Solo el 8% de los másteres han bajado de precio tras el pacto para abaratarlos

En marzo de 2021 el Ministerio de Universidades y las autonomías acordaron que el precio de los másteres habilitantes ―obligatorios para poder ejercer como abogado, profesor de secundaria o en ciertas ingenierías― se iba a equiparar al de los grados (carreras), y la noticia fue bien recibida por los estudiantes. Sin embargo, el Observatorio del Sistema Universitario (OSU) ―conformado por profesores de las cuatro universidades públicas de Barcelona―, en su informe ¿Qué efecto han tenido los acuerdos sobre precios públicos de matrícula? curso 2021-22, deja ahora al descubierto que los másteres profesionalizantes representan solo el 8,1% del total. El resto son posgrados no habilitantes, que se cursan para especializarse o acceder luego al doctorado, y su precio está congelado desde 2020.

Aunque el tijeretazo en estos títulos no habilitantes es una pretensión del Gobierno, no hay planes de llevarlo a cabo a medio plazo ni del Ejecutivo ni de las autoridades autonómicas por su alto coste. Madrid llegó a denunciar en los tribunales el acuerdo para bajar los precios de los posgrados profesionalizantes, pero tras ganar las elecciones su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, lanzó en junio de 2021 la promesa de bajar sus precios.

“No parece justificado ―ni tampoco acorde con la ley― que los precios de los másteres dependan de si habilitan [más baratos] o no para el ejercicio de una profesión regulada en España, pues ello no tiene que ver con el coste del servicio”, se queja el observatorio en el informe. El coste está relacionado con el nivel de experimentalidad. No se requieren los mismos medios técnicos para un máster en oncología, ortodoncia o genética vegetal que en uno de sociología o historia.

El limbo de los másteres de precio diferenciado

El entonces ministro José Ignacio Wert (PP) permitió en 2012 que, por “la singularidad de determinadas titulaciones y su grado de experimentalidad”, algunos estudios pudiesen tener un precio diferenciado que se saliese de la tabla que fijan las comunidades. Ninguna carrera tiene, sin embargo, un coste especial, pero sí se ofertan 83 másteres oficiales con precio diferenciado. Al modificar un apartado del artículo 81 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en 2020 ―para abaratar las carreras― este trato excepcional ha desaparecido del texto, dejando en un limbo estos másteres de precio más caro. Desde el ministerio se asegura que al ser másteres no profesionalizantes su precio está congelado.

Vera Sacristán, directora del OSU, interpreta que al desaparecer el párrafo de la LOU los precios de los másteres de precio diferenciado se deberían de equiparar al del resto. Y recuerda que en el curso 2020-2021, tras la modificación de la LOU, Aragón terminó con el precio especial a la baja de dos másteres de ingeniería en la Universidad de Zaragoza, y Cantabria, de cuatro del mismo ámbito.

“Constatamos un año más que los másteres a precios diferenciados siguen existiendo. Hay en cinco comunidades: Madrid, con 50; Asturias, con 13; el País Vasco, con 12; la Comunidad Valenciana, con 11, y Murcia, con dos [la comunidad asegura que es uno]”, enumera el informe de la OSU.

Tres comunidades aún no han bajado los precios de las carreras

La primera medida de Manuel Castells como ministro de Universidades fue acordar con las comunidades autónomas en mayo de 2020 reducir los precios de los grados (las carreras) al nivel de 2011 en el plazo de tres cursos (hasta el 2022-2023). Las regiones le echaron en cara entonces que el recorte no fuese acompañado de fondos extra para compensar la menor aportación de las familias. Según los cálculos del observatorio, tres comunidades “todavía no han dado ningún paso para cumplir: Baleares, que debería reducir el precio medio en 29 euros; Madrid, que debería reducirlo en 290 euros, y el País Vasco, cuya reducción debería ser de 48 euros”.

Los precios aumentaron enormemente en el curso 2012/2013 con el llamado tasazo de José Ignacio Wert, que modificó la LOU para forzar a las autonomías a subir las tasas que pagan los estudiantes hasta cubrir entre el 15% y el 25% del coste total de su plaza. Con este sobreesfuezo de las familias se trataba de compensar el tijeretazo presupuestario a las universidades en plena crisis económica. Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra aún no han completado la rebaja en los grados ―otras regiones decidieron hacerlo antes del acuerdo con el ministerio―. Cantabria las ha hecho menguar, aunque no estaba obligada por el pacto.

Las diferencias ente comunidades son desorbitadas. Las carreras más baratas de Madrid ―las menos experimentales― cuestan dos veces y media más que en Asturias. O las más caras de Cataluña, más del doble que en Andalucía.

La brecha es aún más significativa en los másteres no habilitantes. El más caro de Murcia es 4,7 veces más costoso que el más barato de Galicia. Aunque no hay pacto para reducir sus tarifas, algunas comunidades están en ello: Cataluña ―con las tasas más altas― las ha bajado un 40% (1.106 euros); La Rioja, un 11,5%, y Castilla y León, un 18%. Y sorprende la gran diferencia de tarifas dentro también de una región, hasta nueve veces más caro un posgrado que otro.

Nadie pone sobre la mesa las tasas del doctorado que son 6,7 veces más altas en Castilla y León y Cataluña ―las comunidades más caras― que en Andalucía. Y las segundas y sucesivas matrículas siguen siendo altísimas. Las terceras tasas de una materia, según la OSU, multiplican hasta por cinco o seis veces las primeras.

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