Una ley de enseñanzas artísticas que acabe con los vacíos, las contradicciones y la desigualdad

España es un país de artistas. El ingenio, el humor, la creatividad, la alegría, la comunicatividad, la sociabilidad o el sentido estético son parte de nuestra idiosincrasia. No es ninguna exageración decir que somos una potencia en artes, literatura, patrimonio y modernidad. El sector cultural representó en 2019 el 2,4% del PIB español, situándose en el 3,4% si además se tienen en cuenta las actividades económicas asociadas a la propiedad intelectual. Genera un tejido productivo respetuoso con el medioambiente y acorde al crecimiento sostenible, que promueve una diversidad empática e inclusiva. Los centros que ofrecen formación en artes plásticas, diseño, conservación y restauración de bienes culturales, música, danza y arte dramático pertenecen a las enseñanzas artísticas. Constituyen un brillante sector, pequeño y poco conocido, pero repleto de colores y sonidos, entusiasmo e imaginación, juventud y experiencia, talento y capacidad de trabajo. Las enseñanzas artísticas han evolucionado espectacularmente en los últimos años, respondiendo a las necesidades y cambios sociales, preservando la esencia de cada uno de sus oficios. Su incorporación al Espacio Europeo de la Educación Superior genera investigaciones novedosas, que configuran nuevos paradigmas de conocimiento gracias a la aportación de las artes y la interpretación artística.

Las sucesivas reformas educativas y la descentralización competencial han traído grandes cambios: se han multiplicado las escuelas elementales de música y danza, han mejorado las condiciones del profesorado y las ratios, se han enmarcado y reconocido títulos, alcanzando el nivel de grado, se han creado nuevas especialidades, así como interesantes másteres, y hoy existen puentes con los programas universitarios de doctorado. A pesar de todos estos avances, el marco legal de las enseñanzas artísticas deja mucho que desear. La normativa se ha desarrollado lenta e insuficientemente. Presenta vacíos y contradicciones que hoy generan un malestar que no pocas veces termina en contencioso. Al ser este un colectivo pequeño, siempre ha quedado postergado en las sucesivas agendas gubernamentales. Los cambios se han producido a trompicones, entre las sucesivas reformas educativas y legislaturas. En la primera parte de cada mandato, este tema resulta prematuro para los equipos ministeriales, y en la segunda, demasiado complejo para resolverlo. Entre la comunidad artística cunde la desafección política, alimentada por una justificada sensación de menosprecio.

El nivel de exigencia educativa es muy alto y la organización de las enseñanzas es cada día más compleja. Hay cuestiones específicas relacionadas con las actividades y recursos necesarios para una creación artística que abarca desde el diseño al teatro, pasando por la restauración. Hay otros aspectos que tienen que ver con aspiraciones generales de calidad educativa, participación democrática, actividad artística, igualdad, inclusividad, salud, prevención, protección de datos, transparencia, etcétera. Estas legítimas y necesarias aspiraciones no han venido acompañadas de los recursos necesarios para su puesta en marcha y gestión. Las nuevas tareas y responsabilidades han recaído sobre equipos docentes, cada día más angustiados por no haber una normativa que atienda las necesidades del nivel de grado y tener que gestionar con la de secundaria.

El Gobierno y las administraciones educativas también se ven desbordadas para elaborar propuestas, articular debates públicos, generar consensos, legislar, desarrollar y aplicar la normativa educativa. Muchos proyectos de renovación no cuentan con los recursos económicos y humanos necesarios. Eso provoca que sean arrumbados en un imaginario desván, dónde también van a parar los proyectos que conciernen a las enseñanzas artísticas, acumulando retrasos. Por ejemplo, las oposiciones para las cátedras de música y enseñanzas artísticas han estado paralizadas durante años, a la espera de que el ministerio publicara los correspondientes temarios. Tras años de olvido, lo hizo corriendo y mal. Las demoras administrativas suelen desembocar, paradójicamente, en torpes precipitaciones de última hora. Y hay otros muchos ejemplos.

Debido a las demoras, arrepentimientos, cambios políticos y apremios, la regulación de las enseñanzas artísticas presenta hoy numerosos vacíos y contradicciones, además de serias desigualdades entre unas comunidades y otras. Es necesario que el Gobierno haga una Ley de Enseñanzas Artísticas que trace unas líneas claras y funcionales, una ley que sea valiente, ambiciosa e integral, como en su día lo fue la Ley del Deporte. Una refundición de normas previas, con algún añadido, solo serviría para desaprovechar esta ocasión, prolongado errores del pasado. Para tener un verdadero alcance, la ley debería abordar las enseñanzas artísticas en todos sus niveles y también en las enseñanzas generales. Todo está relacionado, no son campos aislados: la armonía del sistema depende del equilibrio entre la cultura artística de la ciudadanía y la formación específica para artistas. Algunas de las claves son la preparación y estatus del profesorado, la distribución de los cuerpos docentes, la organización de las enseñanzas y de los centros conforme a sus realidades y necesidades (diferentes a las enseñanzas generales), la mejora de la formación artística elemental o la integración de las enseñanzas artísticas superiores en una universidad de las artes.

La reforma educativa del año 2020 comprometió al Gobierno a presentar una propuesta normativa para la regulación de dichas enseñanzas en el plazo de dos. El plazo expira y vemos con preocupación que el Gobierno todavía no ha presentado propuestas y tampoco ha informado sobre el contenido exacto y sentido de dicha norma. Parece que el Gobierno no cuenta con un plan de trabajo, ni con equipos solventes para abordar este reto. De nuevo la parálisis amenaza con desembocar en premuras de último minuto y en viejas inercias. Sería oportuno que el ministerio se dotara de una dirección general de enseñanzas artísticas. Tarea no le habrá de faltar entre asuntos pendientes y proyectos. Hace lustros que desapareció del organigrama la correspondiente subdirección.

Esta Ley debería acompañarse de un presupuesto para su puesta en marcha, desarrollo y aplicación. Ya sabemos, por experiencia propia, a lo que conduce no contar con ello. Promulgar leyes llenas de buenas intenciones y deseos tiene un valor simbólico, pero sale barato. Además, nos interesan las realidades de la enseñanza y de sus protagonistas. Si el Gobierno pretende abordar la mejora de las enseñanzas artísticas en serio, tiene que mostrar una voluntad inequívoca, poniendo los medios económicos y humanos necesarios. Las cosas no se hacen por si solas, sino gracias a la dedicación y al tiempo de personas concretas. Nosotros confiamos en el valor de las enseñanzas artísticas, que aportan cultura, felicidad, bienestar, sabiduría, solidaridad, diversidad, sensibilidad, desarrollo económico y otros factores de creciente importancia, en un clima tan incierto y vulnerable como el que nos toca vivir. Apostar por ellas es una obligación y no solo una opción.

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