Las víctimas del amianto se desesperan por una compensación que nunca llega

Tras varias décadas en la central de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Jon García respiró aliviado y se jubiló. En la factoría de Beasain (Gipuzkoa), donde también trabajaron su padre y su abuelo, compartió sección con varios amigos. Hoy, con 67 años, lamenta que cinco de ellos ya no están. “A todos los mató el amianto de la fábrica”, dice. Como ellos, otras 6.982 personas han fallecido desde 1998 en España por estar en contacto con este mineral, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Utilizado como material de construcción hasta la década de los setenta, miles de trabajadores han estado expuestos durante años a los efectos cancerígenos del asbesto sin saberlo. El próximo jueves, Asviamie, la plataforma que ahora representa García, y otras asociaciones de afectados se concentrarán frente al Congreso para exigir que se apruebe un fondo de compensación que ya “hace justicia” en países como Francia, Italia, Bélgica o el Reino Unido.

García lamenta desde su casa en Beasain que la aprobación del fondo lleve años estancada: “Siempre que ha estado a punto de caramelo, ha pasado algo y se ha ido todo al traste. Es desesperante, llevamos así desde 2013″. Ese año, el Parlamento vasco aprobó convertir la idea en proposición de ley, pero se topó con un primer problema de competencia. “Hasta 2017 no la registramos en el Congreso [Asviamie impulsó la proposición]. Entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy la rechazó, pero unos meses más tarde cambió de opinión”. Tras más de un año de negociaciones con Ciudadanos, que compartía la Mesa del Congreso con el PP, se logró desbloquear la situación y se empezó, por fin, a debatir el proyecto. Era primavera de 2018.

Cuando el diálogo estaba a punto de llegar a buen puerto, en febrero de 2019 se convocaron elecciones anticipadas. En palabras de García, “todo se fue a la papelera”. Tocaba empezar de cero. Con el nuevo Gobierno todavía en funciones era inviable celebrar sesiones plenarias, así que el proyecto quedó encallado. A comienzos de 2020, Pedro Sánchez estrenó su mandato en plenitud de condiciones y el contexto parecía volver a ser favorable. Pero llegó la pandemia.

El 13 de abril de 2021, ocho años después de gestarse, el Congreso aprobó definitivamente la proposición de ley con la única abstención de Vox. Pero las trabas para García no terminaron ahí. “Cuando pensábamos que había escampado, la Mesa del Congreso comenzó a prorrogar continuamente la discusión. Cada semana anunciaban un nuevo aplazamiento”, explica con incredulidad.

Pilar Garrido, secretaria general de Podemos Euskadi, ha sido desde entonces la confidente política de García. La diputada no duda en señalar la resistencia del Gobierno como el último escollo para aprobar el fondo de compensación. “Los motivos son económicos. Parece que a la ministra de Hacienda [María Jesús Montero] no le cuadran las cuentas y lo quiere posponer. Ahora mismo, el único obstáculo para que se apruebe es el PSOE”, cuenta al otro lado del teléfono. El Partido Socialista no se ha pronunciado al respecto. Mientras, el Ministerio de Hacienda esquiva el bulto y delega el asunto en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que ha confirmado a EL PAÍS que “estas cuestiones llevan su tiempo”.

Al igual que García, pero a 600 kilómetros de Beasain, Ricardo Torregrosa dirige la asociación de víctimas (Apena) de su localidad natal. Cartagena es el municipio de España con más muertes por contacto con el amianto: 210 según las cifras oficiales, aunque los cálculos de Torregrosa apuntan a cifras superiores. La singularidad de Cartagena no radica únicamente en sus muertos, sino también, como explica Torregrosa, en los juzgados. “No ganamos una sentencia, es impresionante”, exclama indignado.

En 2017, tan solo 10 personas habían sido indemnizadas en la localidad murciana por haber estado en contacto con el amianto. Por aquel entonces, los cálculos extraoficiales de Torregrosa situaban la cifra de fallecidos en 507. Hoy, asegura que el número de muertos ha ascendido hasta 630, pero la justicia no ha procesado ni una compensación más. “En 2018 y 2019, todas fueron desestimadas. Desde 2020, por la pandemia o por lo que sea, no se tienen noticias. Hay gente enterrada cuyas familias no saben nada del amianto”, relata con claros signos de impotencia.

Para solucionar este anquilosamiento, García y Torregrosa tienen claro cuál es el espejo en el que mirarse: “Francia cuenta desde 2001 con un proceso de diagnóstico automático que evita que las víctimas vayan a juicio y agiliza la compensación en menos de seis meses”. Para dar forma al ansiado fondo, ambos hacen referencia a las notas del “añorado” Paco Puche, activista malagueño fallecido el pasado mes de julio: “Mirando el ejemplo francés, el coste en España rondaría los 210 millones de euros al año. El Estado pondría el 12% (unos 25 millones) y el resto, las empresas”.

El modelo del país vecino, conocido como FIVA (Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante), hubiera permitido a la madrileña Eugenia Martín despedir de otra forma a su marido, trabajador en el Metro durante más de 35 años. “Cuando demandamos, Julián ya estaba prácticamente terminal. Nos tuvimos que responsabilizar mi hija y yo de todo. Él murió antes de que se celebrara el juicio”, explica con desazón. Meses antes de que un neumólogo de la Seguridad Social le diagnosticara el cáncer de pulmón, Metro le comunicó que su estado de salud era “perfecto”. “Si las revisiones hubieran sido continuas, mi marido estaría vivo”, lamenta Martín.

En el proceso jurídico, la viuda de Julián señala que la empresa de transportes no colaboró en ningún momento: “Nadie vino a verle ni preguntó por su salud nunca. Nos pagaban los tickets de los medicamentos y los taxis para ir a radioterapia, pero la comunicación era únicamente a base de correos. No eran capaces de darle la baja por enfermedad profesional porque, decían, no sabían cómo hacerlo”.

En 2020, Metro de Madrid reconoció que Julián había enfermado por el amianto presente en sus instalaciones e indemnizó a Eugenia Martín (59 años) con 193.000 euros, la primera compensación en la historia de la empresa por este motivo. “Es un proceso lento y estresante, lo vives con muchísima ansiedad. Al final, tu marido ya no está y te estás enfrentando judicialmente a una empresa gigantesca”, asegura la viuda.

El pasado 1 de octubre, el Parlamento Europeo urgió a retirar todo el asbesto a los países miembros, un proceso caro y que requiere grandes medidas de seguridad. En España, su uso está prohibido desde 2002, aunque sigue presente en naves industriales, colegios y otros edificios. Desde su vivienda en la capital, Eugenia Martín exige que todas las empresas reconozcan el problema y ofrezcan seguridad a sus trabajadores, con reconocimientos específicos para evitar llegar a situaciones tan dolorosas como la de su marido: “Mientras no se dé ese paso, el amianto seguirá matando”.