Las políticas educativas de PP y Vox generan una ola de protestas: “Es una ofensiva contra la escuela pública”

Huelgas en la enseñanza en Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, grandes movilizaciones en Baleares, pronunciamientos de los consejos escolares autonómicos contra de las decisiones de sus ejecutivos, como en Aragón… El mundo educativo vive la mayor ola de agitación desde, al menos, la tramitación de la ley Celaá, en 2020. Entonces fueron los colegios concertados los que protestaron. Ahora son los docentes, las familias y los estudiantes de la escuela pública quienes lo hacen frente a las políticas educativas que PP y Vox han puesto en marcha desde el poder territorial.

Una suerte de contrarreforma educativa que contiene, en casi todas las comunidades, cambios en las reglas de escolarización en un momento muy delicado debido a la gran caída del alumnado, y eliminación de unidades (aulas) en la enseñanza pública. Y que, dependiendo de las autonomías, incluye también la paralización de la construcción de nuevos centros educativos públicos; ampliación de los conciertos; subvenciones a las escuelas infantiles privadas; freno a los acuerdos laborales con los sindicatos docentes (como en Madrid, un caso excepcional donde se mantiene la prolongación de la jornada lectiva del profesorado impuesta de forma generalizada en toda España tras la crisis financiera de 2008); cambios de calado en la enseñanza de la lengua cooficial (Comunidad Valenciana y Baleares), o reducción de las horas destinadas a la materia Valores Cívicos y Éticos (que imparten los docentes de Filosofía).

La situación de cada territorio tiene sus peculiaridades, pero Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, cree que las protestas tienen un elemento común. “Todas incluyen el rechazo a la desinversión en educación y al apoyo a la enseñanza privada que están llevando a cabo los gobiernos de la derecha, que forman parte de una ofensiva contra la educación y la escuela pública”.

La primera piedra de esa nueva política educativa que están levantando las comunidades presididas por los populares —que el año pasaron de 5 a 11— es el llamado distrito único. Un sistema para la distribución escolar del alumnado que permite a los padres matricular a sus hijos en cualquier centro de un municipio, sin restricciones zonales basadas en la proximidad al domicilio, o con radios tan amplios que en la práctica apenas suponen un límite. Con pequeñas variaciones, en los últimos meses se ha cambiado la normativa de la Comunidad Valenciana (que prevé que los centros educativos puedan conceder un punto “extra” a los solicitantes, acercando el modelo a una especie de selección inversa, donde son los colegios financiados con fondos públicos los que eligen qué tipo de estudiante quieren); Aragón (con un cambio en el modelo de zonas que deja a Huesca y Teruel con una sola, mientras en Zaragoza el radio abarca cerca de dos tercios del área urbana); Baleares (en Palma se han dejado solo tres zonas y el compromiso de PP y Vox es acabar reduciéndola a una), y La Rioja (donde, además de fijar una única zona en Logroño, a la misma se le han sumado los municipios de Lardero y Villamediana, sedes de grandes centros concertados). Madrid, Andalucía y Castilla y León, también gobernadas por los populares, ya contaban con normativas similares.

El PP y Vox justifican el distrito único afirmando que aumenta la posibilidad de elección de los progenitores. “Nosotros sí creemos en la libertad de elección de las familias”, declaró hace unas semanas el consejero de Educación valenciano, José Antonio Rovira. Lo que muestran las investigaciones, tanto en España como en otros países desarrollados es, sin embargo, que la fórmula del distrito único beneficia sobre todo a las clases medias-altas, que son las que aprovechan esa movilidad, señala Xavier Bonal, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, mientras las clases sociales menos pudientes tienden a llevar a sus hijos a los centros educativos que tienen más cerca de casa. Relacionado con ello, el distrito único proporciona ventaja a los colegios concertados, que en España matriculan a la mitad del alumnado vulnerable que le correspondería, en parte por el cobro de cuotas, que funcionan como una barrera de entrada para los estudiantes desfavorecidos. La consecuencia de lo anterior es el aumento de la segregación escolar, señala Bonal, “reforzada por el actual contexto de caída demográfica y la sobreoferta de plazas escolares”.

La segregación educativa tiene diversos efectos negativos, añade el sociólogo, como la bajada del rendimiento educativo medio del país —”porque la mezcla de alumnos de distinto estatus socioeconómico proporciona un beneficio alto a los estudiantes desfavorecidos, mientras que las pérdidas para los de familias acomodadas son mínimas o inexistentes”— o el debilitamiento de la cohesión social.

La ley de Educación establece que las comunidades autónomas deben articular medidas para reducir la segregación y garantizar un reparto equitativo del alumnado vulnerable. Por ello, fuentes educativas vinculadas a la escuela pública transmiten su malestar por la falta de acción del Ministerio de Educación que podría, por ejemplo, forzar el cambio de las normativas autonómicas de admisión, como hizo en su día con la de Murcia, por contradecir legislación básica. Un portavoz del ministerio afirma que la alta inspección educativa está analizando las nuevas normativas autonómicas, y en concreto las de Baleares y la Comunidad Valenciana, con la intención de “establecer, en primer lugar, vías de colaboración, previas a la posible interposición de recurso contencioso-administrativo si se detecta un incumplimiento evidente y demostrable de la normativa básica estatal”.

La peor parte

El cambio en las reglas de escolarización llega en un momento difícil para los colegios de infantil y primaria, que han visto reducirse en 300.000 el número de alumnos en un lustro por la caída de la natalidad, lo que está llevando a las comunidades a reducir aulas (e incluso a cerrar colegios enteros). La peor parte se la está llevando la escuela pública, que en cinco cursos ha perdido 3.336 grupos entre el segundo ciclo de infantil (3-6 años) y primaria (6-12). La privada solo ha perdido, en cambio, 126.

La eliminación de grupos de la red escolar pública ha sido una de las causas de la convocatoria de huelga de este martes en Andalucía (los colegios públicos han perdido allí 1.763 desde el curso 2017-2018). Y también ha impulsado la convocatoria de huelga, el próximo 23 de mayo, en la Comunidad Valenciana, donde la Generalitat ha comunicado la supresión de 200 unidades en la escuela pública el curso que viene, además de paralizar la construcción de centros educativos cuya tramitación comenzó el anterior gobierno autonómico. “La justificación que dan es que ha caído la natalidad. Y lo que nosotros argumentamos es que hay que aprovechar ese descenso para reducir las ratios de alumnos por clase, y mejorar así la calidad de la enseñanza sin necesidad de aumentar las plantillas”, afirma Vicent Mañes, portavoz de la asociación valenciana de directores de colegios públicos.

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