El Gobierno acelera la tramitación de la bajada de ratio de alumnos en todas las etapas educativas
Los colegios que por su estructura no puedan crear nuevos grupos recibirán de todas formas el aumento de profesorado que les correspondería


La negociación para reducir las ratios de estudiantes por clase continúa. El Ministerio de Educación ha planteado este jueves una nueva propuesta a los sindicatos de enseñanza que contiene dos cambios principales respecto a la que les formuló la semana pasada. El primero consiste en acelerar el trámite para que el tamaño de los grupos bajen en todas las etapas educativas. Y el segundo, el compromiso de que aquellos centros educativos que debido a su estructura no puedan crear grupos adicionales (por ejemplo, por ser pequeños y contar con una sola línea), recibirán de todas formas el aumento de profesorado adicional que les correspondería si no tuvieran dicho impedimento.
Es decir, que aunque no puedan crear una clase adicional, sí podrían aplicar otras fórmulas para reducir las ratios, como la codocencia (dos docentes juntos en clase).
El Gobierno se compromete en el nuevo borrador de proyecto de ley a aprobar en el plazo de seis meses (en lugar de en el plazo de un año como preveía inicialmente), desde la entrada en vigor de la ley que establecerá la bajada de ratios en primaria (de 25 a 22 chavales por clase) y en la ESO (de 30 a 25), el decreto que concretará los descensos en el resto de etapas educativas, de infantil a bachillerato. El Gobierno espera poder aprobar dicha ley antes de que concluya el actual curso escolar.
El calendario de implantación de la bajada de ratio, sin embargo, no varía respecto a la propuesta anterior. El descenso en el segundo ciclo de infantil y en primaria empezará a aplicarse por los niveles más bajos en septiembre de 2027; en la ESO, en septiembre de 2028, y en bachillerato, al comienzo del curso 2029-2030. La implantación será progresiva en cada etapa, pero tendrá que haberse completado en septiembre de 2031. El alumnado con necesidades educativas especiales (discapacidad o autismo) empezará a contar doble a efecto de ratio a partir del curso que viene (2026-2027).
El calendario reducirá el impacto económico inmediato de la medida, que asumirán las comunidades autónomas, y se verá facilitado por el descenso natural del alumnado debido a la caída de la natalidad.
El decreto, que deberá aprobarse a los seis meses de que entre en vigor la ley, también establecerá los “indicadores de referencia” para determinar qué centros educativos recibirán un tratamiento especial. Este podrá concretarse tanto en una reducción específica de las ratios máximas, como en un aumento de los medios personales y materiales. Estos centros serán seleccionados por motivo de “escolarizar a un elevado número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, por estar ubicados en zonas de especial complejidad social o para mejorar las tasas de éxito, promoción, titulación y reducir las de abandono escolar”.
Más apoyos especializados
El ministerio también se compromete a regular “las condiciones mínimas de dotación de apoyos especializados que promuevan una educación inclusiva en todos los centros educativos que responda a la diversidad del alumnado en cuanto a intereses, capacidades y necesidades”. Esta fórmula, reclamada por los sindicatos, anticipa una normativa estatal que establezca un mínimo de personal especializado en función del alumnado con necesidad de apoyo educativo (como dislexia, TDAH o desconocimiento del idioma del aula) que haya en un colegio o instituto.
El próximo encuentro entre el ministerio y los sindicatos tendrá ya un carácter más formal (mesa sectorial) en lugar de un formato de grupo de trabajo como hasta ahora. CC OO espera poder conseguir mejoras en dicha fase negociadora final. STES ha lamentado que el borrador no contemple cambios en el primer ciclo de infantil. UGT ha reclamado que la bajada de ratios sea más intensa. Y CSIF ha pedido abordar rápidamente otros apartados de la reforma del profesorado, como el de la carrera profesional.
La intención del Ministerio de Educación es aprobar el anteproyecto de ley en Consejo de Ministros antes de que acabe el año, de modo que las primeras medidas previstas ―como la reducción de las horas lectivas del profesorado y el hecho de que el alumnado con necesidades educativas especiales cuente doble a efectos de ratio― puedan entrar en vigor en septiembre de 2026.
Para que la ley sea aprobada, el Gobierno tendrá que reunir los apoyos necesarios en el Congreso.
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