Competencia, Mercado Único y Competitividad

El Tribunal de Justicia de la UE publicó ayer dos sentencias muy relevantes, confirmando las decisiones adoptadas años antes por la Comisión en los casos Google Shopping y Apple/Ireland. Los criterios del Tribunal adquieren firmeza en ambos casos. Así, la política europea de competencia recibe un respaldo muy importante justo cuando algunas voces tratan de debilitarla.

La sentencia relativa a prácticas anti-competitivas de Alphabet/Google confirma la decisión del tribunal de primera instancia en 2017, que determinó contrario al artículo 102 del Tratado el trato discriminatorio que la plataforma imponía a sus competidores en beneficio de sus propios servicios. La multa impuesta por la Comisión, más de 2.400 millones de euros, queda definitivamente confirmada. Además, estas prácticas abusivas no solo quedan definitivamente condenadas por la jurisprudencia, sino que han sido prohibidas por la nueva Ley de Mercados Digitales, afectando a todas las grandes plataformas digitales (gatekeepers, según la terminología de la ley)

La sentencia relativa a Apple se refiere a otra de las áreas de la política de competencia europea: el control de las ayudas de estado con las que las autoridades nacionales pretenden beneficiar a algunas empresas distorsionando el funcionamiento del mercado único. Gracias a sus decisiones, Irlanda atrajo a Apple, y los demás países de la UE fueron privados de ingresar en sus haciendas respectivas los impuestos correspondientes a los beneficios obtenidos por Apple en su territorio. Los beneficios concedidos indebidamente por Irlanda ascendieron a más de 13.000 millones de euros, más los intereses devengados durante el periodo que media entre la decisión europeo y la sentencia del tribunal.

La jurisprudencia siempre ha sostenido que el tratamiento fiscal de carácter “selectivo” en beneficio de una empresa es contrario a las reglas comunitarias, aunque en ocasiones no ha dado la razón a la Comisión por razones diversas. Siendo el caso Apple, con diferencia, el de mayor volumen de ayudas, la sentencia supone un gran espaldarazo a la política seguida desde hace más de una década. Además, el tribunal de primera instancia había anulado la decisión de la Comisión en 2021, a mi juicio con argumentos poco comprensibles. Ahora, el Tribunal de Justicia vuelve a poner las cosas en su sitio.

El momento en que se han adoptado estas dos sentencias es muy importante. En las próximas semanas será designada la nueva Comisión. Sus miembros van a enfrentar desafíos de enorme envergadura, y van a poder inspirarse con dos informes muy importantes, redactados por Enrico Letta y Mario Draghi. El primero les aporta un gran número de propuestas para reforzar el mercado único y completar las áreas en las que ese proyecto aún está incompleto: sector bancario, mercados de capitales, energía, telecomunicaciones, digitalización. El informe Draghi, conocido esta misma semana, contiene ideas muy ambiciosas para aumentar de manera significativa los recursos públicos y los incentivos para obtener recursos privados orientados a inversiones que mejoren nuestra competitividad, recuperando así el terreno perdido en relación con Estados Unidos y China.

La política de competencia europea, con todos sus instrumentos, ha sido siempre un instrumento eficaz para incentivar inversiones y elevar la productividad. Sería una enorme paradoja que la utilización o interpretación sesgada de algunas de las ideas incluidas en esos informes, o las propuestas que lancen las nuevas autoridades, resulten contradictorias con los objetivos de una política europea que además de su relevancia objetiva acaba de recibir un gran respaldo en el Tribunal Europeo, debilitando su eficacia y el enorme potencial de un mercado único que necesita ser desarrollado hasta los límites aún no alcanzados.

Joaquín Almunia ha sido Comisario Europeo encargado de la política de competencia entre Febrero de 2010 y Octubre de 2014