Nuevas transiciones, ¿mayor inseguridad económica?

La distribución de la renta en los países ricos durante las últimas décadas desafía el arraigado supuesto de que el crecimiento económico reduce por sí mismo las disparidades de ingresos y mejora automáticamente el bienestar social. Incontables estudios muestran que el crecimiento económico agregado no beneficia de manera uniforme a todos los grupos de población y que las diferencias de renta han aumentado en la mayoría de los países de la OCDE desde los años ochenta. Este aumento de la desigualdad se debe, por un lado, al incremento de las diferencias salariales relacionadas con los cambios tecnológicos que favorecen a los trabajadores cualificados, la globalización y el debilitamiento de las instituciones del mercado laboral, y, por otro, a la mayor concentración de las rentas de capital. Paralelamente, la menor capacidad redistributiva de las políticas públicas no ha mejorado la situación.

Las tendencias recientes indican que a estos determinantes estructurales se han añadido nuevos riesgos sociales asociados con la descarbonización y la digitalización de la economía. Las personas con menos recursos son las más propensas a verse afectadas por el cambio climático y el creciente uso de tecnologías y sistemas para realizar tareas con mínima o ninguna intervención humana. Aunque estos procesos pueden ofrecer nuevas oportunidades de empleo en algunos sectores, afectarán de manera desproporcionada a los trabajadores con baja y media cualificación, con el resultado de una ampliación de las brechas sociales.

Para abordar este reto, es esencial el diseño de mecanismos de protección que prevengan la vulnerabilidad de determinados segmentos de la población y compensen estos nuevos riesgos, asegurando que los beneficios de las nuevas transiciones se distribuyan de manera equitativa. Los sistemas de impuestos y prestaciones europeos son esenciales para mitigar los riesgos económicos y garantizar la seguridad de los ingresos, fomentando así la cohesión social. Su impacto es mayor en los países de la Unión Europea con mayor presión fiscal y sistemas de protección social más generosos, que no solo contienen la desigualdad, sino que también mejoran la movilidad entre generaciones en la escala social.

Durante las últimas crisis económicas, como en la Gran Recesión y, sobre todo, la pandemia, estos sistemas han mostrado una notable resiliencia, ayudando a estabilizar el bienestar de los hogares y mitigando el impacto sobre la desigualdad de los ingresos y la pobreza. Las respuestas políticas durante la primera de esas crisis estabilizaron la desigualdad en algunos países, aunque en otros, como los del sur de Europa, las medidas de austeridad presupuestaria tuvieron efectos adversos. Durante la pandemia, las medidas desarrolladas moderaron notablemente el impacto en los ingresos de los hogares. A pesar de estos éxitos relativos, la UE se enfrenta a importantes desafíos para armonizar la efectividad de estos sistemas entre los Estados miembros y adaptarlos a los nuevos cambios económicos y sociales.

Uno de ellos es dar respuesta al problema de la inseguridad económica, caracterizada por el temor a la pérdida del empleo y la inestabilidad financiera. Hay un amplio consenso respecto a la incertidumbre de los riesgos económicos futuros y las mayores dificultades que tendrán los hogares para recuperarse de posibles shocks. Esta creciente inseguridad también se refleja en la mayor ansiedad por mantener los niveles de ingresos y gestionar su deuda. La exposición continua a cambios en la situación económica personal limita la capacidad para desarrollar proyectos futuros, al tiempo que impide cumplir con las obligaciones financieras diarias. Los efectos de la inseguridad económica afectan también a la economía en su conjunto, dada su influencia en las decisiones de inversión, consumo y oferta de trabajo.

Entre los canales en los que se manifiesta la inseguridad económica, uno de los más directos es el de la fluctuación de los ingresos. Las caídas de renta inesperadas pueden tener efectos muy negativos en las experiencias de vida de muchas personas. Son precisamente los trabajadores que experimentan inseguridad de ingresos los que se enfrentan a mayores riesgos derivados de la automatización y los que tienen menos probabilidades de aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de inteligencia artificial. Quienes experimentan inseguridad de ingresos también tienen más probabilidades de carecer de seguridad laboral, lo que los hace vulnerables a caer en los huecos de unos sistemas de protección social no adaptados a los mercados laborales modernos.

Cuanto mayor sea el problema de la inestabilidad de los ingresos, mayores serán las barreras para el funcionamiento del ascensor social en cualquier sociedad. Una de las consecuencias negativas de esta inestabilidad es que frecuentemente coincide con la falta de colchones financieros. En los países de la UE, una de cada seis personas en edad de trabajar no cuenta con suficientes activos líquidos para mantenerse fuera de la pobreza más de tres meses y vive, además, de ingresos que son altamente inestables.

Existe una diversidad de patrones dentro de la Unión Europea en el alcance de esta realidad. En términos generales, los países con modelos de Estado de bienestar socialdemócratas se caracterizan por una fuerte estabilidad de ingresos de la mayoría de la población, mientras que en los mediterráneos y en los anglosajones la inestabilidad es mayor. En España, cerca de un 14% de los trabajadores sufren anualmente caídas superiores a un 25% de sus ingresos del año anterior, una cifra solo superada por Polonia y Hungría dentro de la UE. En ausencia de prestaciones monetarias, esta situación afectaría a uno de cada cuatro trabajadores, lo que supone una capacidad del sector público para moderar su incidencia claramente por debajo de la media de la UE.

Persiste, por tanto, un importante problema de inestabilidad de ingresos en nuestra sociedad. Para abordarlo, las políticas públicas y, en particular, los sistemas de impuestos y prestaciones deben desempeñar un papel central. Para que las medidas sean efectivas deberían incluir nuevos instrumentos específicamente diseñados para estabilizar los ingresos y proporcionar seguridad financiera, reduciendo así la vulnerabilidad ante los shocks económicos y facilitando una mejor gestión de riesgos ante las transformaciones sociales en curso.