Más universidad pública: combinar calidad y cantidad con la financiación necesaria

La asfixia económica en que están sumidas las universidades públicas madrileñas ha reactivado un debate y una movilización pendientes desde tiempo atrás, sobre todo, desde que la crisis financiera se acompañara de importantes recortes, cuyo impacto aún no se ha superado. En este contexto cobra un doble valor la conclusión a la que llega Carles Ramió en su libro La privatización de la universidad, quien afirma que la historia de nuestras instituciones universitarias públicas, y muy señaladamente de las madrileñas, es una historia de éxito. Lo que no evita que estén envueltas hoy en lo que este autor denomina una “gran paradoja”, por la coexistencia de su esplendor y la amenaza de su decadencia. ¿Cabe pensar que esta historia de éxito ha alcanzado su techo?

Se ha aludido así a la tendencia al decrecimiento del estudiantado universitario como consecuencia de la bajada de la natalidad, lo que parece oponerse al aumento del conjunto de la matrícula universitaria, que el último informe de CRUE relaciona con la mayor deseabilidad de estos estudios. Se ha mencionado también la reorientación de las preferencias de un sector de las familias españolas, interesadas en los centros privados para reforzar el capital social de sus hijos y sus opciones laborales futuras, lo que contrasta con las largas listas de espera que siguen generando los centros públicos en determinadas titulaciones, o con la carencia de oferta privada cuando se trata de estudios en los que, pese a su interés social, científico o humanístico, o incluso su elevada empleabilidad, como sucede con algunas ingenierías, no hay suficiente mercado, no existe una alta demanda. Se ha recordado que las elevadas notas de acceso de múltiples titulaciones públicas estarían dejando fuera de las aulas a potenciales estudiantes, pero se ha señalado menos el gran incremento en el número de estas últimas y el esfuerzo realizado por las universidades públicas para superar la masificación de décadas previas y reforzar la calidad de su enseñanza, pese al recorte presupuestario antes citado.

Parece claro que el interés social avalaría el aumento de las plazas universitarias públicas para acercarlas a su demanda potencial y facilitar la incorporación de sectores sociales crecientes, evitando la sobrerrepresentación de los grupos más favorecidos. Sobre todo, en los estudios en los que existe, además, una fuerte necesidad de profesionales y la oferta privada alcanza precios inaccesibles para la mayor parte de la población ¿Pero cómo y hasta qué limite?.

Una primera respuesta es que resulta imperativo realizar un estudio preciso acerca de las medidas a implementar en este terreno. Y es que tanto las plazas universitarias requeridas como las poblaciones a las que se destina, las necesidades sociales y los compromisos públicos deben considerarse teniendo en cuenta sus perfiles concretos, por ejemplo, según titulaciones o modalidades de enseñanza. Lo que también sucede con su localización, ya que el actual crecimiento incontrolado de los precios de la vivienda dificulta la movilidad geográfica de los colectivos sin apoyos familiares suficientes. Dicho en otros términos, conviene estudiar su oferta de de manera situada y localizada, porque el territorio concreto y el entorno social importan.

Hay que ofrecer una mayor cantidad de plazas universitarias públicas sin disminuir la calidad

Se ha de tener en cuenta también el impacto de las migraciones, más presentes en determinadas ciudades y compuestas por personas que pueden estar interesadas en reforzar su formación universitaria. O, en fin, se debe evaluar, asimismo, la posible conveniencia de dotar a otras zonas de España menos dinámicas de campus o centros universitarios con titulaciones y clústeres de innovación e investigación relacionados con su reactivación socioeconómica y cultural.

Cabe adelantar, no obstante, que una solución adecuada a la elevada demanda social insatisfecha, particularmente señalada en titulaciones de grado como Medicina, o de máster, como, sobre todo, las requeridas para el ejercicio de determinadas profesiones, consiste en ofrecer una mayor cantidad de plazas universitarias públicas, de acuerdo con la regulación vigente, sin disminuir la calidad lograda. Lo que requiere contar con la financiación necesaria. Este objetivo puede llevarse a cabo con muy diferentes fórmulas, vinculadas a la creación de nuevas facultades, campus y hasta universidades, pero siempre con los recursos y soportes necesarios.

Dicho en otras palabras, la cuestión no radica sólo en el crecimiento de la oferta privada sino sobre todo en el respaldo y adecuación de las plazas públicas. Y es que la brecha entre los retos en este terreno y los medios disponibles se percibe en distintas enseñanzas, lo que no debe extrañar si tenemos en cuenta, entre otros aspectos, el aumento de la población española, ligeramente superior a los 49 millones de personas frente a los menos de 41 de finales del siglo pasado. Crecimiento que ha tenido lugar, sobre todo, en grandes espacios de concentración, como Madrid, mientras que la última universidad pública se abrió en Cartagena en 1998.

La educación pública, incluyendo la universitaria, es un derecho. Y resulta posible y deseable compaginar la atención a la calidad con la apertura de un número de plazas que responda más adecuadamente a las necesidades sociales y también a las preferencias personales, dotando a la universidad pública del respaldo financiero que su esplendor requiere. Lo que no excluye que haya que seguir superando las múltiples deficiencias que subsisten.

La historia de éxito de la universidad española, y, singularmente, de la madrileña, debe continuar. Este éxito colectivo, tan trabajado, productivo y fructífero, así lo merece. Hace falta más, no menos universidad pública, eso sí, con los medios requeridos. Madrid y la sociedad española también lo necesitan.