La justicia europea da la razón a Apple, que no deberá devolver 13.000 millones de impuestos en Irlanda

La justicia europea dio un varapalo a la Comisión Europea al anular su decisión de obligar a Apple a retornar a Irlanda 13.000 millones de euros por impuestos no abonados que consideraba ayudas ilegales. El Tribunal General de UE consideró que Bruselas fracasó al tratar de demostrar que Irlanda diera una ventaja competitiva al gigante norteamericano mediante pactos fiscales. La sentencia, que tumba la mayor devolución jamás exigida por Bruselas, mete presión al Ejecutivo comunitario para buscar nuevas vías para frenar la ingeniería fiscal de las multinacionales alentada por algunos socios de la UE.

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La sentencia del tribunal europeo es un mazazo para la Comisión, que había encontrado en la batalla contra las denominadas “ayudas de Estado” una de las vías más eficaces para ir tapando todos los agujeros legales que las grandes multinacionales hallaban en la UE para rebajar su factura fiscal. No es el primer golpe. Antes ya tumbó el caso Starbucks, en los Países Bajos, y el de 39 compañías en Bélgica. Y, en cambio, le dio la razón en su reclamación a Fiat en Luxemburgo.

El mensaje que le traslada el Tribunal General de la UE es muy claro: la Comisión podrá desmantelar los acuerdos fiscales —tax rulings— que favorecen a las grandes multinacionales sobre el resto de las empresas, pero deberá hilar muy fino y demostrar la existencia de esos sistemas abusivos. Bruselas, que estudia si recurre la sentencia, ya había ido preparando el terreno para ese resultado al poner sobre la mesa el artículo 116 del Tratado de Lisboa, que le permitiría perseguir a los países con una baja fiscalidad sorteando la unanimidad en el Consejo.

El TRIBUNAL GENERAL DE LA UE da la razón a APPLE y no deberá pagar a IRLANDA

La sentencia del tribunal de Luxemburgo, en cualquier caso, tumba la decisión adoptada por la Comisión Europea en 2016 de obligar que el gigante tecnológico Apple devolviera 13.000 millones de euros a Irlanda —y 1.200 millones más en intereses— por lo que consideraba ayudas de Estado ilegales. En concreto, la Comisión constató que la empresa dirigida por Tim Cook había llegó a dos acuerdos con Dublín de 1991 y 2007 para beneficiarse de una cuantiosa rebaja en la factura tributaria. La empresa solo tributó el 1% en 2003 y ese tipo efectivo fue bajando hasta el 0,005% en 2004.

A la vista de que esas prácticas de ingeniería fiscal permitieron a Apple ahorrarse el pago de impuestos por los beneficios obtenidos en Europa, Oriente Medio, África e India, el departamento de Competencia, dirigido por la danesa Margrethe Vestager, decidió imponer la mayor devolución de ayudas de Estado dictada hasta la fecha. La advertencia era clara: Bruselas no será permisiva con unas prácticas que erosionan las bases fiscales de otros países de la UE.

El Tribunal General de la UE, sin embargo, decidió anular “la decisión impugnada” por Apple y por Irlanda porque la Comisión no logró demostrar que existía una “ventaja a los efectos del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE”, que fija que las ayudas de Estado son incompatibles con el mercado interior si falsean la competencia favoreciendo a determinadas empresas. “La Comisión se equivocó al declarar que se había otorgado a ASI y AOE [las dos sociedades que usaba Apple en Irlanda] una ventaja económica selectiva y, por extensión una ayuda estatal”, sostiene el fallo.

La justicia europea respalda que la Comisión Europea realice su evaluación e incluso dice lamentar el carácter “incompleto” y “en ocasiones incoherente” de los acuerdos fiscales que alcanzan los países. Sin embargo señala que Competencia ni fue capaz de demostrar que esos pactos dieron ventaja a Apple sobre la competencia, ni la discrecionalidad de la decisión, ni los “errores metodológicos” que supuestamente había en esos acuerdos y que, según Bruselas, habrían llevado a una reducción de los beneficios imputables por las sociedades de Apple en Irlanda.

La decisión de Bruselas había enfurecido a la empresa —que siempre negó ningún trato preferencial del gobierno irlandés— a Dublín e incluso a la Casa Blanca. La compañía de Cupertino advirtió de que la decisión tendría consecuencias en el continente. E Irlanda negó haber incurrido en ayudas de Estado ilegales. La conclusión de la investigación de Vestager era, de hecho, un golpe a la imagen de un país que había sido señalado por otros socios por contribuir al dumping fiscal dentro de la UE con un tipo del impuesto de Sociedades del 12,5%. El ministerio de Finanzas irlandés, liderado por el flamante jefe del Eurogrupo Paschal Donohoe, celebró el fallo, que a su juicio demuestra que “no se proporcionó un tratamiento especial a las dos compañías de Apple”.

La Comisión estudia si recurrir

Los expertos habían expresado ya dudas de que, como sucedió con el caso Starbucks, la Comisión pudiera demostrar la existencia de esos tratos de favor, negados siempre por Apple y por Irlanda. La compañía se congratuló del fallo y aseguró que el caso “no es acerca de cuántos impuestos” paga la multinacional, sino de dónde debe abonarlos. “Estamos orgullosos de ser uno de los mayores contribuyentes del mundo”, añadió.

La comisaria Vestager aseguró a través de un comunicado que su departamento estudiará “detenidamente” el fallo del Tribunal General antes de recurrir la sentencia —tiene dos meses y diez días para hacerlo—. “La Comisión sigue completamente comprometida con el objetivo de que todas las compañías paguen su justa parte de impuestos. Si los países miembros dan a cierta multinacionales ventajas fiscales que no están disponibles para sus rivales, eso daña la competencia justa en la UE”, señaló.

Vestager puso como ejemplo que, como resultado de las prácticas fiscales irlandesas, su filial en 2011 solo declaró una base imposible de 50 millones de euros cuando sus beneficios ascendieron a 16.000 millones. “Cómo puede considerarse justo que una de las mayores empresas del mundo fuera capaz de pagar como máximo un impuesto del 1% de sus beneficios europeos y en muchos años incluso menos. Eso no puedo ser considerado justo”, sostuvo el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis.

A la Comisión Europea no se le pasa por alto que la sentencia del tribunal llega en plena pandemia y a las puertas de un otoño que se antoja muy duro si los países empiezan a retirar las medidas de protección temporal de empleo. Bruselas sostuvo, por ello, que seguirá vigilando posibles pactos fiscales y pondrá en marcha nuevos mecanismos para evitar que la política fiscal de unos países de la UE perjudiquen las haciendas de otros.