de las comunidades autónomas en las que gobiernan, no siguen criterios compensadores para asignar los recursos del presupuesto de educación: la excelencia, cheques para financiar la elección de plaza, subvenciones a empresas... son sus prioridades. Debatamos sobre financiación territorial, pero con datos y mirando lo hecho.

Así, en la Comunidad de Madrid, en 2018 el gasto público educativo no universitario ―restado lo dedicado a conciertos y subvenciones, es decir: mayoritariamente lo destinado a centros públicos― no alcanzaba, en euros corrientes, la cifra de 2009; se superó esa cifra en 2020, gracias a los fondos del Ministerio para los grupos burbuja. Por el contrario, lo destinado a conciertos y subvenciones nunca descendió desde 2009 y ambas redes tenían incrementos similares de alumnado (más de 100.000 en el caso de los centros públicos).

La desigualdad que se busca y pronostica en la propuesta de financiación del Gobierno aparece destacada, en el Presupuesto de Educación madrileño, y se manifiesta en el fuerte crecimiento de unos cheques-copago (eufemísticamente llamadas becas) a familias de cuatro miembros y más de 144.000 euros de renta al año para cursar etapas postobligatorias; en un crecimiento de la tasa de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil que, en la mayoría de los distritos de la ciudad de Madrid con baja renta, está por debajo de la media, y ello que esas plazas se crean con fondos del ministerio; en unas ayudas al comedor escolar que no suponen la gratuidad ni siquiera para los niños de familias en situación de carencia material y social severa; en la tasa de 400 euros que penaliza al alumnado de FP de Grado Superior en centros públicos; en unas inversiones en centros públicos que todavía no han alcanzado, en euros corrientes, los niveles de 2009; etc, penalizando todo ello al alumnado y familias de las DAT (direcciones de área territorial) o distritos de la ciudad de Madrid con menor renta, en donde la enseñanza pública tiene mayor presencia.

Se exige una igualdad contradictoria con la autonomía territorial, pero se lleva a cabo una desigualdad que vulnera la equidad en las condiciones en las que se ejerce el derecho a la educación.