Las víctimas del amianto sufren un calvario judicial: “Muchos fallecen durante el proceso y tenemos que sustituirlos por sus herederos”

El amianto es un tipo de mineral fibroso compuesto de silicatos de cal, alúmina y hierro. Durante décadas, este material fue uno de los componentes de construcción más populares en el bum inmobiliario del franquismo y de la democracia temprana. De hecho, puede encontrarse en tejados, cañerías, depósitos, revestimientos o fachadas. Incluso en trenes y barcos. Era flexible, fácil de conseguir, incombustible y barato. Pero en 2002 su uso fue fulminantemente prohibido, cuando los investigadores repararon en el inconfundible rastro de muerte que dejaba el asbesto.

Operarios de fábricas, estibadores, mozos de astillero, trabajadores de construcción o de industria. Pero también familiares. Incluso vecinos. Cualquier grupo de personas en contacto directo o indirecto con esta fibra registraba un repunte anómalo de casos de cáncer, en especial de mesotelioma, un tipo de cáncer de pleura mortal muy raro, pero que en ciertas regiones multiplicó su aparición. El factor común era la exposición al mortífero polvo.

Más de veinte años después de su prohibición, los supervivientes de la sustancia (sus familias, pues muchos fallecen) viven atrapados en un laberinto judicial. El Tribunal Supremo ha dejado claro en varias ocasiones que son víctimas y deben ser indemnizadas, porque las mercantiles no proporcionaron medidas de seguridad tales como taquillas dobles (para no mezclar la ropa del trabajo y de casa) o mascarillas. Pero la ejecución de algunas de estas sentencias está resultando ser una pesadilla.

Por ejemplo, y según traslada el Colectivo Ronda, la cooperativa de abogados que ha defendido a los afectados por asbesto, la declaración de insolvencia de Uralita en el 2022, la mayor fabricante y comercializadora de este material en España durante la segunda mitad del siglo XX, deja “hasta 26 millones de euros en sentencias no ejecutadas”, subraya Marta Barrera, letrada del colectivo. Son, llanamente, resoluciones judiciales que amenazan con convertirse en papel mojado. “Es una situación trágica”, lamenta Barrera.

En Cádiz, la plataforma Afectados por el Amianto del Sector Naval ha conseguido una importante victoria al vencer en febrero a Navantia en los juzgados. La naviera tendrá que pagar 500.000 euros a la viuda y los seis hijos de un herrero que estuvo expuesto al asbesto entre 1975 y 1999. “Es hasta la fecha la mayor indemnización obtenida a nivel nacional en reclamaciones relacionadas con el amianto”, afirma la abogada Aida Segura Höhr, socia del despacho Dávila & Asociados, despacho que defiende a las víctimas del amianto desde los años 80.

En la última década, los casos de afectados por el amianto en la región pueden contarse por centenares. La especialista cuenta que muchos de los trabajadores que entran en su despacho buscando consejo legal no llegan a vivir para ver una sentencia. La burocracia judicial tarda unos tres años de media en resolverse, demasiado cuando el reloj del cáncer está en marcha. “Desgraciadamente muchos fallecen a los pocos meses de iniciar el proceso y tenemos que hacer la sustitución procesal con los herederos. Sobre todo, en los casos de mesoteliomas”.

Un reguero de damnificados

El amianto mata a trabajadores, pero también a familiares. “Algunas esposas fallecían al entrar en contacto con el polvo del amianto que se quedaba impregnado en los monos de trabajo que lavaban en casa”, cuenta Ramón Dávila Guerrero, uno de los primeros abogados en conseguir una sentencia a favor de los operarios en 1980. Hay, incluso, vecinos que han logrado llevarse el gato al agua y demostrar que su salud se ha visto perjudicada por la presencia del amianto en sus pueblos. En 2021, por ejemplo, el Tribunal Supremo confirmó la indemnización de 2,3 millones de euros a 39 personas entre las que se encontraban por primera vez vecinos de Cerdanyola del Vallés (Barcelona) que vivían cerca de la fábrica de Uralita.

El laberinto judicial para reclamar por el amianto tiene tres fases. En primer lugar, las víctimas deben luchar contra la Seguridad Social, pues las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que la Administración demuestra mano de hierro y no reconoce el carácter profesional de la enfermedad con facilidad, es decir, que la causó el amianto, y no otros factores como el tabaco o el alcohol. Ello está abocando a las familias a ir a juicio. En segundo lugar, si se gana el primer pleito, hay que exigir la actualización en la prestación de invalidez (si la víctima sobrevive) o de viudedad (si el trabajador fallece). Por último queda lo más difícil, que la empresa pague. Aquí la cosa se complica, pues las enfermedades causadas por el amianto tienen un enorme periodo de latencia, es decir, pueden permanecer dormidas años. De forma que, cuando el cáncer da la cara, las empresas responsables pueden, o bien haber desaparecido, o bien mutado en otras sociedades, o bien, simplemente, haberse declarado insolventes. Y reunir documentación y testigos de hechos que ocurrieron hace décadas puede ser una misión imposible.

Las indemnizaciones varían según la casuística, pues el amianto ha estado presente prácticamente en todos los sitios, explica Andrea Peiró, socia de la firma especializada en estas reclamaciones Opamianto (pertenece a Cremades & Calvo Sotelo). “En el Ministerio de Defensa suelen ser 90.000 euros para las viudas y 9.000 euros para los hijos”, si bien la abogada conoce casos en los que se ha llegado a reconocer indemnizaciones “de hasta 700.000 euros”. En 2022, el Parlamento aprobó la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Dos años después, el reglamento necesario para poner en marcha la iniciativa no ha visto la luz.

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