Tregua en la batalla por el control del Banco Central de Libia

La disfuncionalidad que merma el Estado de Libia, dividido en dos administraciones desde hace años, queda al desnudo de forma cíclica en crisis que tienden a presentar una cronología parecida: movimientos políticos unilaterales, fragmentación institucional, cierre de campos de petróleo, despliegue de tropas y una población desdeñada. Desde mediados de agosto, el país atraviesa otra de estas pesadillas, desatada ahora por una lucha por el control de su Banco Central, el depositario legal de miles de millones de dólares anuales procedentes del petróleo. El pasado jueves, después de varias rondas de consultas impulsadas por la ONU, se alcanzó un principio de acuerdo, pero el conflicto puede estar lejos de terminar.

La crisis estalló el 18 de agosto cuando el Consejo Presidencial, que ejerce de jefe de Estado y está aliado con el Gobierno reconocido por la comunidad internacional en la capital, Trípoli, emitió un decreto para destituir a la junta directiva del Banco Central, incluido a su influyente gobernador desde 2011, Siddiq Al Kabir, y designar una nueva dirección. Las autoridades del este del país y una poderosa milicia de Trípoli rechazaron la decisión. Pero dos reuniones de altos cargos militares, policiales y de milicias en los días siguientes, y la huida de Kabir y otros altos cargos del Banco Central fuera del país, rebajaron momentáneamente la tensión.

El choque al frente de la institución llevaba tiempo gestándose. Cuando Abdulhamid Dbeiba se convirtió en primer ministro del Gobierno de Trípoli en 2021, uno de los primeros aliados que quiso ganarse fue a Kabir, quien no tuvo problemas para acercarse a la que entonces era una estrella emergente. Su luna de miel, sin embargo, duró poco. Y cuando la relación entre Dbeiba y las autoridades del este de Libia se tensó, Kabir se distanció y empezó a cerrarle el grifo y a criticar el ritmo y la opacidad de su gasto público, lo que terminó por enemistarles.

El guion se aceleró a principios de agosto cuando se celebró la elección anual del presidente del Alto Consejo de Estado, una de las dos cámaras legislativas del país y clave para aprobar leyes importantes, incluido los presupuestos. El hasta entonces presidente y aliado de Dbeiba, Mohamed Takala, perdió por solo un voto frente al expresidente Jaled Al Mishri, el candidato favorito de las autoridades del este, en una votación impugnada por Takala. Al poco de perder el Alto Consejo de Estado, los aliados de Dbeiba lanzaron su ofensiva sobre el Banco Central.

La legalidad de su acción, sin embargo, ha sido muy cuestionada. “Cualquier cambio relativo al Banco Central tiene que venir del Parlamento [con sede en el este] tras consultarlo con el Alto Consejo de Estado. El Consejo Presidencial no tiene la competencia ni base legal para cambiar al Gobernador”, señala Kabir desde Turquía por teléfono. Najwa Wheba, portavoz del Consejo Presidencial, discrepa, defiende que tienen el mandato para nombrar a altos cargos, y justifica la medida en parte por “el deterioro de la situación económica del país”.

El pasado jueves, representantes del Parlamento y del Alto Consejo de Estado acordaron finalmente una nueva composición para la cúpula del Banco Central, lo que podría contribuir a desenredar la crisis. Pero todavía está por ver cómo será recibida la entente por el entorno de Dbeiba y del Consejo Presidencial, y si al final se acaba materializando el traspaso de poder.

Ninguneo internacional

La situación es límite. Desde el 25 de agosto, el comité que nombró el Consejo Presidencial, y que tras el acuerdo del jueves debería renunciar, ha asumido las riendas del Banco Central. Pero desde entonces no ha habido indicios de que los grandes bancos centrales y comerciales y las grandes instituciones financieras internacionales reconozcan su junta, lo que hace temer por su posición en el sistema financiero global. “El daño es enorme”, lamenta Kabir. EL PAÍS ha contactado con la oficina de prensa del nuevo Banco Central pero no ha recibido respuesta.

Añadiendo más leña al fuego, las autoridades del este, que controlan la mayoría de campos de petróleo de Libia, ordenaron detener la producción y exportación de petróleo bajo el pretexto de evitar que sus ingresos, que representan más del 90% de los ingresos estatales, acabaran siendo mal gestionados. El 30 de agosto, la compañía petrolera nacional declaró que la producción ya había caído en un 63%, y las exportaciones se habían contraído a principios de septiembre en un 81%, según la empresa de datos Kpler.

En la calle la presión se ha empezado a sentir. La caída de la producción local de petróleo ha agravado la crisis de abastecimiento de combustible de Libia, que es el país con las mayores reservas probadas de oro negro de África. Esto se ha traducido en largos cortes de electricidad y escasez generalizada de gasolina, lo que ha desatado protestas en las últimas semanas.

“La batalla por el Banco Central es el colofón inevitable de una larga disputa por el control de la economía nacional”, señala Anas El Gomati, director del Instituto Sadeq, un centro de investigación libio. Y si la crisis persiste, añade, Libia podría verse forzada a suspender pagos internacionales y congelar operaciones bancarias. “[Esto] no son solo problemas financieros, son el preludio a cajeros automáticos vacíos, dinares sin valor y calles enfurecidas. Y en Libia las carteras vacías tienen la mala costumbre de convertirse en armas cargadas”, advierte.

Aquí puede consultar las últimas Cartas del corresponsal