Los profesores andaluces se rebelan contra los planes de vuelta a clase

“Somos maestros, no superhéroes y tenemos que planificar un arranque de curso en el que se nos exige hacer cosas que no podemos. Aunque me dotaran de más profesores, necesitaría un colegio más grande para garantizar la seguridad. Con mimbres solo podemos hacer canastos, no jarrones de la dinastía Ming”. Así de rotunda ilustra su angustia Adela, una maestra de un colegio de la zona del Polígono Norte de Sevilla —una de las más humildes de la capital—, que prefiere no dar su nombre real ni el del centro. El próximo 1 de septiembre asumirá el cargo de directora.

Su escuela se ha adherido a la carta que esta semana han remitido a la Consejería de Educación 60 centros educativos de la capital andaluza en la que muestran su rechazo a que se haya cargado sobre los centros la responsabilidad de elaborar los protocolos de seguridad frente al coronavirus. Las escuelas advierten de la imposibilidad de cumplirlos por falta de profesores y de medios. Un malestar que se extiende por toda la región y al que se acaban de sumar los centros de la provincia de Sevilla y que comparten las asociaciones de familias, los sindicatos y muchos Ayuntamientos.

Las instrucciones que la Consejería de Educación hizo públicas el 6 de julio aluden a la “autonomía de los centros” y dejan en manos de los equipos directivos toda la responsabilidad en la redacción de un protocolo de actuación covid-19. En ese documento, los directores deben establecer las medidas de seguridad respecto a la entrada y salida a los centros, los desplazamientos de los alumnos por los mismos, su distribución en las aulas, o el desarrollo de los servicios de aula matinal o comedor. Además, deben contemplar la actuación a seguir en caso de sospecha o confirmación de un positivo, así como el establecimiento de grupos reducidos de convivencia escolar, conocidos como “grupos burbuja”, cuyo fin es conseguir que los estudiantes permanezcan aislados del resto de grupos y estén atendidos únicamente por uno o dos docentes.

“No tenemos clara nuestra responsabilidad porque no tenemos capacidad de decidir sobre asuntos sanitarios, somos maestros, no expertos en salud”, señala Miguel González, presidente de la Asociación de Directores de Institutos Andaluces. “Hay mucho nerviosismo e incertidumbre”, añade.

La alta ratio de alumnos por centro, la falta de espacio en los centros públicos para desdoblar clases o incluso poder circular por los pasillos y la inviabilidad de los “grupos burbuja” —en los que la Consejería de Educación ve una garantía para reducir el riesgo de contagios— son los principales quebraderos de cabeza de los directores a la hora de planificar el próximo curso. “Mi centro ya está hacinado y es imposible asegurar la distancia de seguridad. Tengo un aseo con cuatro baños para 12 cursos de primaria y la mitad deben permanecer cerrados. Solo con que vayan al servicio ya se rompe el aislamiento de los grupos burbuja”, expone Adela.

Las familias también comparten esa preocupación. “Se nos está trasladando una sensación de absoluta normalidad respecto a la vuelta al cole, cuando todo es anormal. Ahora es cuando se debería hablar de inversión extraordinaria, de bajada de ratios, pero se pide que se adopten medidas adicionales con el mismo presupuesto o menos que el año anterior”, advierte Marina Jiménez, presidenta de Fampa Sevilla, que también ha suscrito la carta remitida a Educación. “Nuestros hijos van a pasar cinco horas al día todos juntos en un lugar donde es imposible guardar las medidas de distanciamiento y, si hay un contagio, los responsables van a ser los centros, no la Administración”, advierte. Jiménez muestra su preocupación sobre el descenso de las horas lectivas si se llevan a la práctica las entradas y salidas escalonadas a las aulas y al recreo.

“Se nos ha devuelto la autonomía alegando que los centros son los que mejor conocen lo que pasa y los más capacitados para adaptarse a la nueva contingencia, pero es una autonomía envenenada”, sostiene Adela. En las instrucciones de la Junta se establece la creación de una comisión covid en la que, entre otros, estará presente un profesional de la sanidad, que hará de enlace con el centro de salud de referencia, y un miembro del Ayuntamiento, que ayudará en cuestiones técnicas. “En las grandes ciudades aún no se nos ha dicho quién va a ser nuestro enlace y tampoco tenemos autoridad para llamarlos y exigirles que asistan a las reuniones”, advierte la maestra.

Otro de los grandes obstáculos a la hora de realizar la planificación es el desconocimiento por parte de los centros de con cuántos profesores de refuerzo van a contar —de los más de 4.000 contratados por la consejería— y cuándo se van a incorporar. El pasado jueves, el departamento que dirige Javier Imbroda, aseguró que “en los próximos días” se daría a conocer la adjudicación definitiva de destinos del profesorado y la distribución horaria de los coordinadores covid, una figura encargada de la aplicación del protocolo y a la que se liberará de horas lectivas.

Durante la primera quincena de julio, los inspectores de educación se reunieron con los equipos directivos para ofrecerles una serie de pautas para la elaboración de los protocolos. “Estamos preocupados porque tienen un desconocimiento absoluto sobre cómo afrontar lo que se les pide”, explica Juan Ruiz, expresidente de Inspectores de Andalucía, que informa de que algunos centros ya han manifestado que contratarán a una empresa externa para que elabore el protocolo.

Hay centros, como uno de Bormujos (Sevilla), en los que el equipo directivo ha dimitido al verse “incapaz” de asumir las directrices de la consejería, tal y como señalan en la carta remitida a la Consejería de Educación.

Otro de los asuntos que provocan recelo entre los directivos y los padres es que ese protocolo covid, la base para tratar de evitar contagios, no se supervisará por ninguna autoridad educativa o sanitaria una vez terminado. “Debe estar listo entre el 1 y el 10 que es cuando empiezan las clases de primaria o el 15, que empieza Bachillerato”, señala Adela. “Pero antes tenemos que comunicárselo a los padres”, advierte. “Son docentes, no son expertos y les estamos dando una responsabilidad que no es acorde con sus conocimientos, en las empresas esos planes los realiza el departamento de recursos humanos o de prevención de riesgos laborales, aquí los tendremos que aprobar en el consejo escolar y si luego hay contagios la administración dirá que la comunidad educativa ha validado el protocolo”, insiste Jiménez.

Las instrucciones dejan poco margen para las iniciativas de los centros de cara a ganar en coordinación y eficacia. “A nosotros nos gustaría poder desdoblar y que las clases de la ESO fueran por la mañana y las de Instituto por la tarde, pero para eso se necesita más profesorado, o hacer clases semipresenciales, y la Consejería solo contempla presencial u online, sin término medio”, explica González. Desde su asociación están preparando una carta que remitirán a la Consejería para tratar de que se les libere de la responsabilidad que supone delegar en la dirección la coordinación de las actuaciones sin tener la formación necesaria.

Los sindicatos y muchos Ayuntamientos se han adherido a las reivindicaciones de los docentes y los padres. La presión ante la indefensión de los centros frente a la pandemia es tal que la Consejería ha convocado la mesa sectorial y de enseñanza para el próximo martes para abordar el arranque del nuevo curso escolar.

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