Sin salida para el refugiado Ayham: “No puedo acceder a los certificados para homologar la carrera en España”

El sirio Ayham el Sati, de 35 años y solicitante de asilo en Madrid tras ser perseguido por el Gobierno de su país, necesita homologar su grado en Filología Árabe, pero las trabas administrativas se suceden. “Es solo una frase muy larga, pero en mi cabeza es más de una página de peticiones”, cuenta con una media sonrisa a este diario. Explica que el Ministerio de Universidades, tras adjuntar el título traducido en el procedimiento por internet y pagar las tasas (166 euros que le ha costado ahorrar), le reclama ahora unos papeles que en su cabeza se convierten en un jeroglífico. Necesita una “certificación académica en la que consten, entre otros extremos, la duración oficial en años académicos del plan de estudios seguido, las asignaturas cursadas y la carga horaria de cada una de ellas expresada en horas o en créditos ECTS [europeos] correctamente legalizada”.

Confuso ante estos requerimientos que no esperaba, El Sati, cofundador en Madrid junto a otros tres refugiados sirios de la revista digital Baynana, sigue yendo a clase. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) le ha dejado cursar el máster en investigación periodística, pero antes de julio tendrá que tener la carrera de Filología Árabe homologada si quiere tener el título de posgrado. No es un capricho del centro universitario, sino una obligación burocrática. Con la demora que hay en el ministerio en la tramitación de las homologaciones y equivalencias, era casi un milagro que este empático y locuaz reportero consiguiera llegar a tiempo teniendo todos los certificados, pero las nuevas peticiones del ministerio anulan toda posibilidad.

El máster, de la Fundación Maldita.es y la URJC, incluye también contenidos de nuevas narrativas, fact-checking (verificación de hechos), transparencia y datos y al opositor al régimen sirio se le hizo un mundo el principio de curso. Especialmente por los datos. Aunque su español es sorprendentemente muy correcto ―”Es lo que tengo que hacer”, se justifica―, asegura que el pasado octubre no se vio capaz de sacar el posgrado adelante y pensó en dejarlo.

Al llegar a España, en mayo de 2019, El Sati conocía el alfabeto latino por sus escasos conocimientos de inglés y aprendió a trompicones el castellano, pues con el confinamiento su mujer, sus dos niñas y él olvidaron parte de lo aprendido. Ahora se alegra de que sus compañeros del posgrado ―son ocho― y los profesores le ayudaran a seguir estudiando mientras trabaja en Baynana, que existe gracias al apoyo de la Fundación Por Causa y los donantes; escribe también como autónomo para medios árabes. El mayor escollo académico del periodista, que tiene permiso de residencia para cinco años, es ahora lograr la equivalencia.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que la situación de Ayham es “frecuente”

“¿Por qué no se pueden hacer los trámites en persona?”, se desespera. En su primera visita al ministerio le dijeron que tenía que pedir cita y en la segunda le remitieron a los trámites a distancia, un muro infranqueable. Un profesor del máster le animó a leer un reportaje de este diario sobre la nueva vía de homologaciones que ha puesto en marcha el ministerio ―que supuestamente va a agilizar los trámites y desatascar las tramitaciones― y El Sati, angustiado, pero siempre mirando al futuro esperanzado, mandó un correo electrónico a la redacción en busca de auxilio. El Ministerio de Universidades ha confirmado a EL PAÍS que sin estos certificados adicionales Ayham no podrá tener la equivalencia. La Administración siria previsiblemente no va a facilitarle el acceso a los documentos a un opositor y él teme meter en problemas a alguien de su entorno si solicita en su nombre los certificados.

Una portavoz de Acnur España (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) señala que es “frecuente” que refugiados con título universitario no puedan acceder a documentación por los impedimentos que pone su país al solicitante o porque la universidad ya no exista.

El Sati, que nació en Daraa ―la ciudad donde comenzaron las revueltas contra el régimen de Bachar el Asad en 2011―, pretende aplicar las técnicas de investigación periodística que está aprendiendo en el máster a temas relacionados con la inmigración en España, un terreno que considera virgen. En realidad, se convirtió en reportero por necesidad, para contrarrestar en las redes ―y luego también en artículos― los bulos gubernamentales sobre lo que estaba ocurriendo. Tuvo que abandonar Daraa a la fuerza cuando la urbe fue ocupada y desde entonces sufrió todo tipo de situaciones violentas y traumáticas en las que prefiere no ahondar.

Finalmente, en 2018 su mujer y él con las niñas en brazos cruzaron a Turquía, donde les esperaba el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ son sus siglas en inglés), que les facilitó instalarse en España. Desde entonces no ven a su familia y bandean como pueden los obstáculos a los que se enfrentan la mayoría de los inmigrantes, como el del alquiler de un piso.

El callejón sin salida de Ayham en España no existe en otros países. El Consejo de Europa —cuyo objetivo es la defensa y promoción de los derechos humanos— propuso en 2019, poco antes de que el protagonista de este reportaje huyese a España, impulsar un documento, el Pasaporte Europeo de Cualificaciones para Refugiados, que reconoce tras una evaluación, basada en parte en una entrevista ante un tribunal, la cualificación del solicitante para que puedan estudiar o trabajar en lo suyo. Este papel “es la herramienta principal para integrar a los refugiados en las sociedades europeas”, dice el Consejo; pero este no tiene competencias para expedir un documento oficial, por lo que cada uno de los 47 Estados miembros de este organismo debe reconocer esta acreditación en su burocracia interna.

El Convenio de Reconocimiento de Lisboa de 2007 obliga a los Estados a validar las cualificaciones de los refugiados

El proyecto piloto se instauró en Grecia e Italia en 2017 y después se han sumado otros siete países, entre ellos Alemania y Francia. Un portavoz del Ministerio de Universidades afirma que “se ha subvencionado a la CRUE [conferencia de rectores] para que estudie la posible incorporación de España a la iniciativa”. Una portavoz de esta organización explica que el Plan de Acción Universidad-Refugio, aprobado el pasado noviembre, está en fase “muy embrionaria”. Para elaborar las pruebas de cualificación, la CRUE se reunirá con algunas entidades, como Acnur.

Los tres compañeros de El Sati en la revista Baynana son más jóvenes que él y no tuvieron tiempo de terminar la carrera en Siria. La disidencia les forzó a irse y ahora no tienen una carrera que intentar homologar. El periodista, sin embargo, tiene un amigo refugiado en Alemania que podrá trabajar en una escuela del país como profesor de árabe porque la Administración ha reconocido su título, aunque no esté homologado.

España lleva mucho retraso, pero no es el único en Europa. El Convenio de Reconocimiento de Lisboa, firmado en 2007 —y al que España se adhirió en 2009—, obliga a los Estados a validar las cualificaciones de los refugiados sin documentos. Durante una década nadie hizo nada, ahora solo se ha puesto la primera piedra.

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