Los rectores catalanes: “Llevamos 15 años de financiación injusta e insuficiente”

El sistema universitario catalán es un modelo observado con deseo por otras comunidades que tratan de copiar su sistema basado en una financiación basal y otra por objetivos. Copa los ránquines en España y se cuela en posiciones más que dignas en los internacionales. Sus fortalezas: la cohesión de políticas entre campus públicos y privados, una fuerte apuesta por la internacionalización y la investigación y los programas de captación de talento. Pero las universidades catalanas tienen por delante retos importantes: la recuperación y replanteamiento de la financiación ―han perdido cerca de 400 millones para inversiones desde los recortes, según sus cálculos en 2023―, la ola de jubilaciones de los próximos años o gestionar el descenso de alumnos que se prevé en poco tiempo. Para reflexionar sobre las asignaturas pendientes, EL PAÍS y la Cadena SER han reunido a los cuatro rectores de las universidades del área de Barcelona, las más potentes. Y estas son sus reflexiones.

Financiación: cuánta y cómo

El volumen de inversión y cómo se reparte es una de las reivindicaciones más repetidas por los rectores universitarios. Los campus todavía están sufriendo las consecuencias de los recortes. “Llevamos 15 años de financiación injusta e insuficiente. Y ello ha producido un envejecimiento de las infraestructuras, y hay ámbitos en que si los equipos no están al día, no podemos captar talento y nosotros queremos jugar en primera división, no en tercera”, apunta Javier Lafuente, rector de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

La segunda gran consecuencia ha sido la gran precarización del personal. Según datos de un informe reciente de la Fundación CyD, entre 2013 y 2023 el PDI funcionario (catedráticos y profesores titulares) disminuyó casi un 12%, mientras que el contratado aumentó casi un 37%. “No conozco un sector que haya llegado a un nivel del 40% o 50% de precariedad de la plantilla, solo las universidades. Pero nosotros, como los hospitales, vendemos neuronas. La calidad de un hospital y de una universidad es el personal que tiene, y durante muchos años no hemos podido contratar personal fijo y hemos tenido personal a tiempo parcial y con sueldos bajos. Y a veces es difícil lograr gente que quiera venir a trabajar por un sueldo realmente muy bajo”, tercia Daniel Crespo, rector de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

Ahora, con la recuperación económica tras la crisis y la pandemia, vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de recuperar el nivel de antes de la recesión. Por un lado, las siete universidades públicas catalanas firmaron en abril la Declaración de Calonge, en la que exigían 1.400 millones de euros de financiación basal en los nuevos presupuestos (ahora es de 1.000) y llegar al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de inversión en universidades en 2030; en este último punto ya se ha comprometido el presidente catalán, Salvador Illa. La inversión media en Europa es del 1,2% del PIB y la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, aprobada en 2023) fuerza a llegar al 1% en España en 2030.

Pero más allá de la cantidad, los rectores barceloneses piden cambiar el modelo, siguiendo la LOSU, para que las universidades dejen de recibir dinero según el número de alumnos matriculados para tener en cuenta dos elementos más: el cumplimiento de objetivos y la singularidad de cada universidad. “No es lo mismo tener un bosque, como tiene la Autónoma, o la UPC, con nueve campus distribuidos por el territorio. Tenemos necesidades diferentes, pero ello no debe generar problemas, es como tener hijos y que a cada uno le das según sus necesidades. Eso no significa que los trates diferente, es la diferencia entre igualdad y equidad”, abunda Crespo. A cambio, los campus se comprometen a rendir cuentas. “No queremos un cheque en blanco, queremos unos objetivos claros y unos resultados medibles, necesitamos unas reglas de juego conocidas y compartidas entre las universidades y el Govern”, añade Lafuente.

Oleada de jubilaciones

Otro de los grandes quebraderos de cabeza de las universidades es el envejecimiento de la plantilla. Y el problema no es menor: uno de cada tres profesores y de cada trabajador de administración y servicios se jubilará durante los próximos 10 años. Para compensar este vaciado masivo de los departamentos y dar estabilidad a la gran plantilla temporal y precaria, el Govern creó en 2023 un plan de choque de tres años dotado con 820 plazas de profesorado a tiempo completo. A este plan se le suma el Programa María Goyri, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que prevé contratar 1.168 nuevos docentes en Cataluña. El Estado central y la Generalitat sufragan los sueldos durante seis años y luego esta última se hará cargo de todos los salarios hasta que estos investigadores se jubilen.

Las universidades no podemos incorporar tanta gente y tan deprisa

No obstante, y por extraño que parezca, los rectores recelan de estas iniciativas. “Si has generado un problema durante 10 años, no es buena idea pensar que lo puedes resolver en un año. Las universidades no podemos incorporar tanta gente y tan deprisa, es mejor hacerlo de forma progresiva”, asevera Crespo. “Se están haciendo las cosas a bandazos. Y el plan del ministerio es otro bandazo, que obliga a digerir de contrataciones en muy poco tiempo”, cuestiona el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Guàrdia, quien tira de metáfora para ejemplificar que, pese a las reticencias de los rectores, no pueden decir que no. “Como no tenemos un sistema de financiación estable, jugamos el partido a base de las pelotas que nos vienen desde el fondo de la pista y no nos podemos permitir el lujo de no ir a por todas las pelotas. Eso es trabajar sin planificación”.

Además del profesorado, las universidades intentan solucionar la sustitución del personal administrativo y de servicios, pero aprovechando para modernizar este cuerpo. “La cuestión es ver cómo sustituimos este personal y también con qué perfiles y capacidades”, sintetiza la rectora de la Universidad Pompeu Fabra, Laia de Nadal.

Planificación de la investigación

Precisamente, tecnificar el personal administrativo es uno de los pilares que, según la rectora, debe sustentar el futuro de la investigación, además de mantener el nivel de excelencia actual y mejorar la transferencia de conocimiento. Y para ello, los rectores reclaman previsión y planificación. “Sabemos que podemos hacer bien las cosas, pero necesitamos un compromiso para marcar el camino de futuro. Se ha demostrado que cuando hay planificación, las cosas funcionan. Ahora estamos recogiendo los frutos de la planificación de hace 15 años con ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados), la captación de fondos europeos…”, abunda De Nadal.

Ahora estamos recogiendo los frutos de la planificación en investigación de hace 15 años

“Solo se puede llegar a una docencia de excelencia si partimos de una investigación de excelencia, pero tiene un coste enorme, una amortización de inversiones complicada y un problema de rápida obsolescencia de material e infraestructuras, y necesita paciencia, porque el resultado que ve la sociedad no siempre es rápido”, añade Guàrdia.

Interrogantes sobre el futuro

Las universidades todavía viven del rédito del baby boom de los años de bonanza económica, pero saben que la tendencia acabará pronto: en la enseñanza secundaria ya se han empezado a notar los efectos del descenso de natalidad, un fenómeno que los campus empezarán a ver en dos o tres años. Conscientes de las consecuencias que puede tener un descenso de matriculaciones (menos financiación), ya empiezan a buscar soluciones.

Una de ellas, captar más alumnos, especialmente los más desfavorecidos. “Hay un 40% de población que se queda con los estudios básicos, tenemos que reducir el porcentaje a menos del 20%. Queremos que más estudiantes lleguen a la universidad, pero no solo por una cuestión de justicia social, sino porque es necesario para mantener el ritmo de nuestra economía y de aportar los profesionales que necesita el mercado. Tenemos que hacer que las personas sin tantos recursos económicos vean que la universidad también es para ellas y las administraciones deben facilitarlo”, apunta Crespo, quien pide la creación de becas salario ligadas a la renta ―el beneficiario recibe un pequeño salario para contribuir a la economía familiar mientras estudia―, como las que existen en la Comunidad Valenciana. “Para una persona ir a la universidad tiene un doble coste: el de la matrícula y lo que deja de ganar si hubiera optado por ponerse a trabajar”, añade el rector de la UPC.

Otra vía es diversificar la oferta de estudios. Algunas ya han iniciado tímidamente este camino ofreciendo microcredenciales ―cursos de formación de corta duración destinados a trabajadores de empresas― o hasta ciclos de FP. “Las universidades se tienen que diversificar. Un informe reciente aseguraba que el 30% de las profesiones desaparecería en el 2030, pero que aparecería nuevas. Hay una voluntad de cambio, pero necesitamos instrumentos, recursos de dinero y personal y ser flexibles. Si tardamos cuatro años en planificar un nuevo grado, la universidad no podrá responder a este reto. Hay que cambiar el sistema para que ello se pueda hacer”, remata la rectora de la UPF.