Juan M. Prieto: el español que susurra a los grandes fondos

Juan M. Prieto desarrolló buena parte de su carrera profesional en el Banco Santander. En esta entidad era el responsable de custodia global y prestaba también servicios de banco agente a otras empresas en juntas, salidas a Bolsa, opas y pagos de dividendos. Esta actividad le permitió conocer las relaciones que establecían las compañías cotizadas con sus accionistas. Se prejubiló en 2016 y un año después, con todo este aprendizaje, decidió lanzar Corporance, el primer proxy advisor español. “Un proxy es una entidad especializada en asesorar a los fondos sobre qué votar en las juntas de las empresas en las que han invertido”, resume.

El mercado de los asesores de voto está controlado casi de forma oligopólica por dos grupos anglosajones, ISS y Glass Lewis. Su primacía es una cuestión histórica. En EE UU, por ley, los fondos de pensiones tienen que ejercer sus derechos políticos desde la década de los setenta, obligación que se extendió a los fondos de inversión a principios de este siglo tras escándalos como el de Enron. Los proxy europeos tardaron más en despegar, aunque ahora hay actores locales en los principales mercados. Corporance pertenece a la red continental liderada por la firma francesa Proxinvest, donde intercambian análisis y valoraciones de las compañías. “Normalmente, los inversores usan un proxy global y uno local para asesorarse antes de las juntas. Además, muchos fondos ya tienen sus propios departamentos internos para realizar sus análisis”, señala Prieto. “La gran ventaja de una firma local como la nuestra es la proximidad al terreno, lo que nos permite un mejor conocimiento de las compañías que examinamos”, añade.

En los últimos años, la polémica ha rodeado a los actores dominantes de este mercado, puesto que al mismo tiempo que emitían valoraciones sobre una empresa le ofrecían servicios de consultoría. “La mejor forma de ser independiente es no prestar servicios más allá de tu actividad principal. Las murallas chinas no suelen funcionar”, recuerda Prieto.

Sueldos e independencia

En las juntas españolas, el punto del orden del día que más rechazo suele ser el referido a las retribuciones del consejo. “Hay margen de mejora en todo lo relacionado con la transparencia. Las compañías no deben hacerse trampas al solitario. Para ello deben explicar mejor las métricas que usan y reducir el margen de discrecionalidad que tienen”, señala el fundador de Corporance.

Otro punto caliente de las asambleas anuales son los nombramientos o renovaciones de los puestos del consejo, sobre todo en lo que se refiere a los administradores independientes. “Aunque la Ley de Sociedades de Capital establece los criterios para que una persona sea consejero independiente, hay margen de mejora, sobre todo en lo que se refiere a su remuneración. Si gran parte de los ingresos de una persona dependen de una sola compañía, su nivel de independencia se puede ver comprometido”.

El estallido de casos de corrupción que han salpicado a algunas empresas españolas en los últimos años empieza también a hacerse un hueco en las agendas de los inversores institucionales. “Es una tendencia que les preocupa y que, en algunos casos, está teniendo consecuencias. Ha habido un cambio radical en la percepción de los fondos en esta materia y muchos han dicho basta. Los inversores internacionales creen que los temas de reputación son un riesgo más que afecta al negocio de las compañías”, concluye Prieto.