En defensa y reconocimiento del profesorado de la educación pública madrileña

Lo primero es la educación. Esta afirmación es una declaración de principios para los socialistas madrileños en nuestro trabajo diario y nuestra acción política.

Nuestra propuesta educativa defiende el derecho a una educación pública gratuita, laica e inclusiva, de calidad y de gestión directa en todos los niveles en el ámbito regional de Madrid. No es una propuesta vacía, es el resultado de un análisis y conocimiento de la situación de la educación madrileña. Las evidencias sólidas y constatadas de una fuerte segregación, la falta de equidad en la asignación de los escasos recursos y la debilidad del perfil inclusivo que afecta de forma directa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, se le suma una carencia de un programa que muestre el compromiso y la ambición que debe tener la educación para dar respuesta a las necesidades y exigencias de nuestra sociedad, cada vez más compleja.

La educación madrileña no está siendo capaz de garantizar adecuadamente la igualdad de oportunidades pero tampoco responde con eficacia a los desafíos y oportunidades que tienen nuestros niños y jóvenes. Frente al esfuerzo permanente llevado a cabo desde 2019 por el Gobierno de España para mejorar la educación y hacerla más inclusiva, recuperar la inversión pública y revertir la pérdida de equidad derivada de los recortes de la crisis, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha continuado con políticas que además de debilitar a la educación pública están demostrando ser ineficaces en términos de calidad educativa, generación de oportunidades y reducción de las desigualdades.

Detrás de todo esto está el profesorado de la educación pública madrileña. Un colectivo de profesionales de primer nivel que a diario se ven sometidos a un esfuerzo enorme. No se les puede pedir más porque dan más de lo que pueden en muchas ocasiones. No se puede ignorar además que se les exige también que asuman cargas y responsabilidades que no les corresponden, desde tareas administrativas a asumir orientación psicológica ante la ausencia de psicólogos/as en los centros educativos. Todo esto explica que en muchos centros hay profesorado que no puede más, que se ven y están desbordados. No es una racha, es lo habitual. En ese contexto hay que situar el conflicto que vive en estos días la educación pública madrileña. El capital humano de la educación pública madrileña ni está bien atendido ni está adecuadamente dimensionado. Es una asignatura pendiente y urgente desde hace mucho tiempo del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Estamos ante una reivindicación que va más allá de lo puramente laboral: hay que reconocer que el profesorado de los centros públicos, históricamente, ha protestado más intensamente ante leyes educativas que empobrecen las condiciones en las que el alumnado ejerce el derecho a la educación, que ante el deterioro de sus propias condiciones de trabajo. Los representantes del profesorado no piden reducir su jornada, sino distribuirla de manera más adecuada reduciendo el número de horas lectivas (como han acordado ya las demás CCAA) y aumentando las complementarias para conseguir una mayor atención individualizada al alumnado, la coordinación y preparación de las actividades lectivas, complementarias y extraescolares, etc.

No exigen entrar en la función docente sin demostrar su mérito y capacidad, pero sí reducir las exageradas e inapropiadas tasas de interinidad, valorando adecuadamente la experiencia anterior, para conseguir mayor estabilidad de los equipos docentes y facilitar su participación estable en los proyectos de centro. No demandan incrementos salariales desorbitados, sino situarse en la media de las CCAA sin tener en cuenta que en la Comunidad de Madrid el coste de la vida es un 15% mayor que la media española y el de la ciudad de Madrid, un 20% mayor, según estudios del Banco de España. Piden con absoluta sensatez y responsabilidad que el Gobierno de la Comunidad de Madrid atienda sus legítimas demandas y confíe en la capacidad y profesionalidad de su profesorado, de sus equipos docentes y de dirección de los centros, y que apoye su autonomía.

Desde el grupo socialista en la Asamblea de Madrid ya hemos expuesto y cuantificado nuestra alternativa, con la que no sólo atendemos el grueso de las demandas del profesorado, sino que damos pasos adelante para recuperar un mayor y más eficiente y equitativo gasto público educativo. No se trata sólo de reclamaciones laborales ―que serían legítimas― sino de una realidad convertida en queja formal y aprobada por todos los representantes de los trabajadores, de clase y sectoriales, de la Junta de Personal que reclaman más y mejor educación y confianza en el profesorado para que el ejercicio del derecho a la educación se lleve a cabo, por el alumnado, en las adecuadas condiciones de calidad, equidad e inclusión educativa. Por eso estamos con el profesorado de los centros públicos madrileños, porque la educación es lo primero.

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