Europa quiere dejar de ser un pigmeo en un mundo de gigantes: cómo crear superempresas para competir con EE UU y China

El dominio de Estados Unidos apabulla. En la lista de mayores empresas del mundo por capitalización bursátil no hay ni rastro de la Unión Europea. Ni una sola entre las 10 primeras y apenas una entre las 20 de cabeza, la danesa Novo Nordisk, la compañía que ha encontrado una mina de oro con Ozempic, el fármaco contra la obesidad. No hay mucha diferencia cuando se observan otros rankings: tampoco hay empresas europeas entre las de mayor facturación o con más beneficios. La situación se agrava cuando se pone el foco sobre las empresas tecnológicas. Basta un ejemplo. Hace poco más de un año que entró en vigor el reglamento de mercados digitales de la UE, que impone obligaciones adicionales a las grandes compañías tecnológicas para no ahogar la competencia. Ni una sola de las empresas condicionadas por esa ley de los Veintisiete es europea.

Estas ausencias estuvieron presentes, de alguna forma, en el informe que ha elaborado el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi para que la economía de la Unión Europea recupere competitividad. Él mismo utilizó alguna de ellas como ejemplo en su presentación a comienzos de septiembre: “Solo cuatro de las 50 mayores empresas tecnológicas del mundo son europeas”. En ese documento, como en el que meses antes lanzó otro ex primer ministro italiano, Enrico Letta, se pide flexibilizar la política de Competencia de la Unión para facilitar que las compañías europeas ganen tamaño. El viejo debate sobre cómo crear gigantes corporativos europeos con tamaño suficiente para competir en la arena mundial, tener mucho músculo financiero para invertir e innovar, y si esto requiere ser más laxos con las normas del mercado, vuelve al inicio de una nueva legislatura en la Unión. Un debate que suele envenenarse debido a que muchos países miran de reojo a Alemania y Francia, defensores de esa retórica, porque creen que, en realidad, Berlín y París hablan de campeones alemanes o franceses, recelos que alimenta la reciente reacción del Gobierno de Olaf Scholz al intento de compra de Commerzbank por Unicredit.

También hay contraindicaciones: “No debemos olvidar que necesitamos supervisar a las compañías grandes una vez que alcanzan poder de mercado. Las empresas poderosas a menudo ejercen su poder ahogando la competencia y perjudicando la innovación que haría avanzar a la sociedad (en lugar de los propios objetivos de la empresa)”, avisa Viktoria Robertson, profesora de Derecho de la Competencia en la Universidad Económica de Viena.

Pero el debate ha vuelto. Y la propia presidenta, Ursula von der Leyen, ha recogido el guante. “Tu trabajo para modernizar la política de Competencia incluirá la revisión de los criterios de control horizontal de fusiones. En ella deberán tenerse debidamente en cuenta las necesidades más acuciantes de la economía europea en materia de resistencia, eficiencia e innovación, los horizontes temporales y la intensidad inversora de la competencia en determinados sectores estratégicos, así como el nuevo entorno de defensa y seguridad”, expone la presidenta de la Comisión en la carta de las líneas básicas que le encarga a la próxima responsable del departamento de Competencia, la española Teresa Ribera. Esta le ha tomado la palabra en una entrevista en este diario: “Sí, vamos a reformarlas [las reglas de fusiones]. Para ganar agilidad y para concentrar los esfuerzos en dar a la industria una dimensión europea estratégica. Pero la competitividad de Europa no se resuelve con tres o cuatro campeones nacionales. Necesitamos dimensión para competir en los mercados internacionales, pero también que funcione el mercado interior, con un ecosistema empresarial en el que las cosas estén razonablemente equilibradas”.

Una cartera caliente

En la apertura del debate sobre reformas en competencia, principalmente en fusiones y ayudas de Estado, ha comparecido la titular actual, la danesa Margrethe Vestager, y su predecesor, el español Joaquín Almunia. Ambos han deslizado advertencias. La primera añade que “no hay pruebas de que las empresas con cuotas de mercado grandes estén dispuestas a invertir más”. Por su parte, el socialista ha dejado escrito en un artículo reciente en EL PAÍS que “la política de Competencia europea, con todos sus instrumentos, ha sido siempre una herramienta eficaz para incentivar inversiones y elevar la productividad”.

Ambos defienden su gestión —15 años suman entre los dos (de 2009 a 2024)— al frente del departamento que estudia las operaciones corporativas más grandes de la UE, da luz verde a ayudas de Estado o pone sanciones multimillonarias por abusos de mercado. Este departamento se ha enfrentado a críticas muy duras de las capitales en momentos en que Bruselas ha vetado fusiones. Probablemente, el momento de mayor tensión fue cuando en 2019 frenó la unión de Siemens y Alstom. La reacción de Berlín y París fue furibunda. Firmaron un manifiesto conjunto en el que abogaban por una nueva política industrial en la UE y pedían revisar los criterios para autorizar fusiones. La respuesta de Bruselas suele ser que la mayor parte de las operaciones se autorizan. Dan datos: en 2023 le llegaron 333 movimientos corporativos y solo intervino en 11, y eso no se traduce necesariamente en un fracaso de la operación, aunque hay ocasiones en que sí. Un caso reciente en España es el de Iberia y Air Europa.

Los números de la Comisión, como buena parte de los argumentos que usan Vestager y Almunia, aparecen en el último informe anual del departamento de Competencia. Aunque también ese documento habla, como una tendencia futura a controlar, del aumento de la inversión en investigación y desarrollo y nuevas tecnologías como uno de los catalizadores de concentraciones empresariales.

Ante eso y para no perder pie, Draghi plantea en su informe que “la economía se ha orientado hacia sectores intensivos en innovación (…), en los que tanto la escala como la innovación son fundamentales para competir, más que los precios bajos”. No se trata de que las empresas ganen tamaño por ganarlo. “No hablo de crear 27 monopolios nacionales”, aclaraba esta semana. Pero su informe apunta que en muchos sectores, como la tecnología, la dimensión será importante: “La innovación en este sector es rápida, las evaluaciones de las fusiones en él deben valorar cómo afectará la concentración propuesta al futuro potencial de innovación, a pesar de su incertidumbre. Esto es más complejo que la simple evaluación del efecto sobre los precios”.

Aquel manifiesto que firmaron hace cinco años Alemania y Francia decía algo parecido cuando pedía “actualizar las actuales directrices sobre fusiones para tener más en cuenta la competencia en el ámbito mundial, la posible competencia futura y el marco temporal a la hora de la evolución de la competencia para dar a la Comisión Europea más flexibilidad al evaluar los mercados de referencia”. Traducción: harán falta empresas europeas con muchos recursos para mantener el ritmo de grandes gigantes como Apple, Alibaba, Google o Nvidia en los albores de tecnologías a las que se les supone disruptivas, como la inteligencia artificial o la computación cuántica, y analizar movimientos con criterios clásicos (precios o cuotas de mercado) puede no ser suficiente.

El ejemplo del automóvil

No obstante, desde el ámbito académico recuerdan que no todo pasa por el tamaño. Martin Peitz, profesor de Economía en la Universidad de Mannheim (Alemania), admite que para ciertas actividades la escala empresarial es necesaria. Pero también advierte de que no es la piedra filosofal: “Los problemas de empresas como Volkswagen no llegan por su tamaño, sino porque carecen de competitividad a pesar de su gran tamaño”, explica en referencia a cómo la industria europea del automóvil está perdiendo la carrera frente a los coches eléctricos chinos.

Los académicos señalan algunas precauciones sobre la flexibilización de la política de Competencia y hacen hincapié en otro de esos debates casi eternos en Bruselas: más mercado único. En realidad, están tan ligados el uno al otro que casi son el mismo. “Se pueden hacer ajustes, sobre todo, para agilizar trámites de fusiones e implementar de manera más sistemática consideraciones sobre innovación y simplificar regulaciones, como indica Draghi”, concede Xavier Vives, profesor de Economía y Finanzas en IESE Business School, para añadir a continuación: “La razón principal de que tengamos pocos campeones europeos, y muy pocos y pequeños relativamente en temas digitales, es la fragmentación del mercado único. La tarea número uno es integrar el mercado de servicios y digital (y de datos), aparte del bancario y de capitales, telecomunicaciones y de la energía, como destacan los informes de [Enrico] Letta y de [Mario] Draghi”.

Con menos palabras, apunta en la misma dirección Fiona ­Scott Morton, profesora de la Universidad de Yale: “[La falta de empresas grandes] no se resuelve con cambios en la aplicación de las normas de Competencia. Puede ayudarse con la profundización del mercado único, de modo que no existan los enormes obstáculos al crecimiento que muchas empresas europeas experimentan hoy en día”, apunta por correo electrónico esta prestigiosa economista estadounidense, quien estuvo a punto de ser economista jefe del departamento de Competencia de la Comisión hace un año, pero acabó renunciando por el rechazo de Francia y varios miembros del Parlamento Europeo.

El consenso es grande cuando se pregunta a expertos y también en los informes recientes de los dos ex primeros ministros italianos: la base del problema está en el mercado único imperfecto que hay en Europa. El propio Draghi lo recordaba este lunes en Bruselas: “Si la productividad es el objetivo, la escala en muchos de los sectores que analizamos se ha convertido, en cierto sentido, en un ingrediente esencial. Y la escala solo se consigue si integramos [más] el mercado único”. La joya de la corona de la Unión tiene carencias grandes que lastran su economía y sus empresas. Falta integración en segmentos clave: telecomunicaciones, defensa, sanidad o banca y capitales, lo que acaba por perjudicar la necesaria financiación. Ahí apunta Scott Morton: “La unión del mercado de capitales ayudaría mucho a financiar la innovación. Cuando los posibles beneficios son elevados, como lo serían con toda la UE como mercado preparado, se estimula la innovación”.

Avanzar en esa vía es acabar con “el coste de la no Europa”, señala Cecilio Madero, ex alto cargo en la dirección general de Competencia y actual consultora de Apco, haciendo suya una de las frases que suelen oírse en Bruselas cuando se pone este tema sobre la mesa. Ese coste, el documento que preparó Enrico Letta en abril, lo cuantificaba en un 10% del PIB de la UE.

Rebajar ese precio, por ejemplo, en el mercado de capitales pasa por autoridades reguladoras nacionales mucho más coordinadas y con un órgano central más fuerte —Draghi pide hacer con la ESMA, el supervisor bursátil, lo mismo que se ha hecho con el BCE—, armonizar leyes de quiebra o crear productos de ahorro comunes en toda la Unión (el proyecto de lanzar fondos de pensiones no acaba de arrancar y lo que hay no concita mucho interés). Y esto no será tarea de Ribera, sino de la portuguesa Maria Luís Albuquerque, a la que Von der Leyen le ha confiado la cartera de servicios financieros. Su objetivo será que las empresas en la UE, que ahora apenas logran un poco más del 10% de financiación en los mercados de capitales extrabancarios, se acerquen a las tasas de Estados Unidos o el Reino Unido (más del 25%), mercados en los que es más fácil captar el dinero para proyectos empresariales con bastante más riesgo del que, en ocasiones, están dispuestos a asumir los bancos, algo importante en la innovación, que tanto dinero va a requerir.

Porque nadie niega que Europa necesita cantidades ingentes de inversión —la propia Comisión Europea habla de 800.000 millones al año, y la mayor parte debe llegar del sector privado— si no se quiere quedar atrás respecto a áreas como China y Estados Unidos. Y no solo por razones económicas, desde que Rusia invadió Ucrania, detrás de casi todo hay explicaciones geopolíticas: empresas europeas más innovadoras, competitivas y resilientes redundan en beneficio de una economía que no deja de apoyar al país invadido (algunos hablan de economía de guerra) y pretende hacer frente al tirón del gigante emergente asiático y la primera potencia mundial.

Ayudas de Estado

Y por esta vía cogen fuerza otros elementos fundamentales: ayudas de Estado y sectores sobre los que prestar más cuidado e, incluso, eximir de obligaciones y controles. Vives, del IESE, matiza esto con flexibilidad: “Los principios han de ser los mismos para todos los sectores y esto mismo ya diferencia su implementación en realidades diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo una ayuda de Estado en un sector con barreras a la entrada altas que uno con barreras bajas, uno sujeto a fuerte competencia internacional u otro protegido. Hay sectores estratégicos desde el punto de vista de la seguridad y resiliencia y entonces hay que ver qué tensión puede haber entre una ayuda de Estado y mantener un mercado competitivo”.

Sobre los precios, el gran temor que hay siempre a que crezcan en paralelo al tamaño de las empresas, este experto catalán señala: “Lo que importa es el bienestar de los ciudadanos europeos y este depende no solo de los precios que pagan por los productos y servicios, sino también de su calidad y variedad (que depende a su vez del nivel de innovación)”.

Aunque los discursos que abogan por una mayor flexibilidad en la política de Competencia y dar paso a las fusiones entre empresas de varios países o la profundización en el mercado único, parecen sonar en el desierto cuando aparecen resistencias nacionales ante capítulos como el del intento de compra de Commerzbank por la entidad italiana Unicredit. En Berlín, donde tanto enojó el veto a la fusión de Siemens y Alstom, ponen ahora el grito en el cielo cuando ven que el segundo banco alemán puede estar dirigido desde Milán. La reacción, para muchos expertos, se explica, más bien, desde el nacionalismo económico. Martin Peitz lo resume de forma teórica: “Las normativas nacionales y el proteccionismo nacional (por ejemplo, actuando contra las fusiones transfronterizas dentro de la UE que no plantean problemas de competencia) son perjudiciales para el mercado único: provocan precios más altos y dificultan la competitividad de las empresas europeas a escala mundial”.

El dilema de regular el mercado digital

Una de las consecuencias nocivas que pueden acarrear los gigantes empresariales es que acaben por ahogar la competencia y que abusen de su posición dominante en el mercado, perjudicando a los consumidores y rivales. En pocos sectores como en los mercados digitales se ha visto esto en las últimas décadas. La cantidad de expedientes que ha abierto la Comisión Europea y la cuantía de las multas impuestas lo atestiguan. Solo Google acumula multas por más de 8.000 millones, a falta de las resoluciones definitivas de la justicia comunitaria.

El problema de todas esas sanciones y expedientes siempre ha sido el larguísimo procedimiento que se sigue desde que se pone en marcha hasta que acaba, tanto que muchas veces, cuando acaba, todo el mercado ha cambiado completamente y la sanción o el remedio impuesto ya no tiene mucho efecto. Para resolver esto, la Unión Europea ha dado un paso muy significativo con el reglamento de los mercados digitales, una norma que aprobó en 2022 pero que ha ido desplegándose progresivamente a lo largo de 2023 y 2024. El concepto de esta ley consiste, revirtiendo la carga de la prueba, en imponer a estos grandes actores del sector obligaciones adicionales.

Pero la implantación de esas exigencias, como destaca la profesora de la Universidad de Yale, Fionna Scott-Morton depende de su cumplimiento real. “La DMA [reglamento de mercados digitales, por sus siglas inglesas] ya está plenamente en vigor, pero no todas las plataformas parecen cumplirla”, ha apuntado en un artículo reciente en el centro de estudios Bruegel. Y, aún añade más: “Europa no puede ser el regulador del mundo, si su normativa no cambia el comportamiento real en un plazo [de tiempo] razonable”.

Para forzar al cumplimiento del reglamento, Bruselas abrió en marzo de este año varios procedimientos contra varios de estos gatekeepers (nombre en inglés con el que se llama a esas grandes plataformas digitales con obligaciones adicionales). Todos son sobre empresas estadounidenses: Alphabet, Apple, Amazon y Meta. Después han ido llegando otros.

Hace apenas un par de semanas dio un paso más en la batalla con Apple, la firma que más se está resistiendo, según apuntan varias fuentes del sector y comunitarias. Puso en marca dos procesos para decirle al gigante tecnológico qué medidas tiene que aplicar para que iOS y iPadOS puedan ser interoperables por otras compañías. Lo hizo de oficio y es la primera vez que daba este paso. Dentro de seis meses, deberá haberse resuelto.

De cómo evolucionen estos procesos, dependerá la “legitimidad de la ley ante la sociedad”, señala Scott-Morton. Según ella, si acaba por no aplicarse plenamente, “los gatekeepers la consideraran opcional y no obligatoria”.