Una guía para invertir de forma responsable

Menos de seis meses después de su publicación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Código de buenas prácticas para inversores institucionales, gestores de fondos y asesores de voto en relación con sus deberes respecto de los activos conferidos o los servicios prestados va tomando impulso y sumando adhesiones.

El 27 de junio se anunció la solicitud de adhesión por parte de cinco gestoras, que se suman a Corporance, los primeros en unirnos en nuestra condición de asesores de voto. Quisimos dar ejemplo y animar a los inversores a dar un paso al frente en su estrategia responsable y sostenible. El aliciente de cinco puntos para los firmantes del Código como incentivo en la licitación para gestionar los fondos de pensiones de empleo de promoción pública ha ayudado a las gestoras, que analizaban con prudencia su decisión.

El Código de buenas prácticas para inversores, en su denominación corta, es una excelente noticia para el mercado español, que se sitúa así al nivel de más de 20 países e instituciones internacionales (como EFAMA o ICGN), con códigos similares. El primero, el Stewardship Code del Reino Unido (2010), en el que se inspira el código español. Después de cinco códigos de buen gobierno para sociedades cotizadas, tocaba el turno de los accionistas, la otra parte de la implicación (o engagement) entre las compañías y sus dueños.

En la práctica el Código no debería suponer mayores tareas ni responsabilidades de las existentes bajo la Directiva (UE) 2017/828 de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas (“SRD II”). Al contrario, el Código clarifica y enmienda algunas carencias de esta normativa, como la definición de actividades de implicación o la importancia del voto, detallando las obligaciones de actuación e información. En ese sentido, llega al mercado español en el momento oportuno. Para su elaboración, la CNMV convocó un grupo consultivo de 20 expertos de la industria en julio de 2021, en el que tuvimos el honor de participar representando a los asesores de voto.

El Código es de libre adhesión y consta de siete principios de obligado cumplimiento para las entidades que se adhieran, bajo el principio “cumplir y aplicar” (versus el “cumplir o explicar” del Código para emisores, que no es voluntario), si bien el principio de proporcionalidad sirve de contrapeso. El periodo transitorio de tres años, al que se han acogido las cinco gestoras firmantes, ayuda a una progresiva implantación.

Siguiendo el principio 1 (estrategia a largo plazo), los firmantes deben definir sus objetivos en materia de sostenibilidad y explicar cómo integran los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en sus decisiones de inversión. A partir de ahí deberán realizar un seguimiento de las compañías (principio 2), desarrollar una política de implicación coherente (principio 3), ejercer el derecho de voto en las juntas (principio 4), y publicar anualmente un informe de actividades realizadas y resultados obtenidos (principio 5). Adicionalmente, deben gestionar adecuadamente sus conflictos de intereses (principio 6) y su política retributiva interna (principio 7), en línea con los objetivos marcados.

Algunas particularidades de nuestro Código incluyen la sensata extensión de su aplicación a todos los inversores, más allá de las aseguradoras de vida o los gestores de fondos de pensiones, como indicaba la directiva. Aunque inicialmente incluía a los proveedores de servicios ASG, finalmente se limitó a los asesores de voto. Por último, se establecen directrices respecto al préstamo de valores: no usarlo como medio de captar votos (prestatario) y poder recuperar las acciones prestadas para votar (prestamista). Buenas medidas para un mercado inexistente para las gestoras españolas por falta de regulación sobre un negocio necesario y rentable, que proporcionaría ingresos adicionales para compensar con creces los nuevos costes que supondrán la implicación y el voto.

La última versión del UK Stewardship Code (2020) contiene nueve principios para propietarios y gestores de activos y seis para proveedores. Su promotor, el Financial Reporting Council (FRC), publicó la revisión tras la última ronda de aplicaciones en octubre 2022: un total de 254 entidades firmantes (desde 235) de las que 179 son gestoras, 58 propietarios de activos y 17 proveedores. Destaca la expulsión del código del proxy advisor Institutional Shareholder Services (ISS), junto con otras 16 entidades que no cumplieron los estándares exigidos por el guardián del gobierno corporativo inglés. En comparación, en España queda mucho camino por recorrer, pero ya ha empezado. Animamos a los inversores a unirse. ¿Qué viene ahora? El primer paso es desarrollar con convicción una actitud de diálogo con las compañías por parte del accionista y la integración de los factores de sostenibilidad en la inversión. El FRC define stewardship como “supervisión, gestión e inversión responsable de capital para crear valor a largo plazo para clientes y beneficiarios que produzcan beneficios sostenibles para la economía, el medio ambiente y la sociedad”.

En cuanto a su alcance, es importante que se terminen de definir todos los aspectos de la sostenibilidad, eje de la inversión responsable. Esto incluye la taxonomía, la información bajo la Directiva de Divulgación (SFRD, en inglés), así como las Directivas de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD) y Diligencia Debida (CSDDD), ambas para emisores, de forma que exista un marco claro y comparable. Por otra parte, la revisión en curso sobre las agencias y proveedores de datos y servicios ASG (ESG ratings) ayudará a clarificar el panorama, y aumentará la transparencia y las mejores prácticas. EL FRC ya ha anunciado la creación de un código para estos proveedores y los supervisores mundiales (IOSCO, ESMA, SEC, FCA) revisan su metodología, ante la preocupante dispersión de las calificaciones sobre emisores y los conflictos de intereses (consultores que emiten ratings sobre compañías que asesoran). ESMA convocó recientemente una reunión para revisar la regulación sobre asesores de voto, a la que asistimos en representación del mercado español.

Mientras tanto, el énfasis está en la implicación de los accionistas. La Comisión Europea (CE), mediante la Unión de Mercados de Capitales, ha subrayado la importancia del engagement, así como la FCA inglesa y la SEC norteamericana. Instituciones líderes activistas, como PRI, Eurosif o Shareaction, han solicitado a la CE, como prioridad en la renovación de la estrategia de finanzas sostenibles, el refuerzo normativo de la implicación, un estándar sólido y códigos para inversores.

En España ya tenemos hechos los deberes en este sentido, hemos aprendido la teoría y tenemos el Código. Ahora solo queda ponerlo en práctica y aplicarlo en la realidad.

Juan Prieto es fundador y consejero delegado de Corporance Asesores de Voto.

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