Un derecho humano que debe unirnos a todos

Desde hace ya mucho tiempo existe un debate en nuestra sociedad sobre la educación inclusiva y los centros de educación especial. El debate, que se ha acrecentado con la reciente aprobación de la nueva ley educativa (Lomloe), se plantea como si hubiese dos posiciones antagónicas de imposible entendimiento, pero en realidad ese entendimiento está a nuestro alcance.

Partamos de unos consensos básicos que ya hemos alcanzado: una sociedad justa es la que respeta los derechos humanos; uno de los derechos humanos más trascendentales es el derecho a la educación. Con su ejercicio se pretende alcanzar dos fines esenciales: el libre desarrollo de la personalidad y la formación en los principios democráticos y los derechos humanos.

Más información

Así afectarán los cambios en la nueva ley educativa a la vida real de las escuelas

Esos consensos básicos hacen que coincidamos en la necesidad de construir un sistema educativo que permita que todos los niños puedan ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones. Es decir, que compartimos un ideal común: construir un sistema educativo que sea capaz de adaptarse a las diversas necesidades, capacidades, potencialidades y preferencias educativas de cada niño. Ese sistema educativo es el que se defiende desde el modelo de los derechos humanos, por eso el derecho humano a la educación sólo puede ser inclusivo, y es perfectamente realizable. Exigirá un considerable esfuerzo y se alcanzará cuando haya voluntad y, con ello, los recursos humanos y económicos adecuados.

La Lomloe, sin embargo, solo supone un avance dentro de un modelo injusto, en cuanto vulnerador del derecho a la educación, como concluyó el Comité de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nuestro actual sistema es un desastre injustificable porque no proporciona los apoyos necesarios para que muchos niños con discapacidad puedan educarse en la escuela ordinaria, y lo peor es que ni siquiera está pensado para que todos los niños puedan ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones. La Lomloe solo propone un plan para mitigar la falta de apoyos, pero mantiene la estructura injusta del sistema educativo.

El debate actual es en buena medida falso y la Lomloe no da soluciones adecuadas. El objetivo nunca ha sido cerrar los centros de educación especial; el objetivo siempre ha sido construir un sistema educativo en donde los centros de educación especial no tengan cabida porque todos y cada uno de los niños puedan, por fin, satisfacer plenamente su derecho a la educación. La Lomloe es una ocasión perdida; pero siempre es un buen momento para empezar. En la consecución de ese objetivo tendríamos que estar todos unidos, al menos todos los que defendamos el modelo de los derechos humanos.

Ignacio Campoy es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III.

Siga EL PAÍS EDUCACIÓN en Twitter o Facebook

Apúntese a la Newsletter de Educación de EL PAÍS