Baleares aplica una fórmula exprés para que el CEU se instale en Mallorca antes de que el Gobierno endurezca los requisitos universitarios

Crear un centro universitario en España es un peregrinar burocrático que lleva más de un año, pero la Universidad San Pablo CEU lo ha lograrlo en seis meses. El Govern balear (PP) ha aplicado una fórmula exprés, y de esta forma se salta los nuevos requisitos de calidad que el Consejo de Ministros aprobará el martes. Cuando el BOE publique el miércoles la modificación del decreto de creación de universidades (2021), para abrir un centro adscrito habrá que aprobar un informe de los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que deben de ratificar los gobiernos autonómicos. Ahora basta que esté conforme con la propuesta la región en la que se quiere implantar.

El proyecto ha sido impulsado como Proyecto de Especial Interés Estratégico (PEIE) a través de un decreto ley que fue autorizado en el Consejo de Gobierno, pero que finalmente no ha sido aprobado el pasado martes en el Parlament, porque el PP no ha aceptado las contraprestaciones de Vox, entre ellas rebajar las horas de catalán en las aulas.

“Al CEU se le han otorgado privilegios administrativos, urbanísticos y políticos sin precedentes pese a decaer el decreto ley”, se queja Carles Bona Casas, diputado socialista, que ha solicitado las actas de los encuentros entre las administraciones y el CEU. “Porque el acto de la recalificación urbanística [que se resolvió en nueve días] ya es firme”.

Los tempos son inusuales para este tipo de procedimiento. El 25 de marzo la Universidad CEU San Pablo, de la Asociación Católica de Propagandistas, solicitó la adscripción. Apenas seis días después, el 31 de marzo, el presidente Pedro Sánchez anunciaba su plan para frenar lo que llamó “universidades chiringuito”. El CEU, que no lo es, conocía bien los cambios porque los rectores han estado implicados en su redacción durante más de un año.

La Consejería de Educación niega haber acelerado el proceso: “Cuando se aprobó el centro estaba aún muy lejos de finalizar los trámites para la publicación de la modificación del decreto, que no ha llegado”. E insiste en que no ha autorizado todavía la implantación de los estudios que CEU San Pablo, que tendrá que aprobar la agencia de evaluación ANECA.

El CEU afirma no haberse dado prisa en la tramitación. Mallorca ya estaba en los planes de expansión de 2023. Tiene universidades independientes en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, y aspira a tener una a distancia en Jerez de los Caballeros (Badajoz). Tampoco creen que hubiesen tenido problemas en aprobar el examen de los técnicos del ministerio.

Un mes después de la solicitud, en festivo, 1 de mayo, se firmó un convenio entre San Pablo CEU y la Fundación CEU Luis Belda y al día siguiente se inscribió en el registro de fundaciones. En tres días se emitieron los informes técnicos de Educación y Economía. Con estos dictámenes preceptivos a favor, el Consejo de Gobierno autorizó el 9 de mayo la adscripción. Impartirá Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Odontología y Farmacia. Su previsión es alcanzar los 2.000 alumnos y abrir algunos grados ya el curso que viene.

El 8 de julio el San Pablo CEU anunció a los medios que había comprado un edificio en Mallorca. Aunque no contaba aún con la recalificación del terreno ―de uso recreativo, era un espacio de ocio, a educativo― ya mostró los planos de su reforma, que costará 40 millones de euros. Se destinarán a laboratorios, una clínica odontológica o un centro de simulación clínica.

El 16 de septiembre la fundación solicitó ser declarada PEIE (Proyectos de Especial Interés Estratégico) y lo logró. Ese decreto ley ha sido tumbado por Vox, pero los beneficios ya se le habían aplicado en la recalificación exprés, rematada el 25 de septiembre. “¿Por qué conocían todos los requisitos? Creo que hay una connivencia, hablamos de información privilegiada", prosigue el parlamentario.

“Las condiciones del nuevo decreto ley son similares en muchos aspectos al decreto anterior. La novedad es que se permite incluir proyectos de equipamientos universitarios o de investigación privados”, contestó Educación a este periódico antes de que Vox frustrase los planes del Govern. “Con lo cual, no sorprende que la CEU San Pablo en una semana pudiera tener la documentación preparada”.

La fundación Belda tiene su sede social en el edificio en el que la Consejería de Salud dispone de unas oficinas alquiladas. Este departamento es el encargado de autorizar las prácticas en hospitales. Ello puede ser un punto de litigio con la Universidad de Islas Baleares (UIB), pública, que se queja de la falta de espacios y personal para que se ejerciten todos sus estudiantes.

Prácticas sanitarias

“¿Qué va a pasar con las prácticas en ambulatorio? Porque no hay centros privados“, se plantea Bona Casas. Según Educación, Salud se ha asegurado de que los estudiantes de la UIB tengan preferencia para hacer las prácticas en los ambulatorios. Las prácticas de hospital del CEU, sin embargo, sostiene que serán siempre en centros privados.

Y en medio de esta ecuación se encuentra ADEMA, un centro adscrito de la UIB que va a depender de la Isabel I (privada), porque la pública se niega a que imparta Medicina. Anunció que lo haría antes que el CEU, pero su futuro se desconoce. Su idea inicial era convertirse en la Universidad de Mallorca, pero el informe de los técnicos del ministerio deja el proyecto muy tocado, aunque la última palabra la tiene el Govern. “No acredita documentalmente la solvencia financiera”, aseguran, o remarcan que las infraestructuras para investigación son “manifiestamente insuficientes”. En su descargo, ADEMA dice que el ministerio no miró los anexos de la documentación.