El riesgo de usar la sostenibilidad como arma política

Sea cual sea el resultado de las urnas el 5 de noviembre, la campaña presidencial de Estados Unidos nos deja un caso de estudio sobre la polarización en torno a la sostenibilidad. De la retórica inflamatoria se pasa rápidamente a las medidas electoralistas y, con ellas, a un efecto que no solo es real y perjudicial para el futuro de nuestro planeta, sino que pone en riesgo décadas de avances.

Inmersa en pleno crecimiento de la reacción contra las políticas verdes y de los partidos de ultraderecha, Europa haría bien en tomar nota.

La politización de la inversión con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos ayuda a entender en toda su amplitud la batalla contra la sostenibilidad. He conocido a cientos de inversores ESG desde que empecé a estudiar la eclosión de la inversión responsable en todo el mundo. Es cierto que sus defensores suelen ser progresistas y sus detractores conservadores, pero ello no explica el ataque coordinado que la extrema derecha republicana viene lanzando contra la inversión ESG desde 2020.

Desde hace más de 20 años, los criterios ESG y la sostenibilidad en general han ido ganando terreno poco a poco en el mundo de las finanzas. Pero fue sobre todo a partir de la crisis financiera de 2008 que los grandes inversores institucionales comenzaron a valorar específicamente las características ambientales, sociales y de buen gobierno de las empresas. La inversión ESG sirve como instrumento para mitigar los riesgos relacionados con los grandes desafíos ambientales y sociales, especialmente el riesgo climático. Cuando estiman que los riesgos son demasiado altos, como en el caso de las empresas de combustibles fósiles por su más que probable pérdida de valor debido a la descarbonización, los inversores ESG reducen o incluso se deshacen de su participación en esas compañías.

Durante su paulatina integración en el sector financiero, los criterios ESG no dejaron de ser un término técnico más bien desconocido, sin apenas connotaciones políticas. Pero todo cambió en los últimos cinco años. Los ESG, junto con la diversidad, igualdad e inclusión (DEI, también por sus siglas en inglés), acabaron metidos en el mismo saco de un supuesto plan woke para tomar el control de Estados Unidos. Tras tildarlos de “la mayor estafa del siglo XXI”, el empresario conservador Vivek Ramaswamy aseguró que los ESG habían permitido que grandes instituciones financieras usaran capital privado para promover una agenda política alrededor del cambio climático y la diversidad. Estas ideas fueron utilizadas políticamente por destacados líderes republicanos. Para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, los ESG amenazaban directamente “la economía estadounidense, la libertad económica individual y nuestra forma de vida”.

Otras voces utilizaron la misma retórica, asociando los ESG a la élite de las firmas financieras globales y las amenazas contra el capitalismo y las libertades fundamentales. La utilización de las críticas contra el ecopostureo como arma política también benefició al campo anti-ESG. El ecopostureo es un problema real y las críticas podrían haber servido para impulsar reformas, pero en un contexto político tan polarizado se convirtieron en un arma retórica para los anti-ESG, además de forraje para los medios conservadores.

También se involucró la asociación ultraconservadora Federalist Society, conocida por promover el giro a la derecha de la judicatura estadounidense. Según The New York Times, los lobistas de la Federalist Society ampliaron su red de organizaciones y orquestaron campañas contra las políticas DEI y ESG corporativas. La descarbonización de las inversiones del sector financiero, que ya comenzaba a ser evidente gracias a la aplicación de criterios ESG, empezaba a asustar a las empresas de combustibles fósiles, que recibirían menos capital.

Los ataques contra la inversión ESG no solo fueron retóricos. Varios Estados controlados por los republicanos, y con fuertes intereses en los combustibles fósiles, boicotearon legislativamente a las grandes gestoras de activos que, como BlackRock, habían incorporado los criterios ESG a sus políticas de inversión. Así, se prohibió a los fondos de pensiones estatales que recurrieran a más de 300 vehículos de inversión.

¿Se ha conseguido con todo ello matar la inversión ESG en Estados Unidos, como sugería recientemente un vídeo del Financial Times? Sí que se ha ralentizado y, de hecho, los fondos ESG llevan dos años consecutivos de desinversiones. BlackRock y la mayoría de las grandes gestoras de activos han adoptado un perfil más bajo e incluso dejado de usar el término ESG. Aun así, parece que la integración de los criterios ESG en el proceso de inversión sigue su curso.

Otra presidencia de Donald Trump sería un desastre para los criterios ESG y la agenda de la sostenibilidad en general. Más allá de que se dé marcha atrás en muchas iniciativas verdes en Estados Unidos, la sostenibilidad es un reto global que precisa de la cooperación multilateral, y Trump no oculta su desprecio por el multilateralismo.

Independientemente del resultado de las elecciones, el campo ESG necesita reagruparse. Y no basta con cambiar las siglas, pues el ataque político contra la inversión responsable seguiría dándose con cualquier otro nombre. El verdadero reto es reparar el daño que ha causado su politización. En una encuesta realizada el año pasado, el 57% de los votantes estadounidenses nunca había oído hablar de los criterios ESG. Pero las actitudes respecto a este tema, especialmente entre la población general, suelen estar polarizadas. Ocurre otro tanto con el cambio climático. En 2023, tan solo el 23% de los republicanos conservadores creía que la actividad humana estaba detrás del calentamiento global, frente al 82% de los demócratas progresistas. En un sondeo de este año, apenas el 37% de los republicanos moderados y el 13% de los republicanos conservadores piensan que el calentamiento global debería ser una prioridad alta para el Gobierno.

El cambio climático es un problema global y todos sufriremos las consecuencias de no hacer nada, por lo que debemos crear nuevos relatos sobre este y otros retos de la sostenibilidad que superen la polarización actual, pero sin comprometer una acción decidida.

Asimismo, es un error poner el foco en los beneficios económicos. Hay quien dice que deberíamos centrarnos en demostrar que la inversión ESG genera una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. No podría estar más en desacuerdo. La materialidad financiera es importante, pero aún lo es más demostrar que las inversiones ESG pueden tener impacto en cuestiones sociales y ambientales tan trascendentales como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la biodiversidad.

En definitiva, deberíamos redoblar la apuesta por los valores y animar a supervisar más, no menos, si las empresas actúan en consonancia con los suyos. Sea quien sea el próximo presidente —o presidenta— de Estados Unidos.