Las familias y el profesorado de la pública, Sumar y Podemos critican la mejora de los conciertos educativos anunciada por el Gobierno

La decisión del Ministerio de Educación de iniciar la negociación con las patronales de los colegios concertados para actualizar los fondos que estos centros privados reciben del Estado, unas conversaciones que según asumen ambas partes conducirá a un aumento de las partidas, ha sido criticada este miércoles por la federación de familias de la escuela pública Ceapa, las asociaciones de directores de centros públicos, una parte de los sindicatos docentes, así como por Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, y Podemos.

“No es normal que cada vez se derive más dinero a la concertada y la pública empiece a parecer subsidiaria de la concertada. Se suponía que la educación concertada era para llegar a aquellos sitios donde no llegaba la pública. Y se siguen cerrando aulas en la pública, tenemos centros educativos muy deteriorados, y al mismo tiempo se continúan ampliando los conciertos a la concertada”, ha afirmado María Capellán, presidenta de Ceapa. Del lado de la educación concertada, la revisión de los conciertos, adelantada por EL PAÍS, ha tenido mejor recepción, aunque contenida, dado que se encuentran a las puertas de una negociación compleja y lo consideran una obligación legal largamente postergada. “Nos parece un paso hacia delante y esperamos con expectación” ver en qué se concreta, ha declarado Ángela Melero, presidenta de Concapa, la mayor entidad de familias de la concertada.

La previsión del Gobierno es comenzar, en cumplimiento de lo que establece la ley educativa, la Lomloe, por establecer el “coste real del servicio educativo” y, una vez realizado dicho cálculo, actualizar los conciertos. El objetivo, explica el ministerio, es garantizar la gratuidad de la enseñanza en los centros concertados. De ahí que espere que la actualización de los conciertos vaya de la mano de un compromiso por parte de los colegios concertados respecto a la eliminación de las cuotas que buena parte de los centros exige a las familias, y en el cumplimiento de la normativa de admisión escolar, evitando la selección del alumnado. El fin último es acabar con la enorme brecha socioeconómica entre el alumnado de la red escolar concertada y la pública, que convierte a España en el país de la OCDE más desigual en este terreno, según un reciente informe de Save the Children.

La concertada no se lo ha puesto fácil este miércoles al Gobierno en este aspecto. Tanto Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, la principal entidad de la concertada, como CECE, otra patronal del sector, han negado que existan problemas ni respecto al cobro de cuotas ni al cumplimiento de la normativa de admisión. “No podemos comprometernos a algo que no hacemos. Sería como reconocer la existencia de cuotas o criterios de admisión al margen de la ley”, ha dicho Centeno. Si bien ha añadido, en tono más conciliador: “No obstante, en este proceso debemos ir por partes: primero calcular el coste real, adecuar el importe del concierto al coste real y, por último, vigilar y sancionar actuaciones fuera de la normativa”.

El anuncio ha caído como un jarro de agua fría sobre los defensores de la enseñanza pública. “En un momento de caída de alumnado y en el que el sistema público tiene deficiencias en infraestructuras y necesita más recursos humanos, la prioridad debería ser el aumento de los recursos para la pública”, ha dicho Jorge Delgado, presidente de la federación de directores de colegios públicos Fedeip. Delgado cree que el objetivo de acabar con las cuotas y la segregación es positivo, pero que para ello se deberían “aumentar los medios del servicio de inspección educativa”. La revisión de los conciertos llega, lamenta Antoni González Picornell, presidente de la federación de directores de institutos públicos Fedadi, en un contexto en el que diversas autonomías (la mayoría de los ejecutivos regionales están ahora en manos del PP) firman nuevos conciertos mientras recortan unidades de la pública.

Sumar ha emitido un comunicado en el que se opone a la actualización de los conciertos que prevé realizar Educación, al tiempo que reclama que “todos los esfuerzos financieros y políticos” se dirijan a mejorar la educación pública. “Financiar más a centros que incumplen la ley es premiar a quienes no respetan ni la Constitución ni las diferentes leyes educativas que han prohibido estas prácticas”, ha dicho la formación. Podemos, por su parte, ha considerado que la revisión de los módulos de los conciertos supone una “burla y un insulto” para quienes defienden la educación pública.

Los sindicatos docentes más críticos con el anuncio han el STES-i, CSIF y Anpe, que han coincidido en señalar, con matices en el tono, que la prioridad en la inversión de las administraciones debe ser la educación pública. CC OO y UGT, que además de en la pública tienen una importante implantación entre los trabajadores de la educación privada concertada, han coincidido en exigir una “mejora y dignificación” de las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores, “tanto de la enseñanza pública como de la enseñanza concertada”. Ambos sindicatos han reclamado, al mismo tiempo, que se ponga también sobre la mesa la mejora de la financiación de la escuela pública, “que ha sufrido duros recortes en los últimos años de los que todavía no se ha recuperado”.

La patronal de la enseñanza privada, Cicae, se ha mostrado partidaria de la revisión del sistema de financiación de la concertada, que puede servir, ha dicho, para dotar de “mayor transparencia al sistema”. Cicae denuncia cada año el cobro de cuotas por parte de la educación concertada y señala: “Consideramos una condición sine qua non que esta medida ponga el fin definitivo a las aportaciones ‘voluntarias’, cuotas o complementos que algunos centros concertados exigen a las familias y que desde CICAE siempre hemos denunciado. También ayudará a que las instituciones que hacen bien las cosas estén adecuadamente financiadas. Y que las entidades que están abusando dejen de encontrar en el concierto una forma de negocio”.