Navarra creará hasta 350 plazas públicas propias para profesorado de inglés, pese a las dudas sobre su encaje constitucional

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves con los votos a favor del PSN y Navarra Suma –UPN, PP y Ciudadanos– una ley foral que permitirá crear hasta 350 puestos de trabajo público con perfil de lengua extranjera para estabilizar la plantilla del profesorado adscrito al PAI —Programa de Aprendizaje en inglés—, en el que siete de cada 10 profesionales son interinos. Así, para acceder a estas plazas, destinadas a impartir materias como Matemáticas o Ciencias de la Naturaleza en inglés se pedirá a los docentes que acrediten un C1 en dicha lengua. Este requisito no está permitido en la normativa estatal, que indica que las ofertas públicas de empleo solo pueden establecer como condición de acceso los idiomas oficiales y no otras lenguas extranjeras. Por tanto, en el caso de Navarra, solo podría exigirse el castellano y el euskera, este último con ciertas particularidades, pues solo es oficial en una parte de la comunidad. Ante la negativa del Ministerio de educación a modificar la normativa —tanto en esta legislatura como en la anterior—, Navarra ha invocado sus competencias y derechos históricos en Educación y Función Pública para regular esta materia.

La norma —impulsada por el PSN— ha provocado un intenso debate durante los últimos días tanto con sus socios en el Ejecutivo foral —Geroa Bai y Podemos—, como con el resto de grupos parlamentarios y la mayoría sindical. Entre las principales críticas a la medida, están la premura con la que se ha tramitado —en lectura única y urgente— y el temor a que un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, por parte del Gobierno central o la Abogacía del Estado, provoque una situación de inseguridad jurídica.

El único grupo que les ha apoyado y que ha permitido la aprobación de la norma ha sido Navarra Suma, que ha impuesto tres condiciones. Por un lado, que los profesionales que obtengan estas plazas no puedan luego solicitar el cambio a otras de castellano o de euskera, a no ser que lo autorice un desarrollo legislativo nacional posterior. Mientras tanto, solo podrán participar en concursos de traslado y procedimientos de movilidad circunscritos a plazas PAI, con perfil de inglés.

Además, solicitan que este programa pase a ser un modelo lingüístico (Navarra ofrece cuatro distintos, en función del nivel de uso de euskera o castellano como lengua vehicular de la enseñanza). En este sentido, han exigido que hasta que pueda configurarse como tal, las familias que no dispongan de PAI en el centro educativo de su localidad, puedan solicitar un abono de transporte y comedor gratuitos en otro centro que sí lo imparta. Una solución similar a la que se ofrece al alumnado navarro del resto de modelos que quieren estudiar en un modelo determinado, pero no disponen de esa opción en el municipio en el que residen. Hay que recordar que el PAI fue implantado por UPN —socio principal en la coalición de Navarra Suma— en 2007 y que hoy es solicitado por la mayoría de familias navarras.

Tramitación de urgencia

Los socialistas han justificado la tramitación urgente de esta norma por la cercanía del 30 de mayo, fecha límite marcada por la Ley 20/2021 para consolidar las plazas temporales que están en fraude de ley por abuso de temporalidad. Tal y como ha explicado la parlamentaria Inma Jurío, encargada de exponer los motivos durante el debate en el Pleno, en Navarra se han detectado más de 600 plazas públicas en esta situación, de las que alrededor de 350 corresponden a docentes del PAI.

En cuanto a las críticas de sus socios de Gobierno, del resto de grupos parlamentarios y de la mayoría sindical representada en la Mesa de Educación sobre la inseguridad jurídica que provoca esta ley, los socialistas han apelado a dos normas: al Decreto Foral Legislativo 251/1993, que regula el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, y a los artículos 47 y 49.1b de la LORAFNA (Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, reconocida como un Estatuto de Autonomía especial). En estos textos se establece que Navarra tiene plenas competencias para “la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades”, todo ello “sin perjuicio de las competencias del Estado”. Además, tiene competencias para regular el “régimen estatutario de los funcionarios públicos de la Comunidad Foral”.

Hay que tener en cuenta que el marco legislativo nacional no contempla la posibilidad de crear cuerpos docentes autonómicos, si bien el departamento navarro de Educación alega que no se va a crear un cuerpo, sino simplemente plazas de funcionarios. El Ministerio debe estudiar ahora si esa medida es o no constitucional. En cualquier caso, el departamento sí ha avanzado que las pruebas de acceso a estas plazas serán iguales a las que se rigen por la normativa estatal para facilitar que en un futuro, un cambio en la legislación permita acceder al régimen ordinario de funcionariado a los profesionales que obtengan uno de estos puestos.

La Ley Foral puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por el ministerio, pero también por la Abogacía del Estado, a instancias de los sindicatos. Se da la circunstancia de que la mayoría de organizaciones sindicales representadas en la Mesa de Educación navarra —y otros a nivel nacional, como CSIF— se han mostrado contrarias a esta ley porque discrimina a los profesionales que no disponen de ese nivel de inglés.

Como ya se ha mencionado, la medida ha contado con la oposición frontal de los socios del PSN en el Gobierno foral. El Ejecutivo de coalición, liderado por la socialista María Chivite, protagoniza en las últimas semanas una situación compleja en materia educativa. En la cuestión del PAI, los socialistas han logrado sacar adelante la norma, pactando con el líder de la oposición, Navarra Suma, y contra el criterio de Geroa Bai y Podemos. No obstante, hace apenas unas semanas, Geroa Bai pactó también con Navarra Suma —y contra el criterio del PSN y Podemos— la toma en consideración de una ley que permitirá blindar los contratos del profesorado de religión que se queda sin carga lectiva por la reducción horaria de su asignatura.

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