La crisis del coronavirus

CSIF alerta de que más de la mitad de los profesores prometidos por las comunidades no se ha incorporado aún

El sindicato afirma que faltan 23.000 de los cerca de 38.000 docentes comprometidos para reforzar las plantillas en un curso marcado por la pandemia del coronavirus

Una docente del colegio Jesús y María de Valencia, se saluda con una alumna durante el primer día de la Comunitad Valenciana.
Una docente del colegio Jesús y María de Valencia, se saluda con una alumna durante el primer día de la Comunitad Valenciana.BIEL ALIÑO / EFE

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que casi el 60% de los profesores comprometidos por las comunidades autónomas no se ha incorporado aún en los centros educativos. El sindicato asegura que de los 38.000 docentes que los ejecutivos autonómicos han prometido contratar para reforzar las plantillas por la covid, faltan 23.000 profesores por incorporarse a su puesto, a pesar de que el curso escolar ha comenzado este lunes en varias comunidades. “Decían que estaban preparadas, pero los datos no indican eso. A día de hoy se están realizando adjudicaciones en Madrid, Extremadura y Aragón”, ha subrayado este lunes Mario Gutiérrez, presidente del Sector Nacional de Educación de CSIF, en una rueda de prensa virtual desde la sede de la organización.

CSIF, uno de los sindicatos principales en el sector público en España, critica la “falta de liderazgo y de previsión” de las Administraciones medio año después del cierre escolar decretado en la primera ola de la pandemia en España y la “absoluta dejación y abandono” a los docentes y familias. Mantiene que la responsabilidad es compartida entre el Gobierno y las comunidades autónomas, porque las competencias educativas están compartidas. “No hay ninguna comunidad que haya hecho los deberes de manera sobresaliente [en el inicio del curso escolar]”, ha afirmado Gutiérrez.

El problema más importante al que se enfrentan los colegios es la falta de personal, según CSIF. Las Administraciones han reforzado las plantillas con 32.782 personas interinas, pero el 53,4% de las mismas han ido destinadas a cubrir las 17.529 jubilaciones producidas este año. “Por este motivo, la ratio no ha bajado, salvo en algunos grupos de infantil y primaria y con unas situaciones muy dispares en función de las características de cada centro educativo”, ha explicado Gutiérrez. En todo caso, los números no son suficientes. CSIF calcula que se necesitarían 40.000 profesores más este curso de los que había para alcanzar las ratios de entre 15 y 20 alumnos por aula recomendados por los ministerios de Sanidad y Educación.

Las comunidades autónomas que más profesores interinos adicionales han contratado con respecto al año anterior han sido Cataluña (6.811), la Comunidad de Madrid (4.901), la Comunidad Valenciana (2.651) y Castilla-La Mancha (1.261), según datos de CSIF. Las autonomías que no han hecho aún ninguna incorporación docente adicional con respecto a las prometidas son Canarias (con 2.500 profesores de refuerzo anunciados), País Vasco (1.513), Asturias (565) y Aragón (430).

Además, el sindicato ha detectado en el inicio del curso “problemas de espacio” y “dificultades de organización”. Hay escasez de material o este es de mala calidad, según CSIF. Asegura que los termómetros para la toma de temperatura de los alumnos no han llegado a todos los colegios. “El protocolo no se ajusta a la realidad de los centros. Pretenden que pasen por una sola puerta 600 alumnos y tengan que ir tomándoles la temperatura uno por uno. Es imposible hacerlo sin formar aglomeraciones y sin ocupar toda la mañana en ello”, ha afirmado Gutiérrez. Asimismo, CSIF denuncia que los coordinadores covid —la nueva figura impuesta por el Gobierno para la prevención y detección de casos covid en los centros educativos— comienzan el curso sin formación y muchos centros, sin profesionales sanitarios.

Los protocolos han obviado al profesorado, según CSIF. “Solo se puede llegar a un pacto educativo si se parte de cuestiones profesionales”, ha subrayado Gutiérrez. Por lo tanto, el sindicato acudirá a los servicios de inspección y evaluación de riesgos laborales para garantizar la seguridad en las aulas y la protección de docentes, especialmente del personal de riesgo —el 33% de los docentes en España tiene más de 55 años—. Además, ha reclamado una inversión mínima por alumno de unos 5.800 euros anuales.

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