Apple tendrá que devolver 14.000 millones por impuestos a Irlanda tras perder la batalla judicial con Bruselas

Bruselas ha ganado la gran batalla de 14.000 millones contra Apple e Irlanda por unos acuerdos fiscales que permitían al gigante tecnológico pagar poquísimos impuestos en Europa. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dado la razón a la Comisión Europea y obliga, definitivamente, a la empresa tecnológica a devolver al fisco irlandés los 13.000 millones en impuestos más unos 1.000 millones en intereses, cantidad esta última que determinará Dublín. Con este fallo, Margrethe Vestager, quien ha sido máxima responsable de Competencia en la UE desde 2014 y cuyo mandato acaba en pocos meses, se anota una gran victoria en la pelea que su departamento ha mantenido contra los pactos tributarios en los Estados miembros (principalmente Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda) en los que las multinacionales pagan pocos impuestos a cambio de instalar sus sedes principales o europeas en su territorio.

El resultado de esta guerra, cuyos expedientes se abrieron con Joaquín Almunia al frente de la poderosa cartera de Competencia (2009-2014), ha sido desigual. Las decisiones que adoptó Vestager en 2015 y 2016 han corrido suerte dispar en los tribunales: perdió en el caso de Países Bajos y Starbucks en el que reclamaba el pago 20 millones y en el de Luxemburgo y Fiat o Amazon, que ascendían a 30 millones y 250 millones, respectivamente; en cambio, venció en el de Bélgica que permitió beneficiarse a 55 multinacionales (BP y Anbev, entre ellas), por el que exigía 550 millones. Pero este martes, la danesa estaba exultante, sin matices: “Es una gran victoria para los ciudadanos europeos y la justicia fiscal”.

El caso de Apple es con enorme diferencia el más cuantioso y también el más mediático. Además, esta sentencia se suma a otra, también del TJUE y publicada este martes, que ratificaba una sanción a Google de más de 2.400 millones de euros. Así que en una larga comparecencia ante la prensa, con aroma de despedida y de legado, la danesa ha recordado varias de esas batallas contra regímenes fiscales ventajosos. Sin negar que en algunas el final no fue el esperado, sí que ha presumido de que gracias a ellas, en su opinión, hay un antes y un después.

Vestager basa su conclusión en que, por ejemplo, en Luxemburgo hubo cambios sustanciales en su legislación que “harían imposible otro caso Fiat”, un asunto en el que también ha reconocido la tarea periodística del escándalo LuxLeaks. También ha esgrimido reformas en Países Bajos (2019) o en Chipre, y que la UE ha aprobado una directiva comunitaria, siguiendo el acuerdo multilateral alcanzado en la OCDE, para que el tipo mínimo efectivo en el impuesto de sociedades sea del 15%. Aunque ella misma no ha dejado de lamentar que queda mucho por hacer en este campo: “Según los datos de la Comisión sobre impuestos, unos pocos Estados miembros (Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica) parecen centrales en el traslado de beneficios [elemento que ayuda en las planificaciones fiscales agresivas de las multinacionales para pagar menos impuestos]”. Ha continuado explicando que en 2022 las multinacionales llegaron a ganar 16 billones de dólares en todo el mundo, una cantidad algo inferior al PIB conjunto de toda la UE, y que 1,4 billones de esa cantidad se gravaron en territorios de baja tributación, “incluidos países de la UE”.

Para valorar la sentencia, Vestager ha hablado de “justicia fiscal” y “transparencia” pero el camino para cerrar el paso a estas ventajas impositivas fue el del examen a las ayudas de Estado. Por eso la danesa también ha hablado de que la sentencia del TJUE, que tumba la previa del Tribunal General que daba la razón a Irlanda y Apple, “es una victoria para la competencia en la igualdad de condiciones en el mercado único”.

Que el camino seguido para perseguir este tipo de regímenes fiscales laxos sea el de investigarlas como ayudas de Estado se explica porque las competencias de la UE sobre impuestos son escasas, salvo que haya unanimidad entre los Veintisiete, algo que lógicamente vetan las capitales que permiten esta elusión tributaria. Lo que persiguió Competencia fue calificarlas de ilegales por dar un apoyo público al que otras compañías no tenían acceso. “Las ayudas de Estado pueden ser subvenciones, financieras o incentivos fiscales”, ha apuntado Vestager.

Y eso es lo que ha entendido el TJUE en el caso de Apple, contradiciendo al Tribunal General y al Abogado General, este último opinaba que había que anular la primera sentencia y juzgar el expediente de nuevo. El fallo da por buena la decisión de la Comisión que en 2016 concluyó que los dos acuerdos fiscales que la tecnológica celebró con Irlanda, su sede europea está en Cork, en 1991 y 2007 no se ajustaban a derecho por ser “una ayuda de Estado ilegal incompatible con el mercado interior”. Dublín concedió a Apple la posibilidad de excluir de pagar impuestos a dos filiales de Apple, con sede fiscal en Estados Unidos, por la gestión de la propiedad intelectual de varios productos de la firma californiana y eso rompía las normas del mercado único, por lo que exigió a Irlanda que recuperara 13.000 millones de euros, más los intereses correspondientes.

“Este caso nunca ha tratado sobre cuántos impuestos pagamos, sino sobre a qué gobierno debemos pagarlos. Siempre pagamos todos los impuestos que debemos allí donde operamos y nunca ha habido un trato especial. Apple se enorgullece de ser un motor de crecimiento e innovación en Europa y en todo el mundo, así como de ser de manera consistente uno de los mayores contribuyentes del mundo. La Comisión Europea está intentando cambiar retroactivamente las normas e ignorar que, como exige la legislación fiscal internacional, nuestros ingresos ya estaban sujetos a impuestos en Estados Unidos. Estamos decepcionados con la decisión de hoy, ya que Tribunal General había revisado los hechos y anulado de forma categórica este caso”, explican desde Apple.

A diferencia de otros litigios contra grandes tecnológicas, el dinero que Bruselas exige a Apple no es una multa. No, al menos, como lo es la de 2.424 millones que también este martes el TJUE ha ratificado a Google. Se trata de la devolución de impuestos no pagados, pero, en cambio, es la reclamación más alta que ha habido hasta el momento. Otras sanciones mil millonarias (sobre Google pesa otra de más de 4.000 millones pendiente de resolución en el TJUE) son multas por abusar de posición dominante en el mercado, otra de las violaciones posibles de las normas de competencia. La decisión de Bruselas sobre Apple en 2016 provocó que el Tesoro de Estados Unidos acusara al Ejecutivo comunitario de autoconsiderarse una “autoridad fiscal supranacional”.