EDUCACIÓN

La Fiscalía advierte que actuará contra el absentismo escolar injustificado por miedo a la covid

El ministerio público sale al paso del movimiento de familias que no quieren escolarizar a sus hijos y recuerda que la escolarización es obligatoria hasta los 16 años

Protesta contra la falta de seguridad de los centros educativos en Sevilla, promovida por los colectivos Escuelas de Calor y Marea Verde Andaluza, este martes.
Protesta contra la falta de seguridad de los centros educativos en Sevilla, promovida por los colectivos Escuelas de Calor y Marea Verde Andaluza, este martes.PACO PUENTES / EL PAÍS

La Fiscalía General del Estado ha advertido este jueves a los padres que la escolarización es obligatoria desde los seis a los 16 años y que ejercitará la “acción penal” contra los progenitores que desobedezcan el mandato de forma repetida y sin una “justificación clara”. Con el aviso, difundido a través de una nota de prensa, el ministerio público sale al paso del movimiento impulsado en las redes sociales por familias que han anunciado su intención de no llevar a sus hijos al colegio al considerar que las autoridades educativas no han adoptado suficientes medidas para evitar los contagios de coronavirus. La advertencia se suma a las que han emitido en las últimas semanas en la misma dirección el Ministerio de Educación y varios Ejecutivos autonómicos.

La “preocupación por la garantía de la salud es comprensible y compartida”, señala la Fiscalía, pero pese a ello, prosigue, la asistencia presencial de los alumnos “constituye una obligación ineludible para los padres o tutores de los menores afectados”. Y su “desatención voluntaria, injustificada y persistente acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad”.

El absentismo puede constituir un delito de abandono familiar, cometido por los progenitores o tutores, recogido en el artículo 226 del Código Penal, que se castiga con penas de multa, prisión (hasta seis meses) y pérdida de la patria potestad por un periodo de hasta 10 años.

Después de unificar los criterios de las secciones de menores provinciales para que todas actúen igual ante los casos de “absentismo escolar derivados de la crisis del covid-19”, la Fiscalía señala que seguirá el protocolo establecido para estos casos, pero teniendo en cuenta las circunstancias de cada familia.

Cuando un alumno no asista al centro, este informará a los servicios sociales para que intente reconducir la situación, indica la Fiscalía. Si la conducta “no justificada” persiste, el asunto será elevado al ministerio público. La sección de menores analizará entonces “individualmente las circunstancias concurrentes en cada caso, modulando la adecuación de la respuesta institucional a la situación concreta de los alumnos afectados y sus respectivas familias, tomando en consideración la actual situación de pandemia derivada del COVID-19, y el singular escenario derivado de los riesgos sanitarios presentes no solo en el ámbito escolar, sino también en el familiar”. Y en aquellos casos “que carezcan de justificación clara y terminante” emprenderá acciones penales contra los padres o tutores del menor.

Esther Ligero, presidenta de la asociación canaria de familias de hijos con diabetes tipo 1 Apadi e impulsora de la campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org Por una vuelta al cole segura para todos, una de las vías a través de la cual se ha articulado el movimiento absentista, afirma que no va a cambiar su decisión de no llevar a su hijo a la escuela. “No nos vamos a rendir, tenemos nuestros derechos. Defendemos el derecho a la educación, pero el derecho a la salud está por encima”, sostiene. Ligero reclama que se permita a las familias optar por una enseñanza a distancia similar a la del curso pasado. “No es solo por la salud de hijos como el mío, que padece diabetes, sino porque en muchas casas se convive con abuelos o con personas enfermas de cáncer”.

“Pensamos”, añade Clara Sáenz de Tejada, miembro de la federación murciana de padres FAPA-RM y también promotora de la campaña de recogida de firmas en Change.org, “que el miedo de las familias se ha generado al ver que no están poniendo los medios necesarios para que las escuelas sean seguras”. “En mi región no pueden reunirse más de seis personas que no sean convivientes, pero en el colegio van a estar 20 o 24 alumnos durante cinco o seis horas cinco días a la semana. Queremos educación presencial y segura para todos con las medidas adecuadas, porque la opción de no llevarlos genera desigualdad y para la mayoría no es una opción”.

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