Hasta 202 euros al mes de media en Cataluña por estudiar en la concertada: un informe denuncia las cuotas obligatorias que deben pagar las familias

La escuela concertada sigue exigiendo a las familias el pago de cuotas mensuales obligatorias. De los 202 euros de media en Cataluña, a los 133 de Madrid o los 84 de País Vasco. Así lo han denunciado este miércoles la patronal que aglutina a las escuelas privadas (Cicae) y la federación de familias de la pública (Ceapa), en el Estudio de precios de colegios concertados, elaborado por una consultora a través de la metodología mystery shopper, con simulaciones de familias que pidieron información para matricular a sus hijos en el curso 2021-2022. Aunque el análisis se ha centrado en 338 centros concertados de un total de 5.381 en toda España (el 6,2%), abre un debate muy polémico sobre en concepto de qué se cobran esas cuotas (actividades extraescolares) y si se hace en horario lectivo.

La ley educativa establece desde 2006 que “en ningún caso podrán los centros públicos o concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas”. También fija la imposibilidad de “imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios” que requieran aportación económica. Sí se pueden cobrar los servicios complementarios (como autobús o comedor) o las actividades extraescolares “con carácter voluntario”. La última reforma legal (la Lomloe, aprobada el pasado diciembre) especifica además que está prohibido el cobro de cuotas por actividades realizadas dentro del horario escolar o aquellas que sean necesarias para el desarrollo del currículo.

El estudio, que analiza 338 centros de siete autonomías ―además de las citadas anteriormente, en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón las tarifas mensuales se sitúan en los 80 euros de media―, pone de manifiesto que el 87% de los colegios cobra alguna cantidad a los alumnos y que el 45% de los mismos no entrega “hoja de precios” o algún documento que especifique las cuantías de las cuotas que se cobrarán.

Muchos concertados cobran pequeñas cantidades por multitud de conceptos: servicio de enfermería, orientación psicológica, seguro escolar, atención a la capellanía, o, incluso, el proyecto pedagógico del centro. En algunos de los colegios, señala el informe, la jornada lectiva (la que es gratuita) no empieza hasta las nueve o las diez de la mañana, lo que fuerza a las familias a pagar el servicio de madrugadores. Un estudio de la OCU de 2017 calculaba que los hogares gastan de media al año 841 euros en enseñanza si el niño está matriculado en un colegio público, 1.856 en un concertado y 4.086 en un privado.

La presidenta de Ceapa, Leticia Cardenal, ha criticado que algunos centros concertados utilicen el “subterfugio de ubicar las actividades complementarias en medio de la mañana para que a las familias no les quede más remedio que pagar”. “Facilitan la conciliación, pero siempre previo pago de una cuota”, ha lamentado.

Elena Cid, directora de Cicae, ha señalado que una parte de la concertada “incumple” y recibe una doble financiación pública y privada cobrando cuotas elevadas, mientras que otros centros no las exigen o son muy reducidas. “Estamos expectantes por comprobar si la Lomloe significará el primer paso para que las actividades complementarias de carácter permanente no estén dentro del horario escolar y que así se garantice la voluntariedad de su asistencia”, ha transmitido.

El problema de la infrafinanciación

En 2009, el gasto en conciertos educativos en España fue de 5.891 millones de euros. En 2018, ascendió a 6.339 millones, lo que supone un aumento de 448 millones, un 7,6% más, según reflejan las estadísticas del Ministerio de Educación. El resto del gasto público a instituciones de educación no universitaria se redujo en 1.553 millones, un descenso del 5%. Ese incremento no ha solucionado la falta de financiación crónica de esta red educativa, en la que la Administración paga el salario del profesorado. El agujero es compensado por las aportaciones, vetadas por la ley, que realizan los padres a los centros.

Desde que se pusieron en marcha en 1985 con los socialistas en el Gobierno, los módulos de concierto no se han tocado. La intención del Ministerio de Educación es que una nueva comisión ―con presencia de las patronales de la concertada y los sindicatos― “valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad” para incluir sus conclusiones en el plan de incremento del gasto público. Los concertados argumentan que cobran las cuotas “voluntarias” para paliar su déficit en las cuentas por la infrafinanciación pública.

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