España mejora lentamente su nivel educativo: el 28% de las personas entre 25 y 34 años tienen como máximo la ESO

El último informe de la OCDE insiste en que la repetición de curso, “pese a su popularidad en algunos países, tiene una eficacia baja”

Jóvenes en el parque de la Cornisa, en Madrid, en septiembre.
Jóvenes en el parque de la Cornisa, en Madrid, en septiembre.Lucie MAILLARD

Los indicadores educativos españoles siguen emitiendo señales muy preocupantes. Pero el informe presentado este lunes por la OCDE también contiene algunos datos para la esperanza respecto al progresivo aumento del nivel formativo del país. Se trata de una esperanza que avanza, eso sí, con lentitud. El año pasado, por ejemplo, el 36,1% de la población española de 25 a 64 años solo había terminado como máximo la secundaria obligatoria. El porcentaje es altísimo (la media de la OCDE se situaba en el 20,1%), pero en 2010 alcanzaba al 47,1%.

O también: el porcentaje de españoles de 25 a 34 años con estudios terciarios, es decir, carreras universitarias o títulos de Formación Profesional de grado superior, alcanzó el año pasado el 48,7%, un punto por encima del promedio de la OCDE, según el informe Education at a Glance 2022, presentado este lunes en París, donde tiene su sede la organización formada principalmente por los países más desarrollados. Al mismo tiempo, el 27,7% de la población española de 25 a 34 años solo tenía, como máximo, la ESO. Un porcentaje que, siendo también muy alto (dobla al de la media de la OCDE), era cinco puntos inferior al de una década antes.

Los cambios en educación requieren tiempo. En parte porque el factor que más influye en la trayectoria escolar de los alumnos es el nivel educativo de sus padres. Y España partía, dentro del club de los países desarrollados, de un nivel muy bajo y una estructura social muy segregada. La gran diferencia del país con la OCDE es, además del elevado porcentaje de personas que como mucho terminó la secundaria obligatoria, el bajo número de personas con estudios medios. Esto es, con títulos de Formación Profesional de grado medio o de bachillerato (sin haber continuado más allá). En España el porcentaje es del 23,2% en la población de 25 a 34 años, en el conjunto de la OCDE el 42,1% y en los 22 países de la UE que forman parte de la organización (todos menos Bulgaria, Croacia, Chipre, Malta y Rumanía), el 45,8%.

Debido a ello, fuentes del Ministerio de Educación señalan que, sin renunciar a seguir aumentando la proporción de españoles con estudios terciarios, buena parte de los esfuerzos de estos años se dirigen a ampliar el segmento de los que consiguen al menos una formación media a base de reducir el grupo de los que hasta ahora como mucho logran la ESO. El Gobierno espera que a ese objetivo contribuyan las millonarias partidas que está invirtiendo en la Formación Profesional, la nueva ley aprobada de FP y la reforma educativa general (la Lomloe), que persigue un aprendizaje más competencial y menos basado en repetir contenidos. También los programas de refuerzo PROA, pensados para reducir el abandono educativo temprano ―recuperados por el ministerio después de que, pese a haber dado buenos resultados en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, fueran suprimidos por el PP—, el aumento de las becas y también la reducción al mínimo de la repetición de curso, que los datos asocian al abandono educativo temprano y que, según el informe de la OCDE, “a pesar de su popularidad en algunos países, la evidencia sugiere que tiene una eficacia baja”.

Ismael Sanz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, celebra el descenso de personas que no pasan de la ESO. Un porcentaje que durante una década permaneció enquistado: en 2007 se situaba en el 34,6% y en 2017, en el 33,8%. El año pasado bajó, en cambio, al 27,7%. “A pesar de la mejora, hay que seguir reduciéndolo porque son personas que van a tener problemas para encontrar empleo e incluso de inserción social”, afirma Sanz. El profesor de Economía aplicada cree que las medidas adoptadas en la pandemia, consistentes en flexibilizar las evaluaciones y la titulación, que ahora se han consolidado con la Lomloe han sido positivas. Pero que habrá que estar pendiente de los resultados de los próximos informes internacionales, como Pisa, para comprobar que no estén afectando a la calidad.

Sanz admite, con todo, que no será fácil determinar hasta qué punto las variaciones que eventualmente se produzcan en dichas evaluaciones internacionales se deben a la reforma educativa o al impacto educativo de la pandemia. Los informes realizados en los últimos dos años en el País Vasco y Cataluña ya han mostrado que los meses de cierre escolar tuvieron un importante efecto negativo, sobre todo en áreas como matemáticas e inglés, y más en la escuela pública.

Los ‘ninis’

Los vaivenes generados en buena medida por la pandemia han dejado desfasados algunos de los datos incluidos en el informe de la OCDE. El principal es de los españoles de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan (los ninis). Según los datos publicados hace unos días por Fedea y el BBVA, su nivel ha caído al mínimo histórico, el 11,25%. Pero el informe de la OCDE ofrece datos anteriores, y además diferentes. Por un lado, el 20,3% y, por otro, el 19%. La organización internacional y el Ministerio de Educación explican que el primer dato corresponde al primer trimestre de 2021, mientras que el segundo corresponde a la media de todo el año. La OCDE se ha basado tradicionalmente para hacer el informe en el dato de un solo trimestre, pero decidió recientemente empezar a incluir el porcentaje anual, ante el riesgo de que los vaivenes coyunturales causados por la pandemia generasen distorsiones. Así parece que ocurrió con el dato del primer trimestre de 2021, afectado por la variante ómicron y las restricciones aprobadas para contenerla. El dato anual de 2021 mejora el del 2020 (que alcanzó el 22%), y vuelve a niveles de 2019, cuando fue del 19,2%. Con las cautelas ya expuestas, en el primer trimestre de 2021 España también superaba con creces el promedio de la OCDE de españoles de 18 a 24 años que seguía estudiando: 62% frente a 54%.

En la franja de edad siguiente, de 25 a 29 años, el porcentaje de españoles que en 2021 ni estudiaban ni tenían empleo se situó en el 25,8% (la media en la OCDE fue del 18,8%). Ello implicó un descenso respecto a 2020 (cuando fue del 28,2%), pero sin regresar al nivel anterior a la covid (24,4% en 2019). Entre los de dicha edad que contaban como máximo con el título de la ESO, la tasa de ninis se disparaba al 48,1%, 20 y 30 puntos más que aquellos que tenían estudios medios y superiores, respectivamente.

El informe Education at a Glance, que la OCDE publica cada año, dedica un apartado a mostrar las ventajas que proporciona haber estudiado a la hora de trabajar. “La tasa de empleo entre las personas de 25 a 34 años con educación terciaria en España es 19 puntos porcentuales más alta que entre aquellos con un título inferior a la segunda etapa de educación secundaria y nueve puntos porcentuales más que entre aquellos con un título de segunda etapa de educación secundaria”. La diferencia salarial también resulta elevada: los trabajadores españoles de 25 a 64 años con estudios medios ganaron un 32% más que aquellos que tenían como mucho la ESO, y los que contaban con un título de educación terciaria, un 91% más.

El informe aborda otros aspectos de los sistemas de enseñanza. Como que, en el conjunto de la OCDE el 90% de la financiación de la educación, dejando aparte los estudios terciarios, es de origen público. La media en los 22 países de la UE que forman parte de la organización llega al 92%, pero en España baja al 87%.

Rezagados en la financiación universitaria: 3.400 euros menos por alumno que la media

En 2019, el gasto medio por alumno de educación terciaria en España (universidad y Formación Profesional Superior) estuvo 3.400 euros por debajo de la media de la OCDE (17.928 euros). Un puñado de países invierten por encima de los 25.000 euros y desvirtúan la media —Noruega, Suecia, Luxemburgo, Reino Unido y Estados Unidos (en estos dos últimos países hay abundante gasto privado)—, pero en todo caso nadie discute en España que los campus, que perdieron un 20% de su presupuesto en una década, están infrafinanciados.

El informe de la OCDE señala que el gasto en educación en España equivalió al 4,3% del PIB en 2019, año en el que la media de la OCDE fue del 4,9%. Los últimos datos conocidos, sin embargo, correspondientes al año 2020, han elevado dicho porcentaje en el caso de España al 4,9%. La ley Celaá, aprobada en diciembre de 2020, comprometió al país a invertir el 5% de su PIB en educación en una década. La intención es que a universidad se dedique un 1% y el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) prevé el compromiso en su texto, para disconformidad de muchos ejecutivos regionales, pues las autonomías aportan el 87% de la financiación.

La Conferencia de Rectores (CRUE) calcula que serán necesarios unos 2.500 millones de euros para poner en marcha la LOSU y exige un pacto de las administraciones, al que el ministro Joan Subirats dice estar dispuesto. “Si no se concretan mejor los plazos de los pagos, corremos el riesgo de que mañana nunca sea mañana y no termine de llegar la financiación”, afirmó su presidente, Juan Romo, en la Comisión de Ciencia del Congreso el pasado septiembre.

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