El impacto del ingreso mínimo vital en la población gitana

La lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión social están sin duda en la agenda de las administraciones públicas, ya sean de ámbito estatal o autonómico. La crisis de 2008 y el shock repentino provocado por la pandemia de la covid-19 a comienzos de 2020 pusieron de manifiesto una imperiosa necesidad de tener una red de seguridad robusta que pueda evitar circunstancias sobrevenidas —como el desempleo o la pobreza— que provoquen una exclusión social duradera a quienes lo sufren.

La aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) en 2020 va precisamente en esa dirección: aportar esa red de seguridad a quien lo necesite. Es una prestación sin duda muy necesaria y pertinente, que, en forma de renta mínima garantizada, otorga un nivel mínimo de ingresos a todas las personas u hogares en situación de extrema vulnerabilidad en España. Después de tres años desde su implementación, cabe reflexionar sobre la capacidad de esta herramienta para paliar esa situación de pobreza para hogares vulnerables. En ese sentido, los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) apuntan a que alrededor de 65 de cada 100 hogares que cumplen todos los requisitos no están recibiendo la prestación.

Si existe un grupo de población en situación de extrema vulnerabilidad en nuestro país es la población gitana. Un estudio realizado en colaboración entre la Fundación Secretariado Gitano y la Fundación Iseak en 2018 indica que en ese año 66 de cada 100 hogares gitanos se encontraban en situación de extrema pobreza, cifra que ascendía hasta el 70% cuando nos centramos en hogares con menores. Es evidente por tanto que una herramienta como el IMV puede ser de gran utilidad para paliar la situación de pobreza de las personas gitanas. La Fundación Secretariado Gitano, que desde hace más de 40 años trabaja con la población gitana con el fin de conseguir su inclusión social, educativa y laboral, ha querido analizar cuál ha sido el impacto de la implantación del IMV en las personas gitanas, las barreras que la población potencialmente perceptora dice encontrar para acceder a la prestación, así como las acciones que pueden identificarse para facilitar su llegada a aquellos hogares que por su situación de renta y patrimonio la necesitaran. Para ello, ha colaborado con la Fundación Iseak.

Del estudio realizado se extraen tres mensajes fundamentales: en primer lugar, si bien el conocimiento sobre esta prestación está muy extendido entre la población gitana (el 85% de los hogares gitanos conoce su existencia), del 52% de hogares que tiene derecho a la prestación por cumplir todos los requisitos, únicamente el 29% lo recibe, un dato que rompe con la idea bastante extendida de que los gitanos suelen vivir de las prestaciones sociales. Esto implica que la baja cobertura de la prestación no se debe mayormente al desconocimiento sobre su existencia. Sin embargo, al indagar sobre las barreras de la población potencialmente beneficiaria de esta herramienta, encontramos que éstas se enfrentan a un gran desconocimiento sobre cómo solicitarlo, sobre su derecho a acceder a ella e incluso por la dificultad de encajar el término de “unidad de convivencia” a la población gitana. En segundo lugar, al analizar el impacto de esta prestación para paliar la extrema pobreza entre la población gitana, se encuentra que logra sacar a relativamente pocos hogares, especialmente por su baja cobertura. Si bien, para aquellos que lo reciben, sí que se logra que la gravedad o intensidad de la pobreza disminuya.

Adicionalmente, en hogares con menores, el complemento a la infancia que acompaña al IMV sí es muy eficaz para paliar la pobreza infantil. El problema de este complemento es que muy pocas personas saben de su existencia, fenómeno que también sucede con la población general. En tercer lugar, el estudio muestra que la activación laboral, social y educativa del colectivo perceptor del IMV es claramente una asignatura pendiente, pues únicamente el 22% recibe algún tipo de activación laboral, ya sea formación, orientación o intermediación con empresas. Algo muy diferente sucede con aquellos beneficiarios del IMV que están en contacto con la Fundación Secretariado Gitano, pues se duplica la proporción de aquellos que reciben algún tipo de activación laboral.

Dados estos resultados, del estudio se desprenden algunas recomendaciones, la mayoría extensibles al conjunto de la población en España, y en algunos casos, incluso a otras prestaciones: en primer lugar, para mejorar el alcance de esta prestación (y de otras, como el complemento de ayuda a la infancia, los bonos sociales, etcétera) y que llegue a la práctica totalidad de los hogares que cumplen los requisitos sería muy aconsejable que la existencia de la declaración de la renta se universalizara, es decir, que cada persona mayor de 18 años tuviera que presentar su propia declaración. Esto, unido a la información que se recoge en otros registros administrativos, como la Seguridad Social, los Servicios Públicos de Empleo y los Servicios Sociales, permitiría a la Administración actuar como un agente activo, contactando a los hogares potencialmente beneficiarios de la prestación o solicitando la información complementaria mínima para recibirla. Además, sería necesario utilizar la información de ingresos presentes y no los del año anterior como se está haciendo actualmente.

En tercer lugar, además de la garantía de ingresos, la salida de la pobreza, especialmente en el caso de la población gitana, pasa por la educación y el empleo. La activación laboral de las personas perceptoras del IMV potencialmente activables es una tarea pendiente y urgente, pues el objetivo de este instrumento es precisamente que quienes lo reciben lo hagan de forma transitoria y se emancipen de él por haber encontrado un empleo que le permite no necesitar de esa ayuda. Y junto a los estímulos a la inserción laboral, el apoyo y refuerzo educativo de los niños de familias perceptoras de IMV es fundamental para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.