La compra semanal y las urnas comunitarias

Hoy se celebran las elecciones al Parlamento Europeo y los datos apuntan a un menor interés de los españoles por la política comunitaria respecto a los asuntos nacionales. En los últimos 40 años la participación ha sido, de promedio, 16 puntos menor en las europeas que en las nacionales. No obstante, las decisiones que se toman desde las instituciones europeas influyen significativamente en la vida cotidiana de los españoles. Sirva de ejemplo la compra semanal.

Si decidimos acudir a un supermercado es posible que este pertenezca a una cadena europea. La legislación comunitaria garantiza la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en toda la UE, así como la libre circulación de capitales, mercancías y trabajadores, lo que permite a estas compañías invertir, contratar y operar igual que si lo hicieran en sus países de origen.

Una vez dentro, en la sección de frutas y verduras, debemos saber que los agricultores reciben una ayuda básica a la renta, el principal instrumento de la Política Agrícola Común. Consiste en un pago anual por hectárea que actúa como red de seguridad para los agricultores que estén haciendo frente a ingresos bajos, mercados inciertos, meteorología extrema o plagas. En este punto, la normativa fitosanitaria contempla controles sobre la comercialización y el uso de biocidas y plaguicidas, con el objetivo de garantizar la salud de los consumidores.

Las instituciones europeas regulan las cuotas pesqueras de cada país para cada especie; las tallas mínimas de esas capturas; los descartes; las técnicas de pesca autorizadas, y el tamaño de las flotas pesqueras de cada Estado miembro. Si preferimos comprar carne, la legislación comunitaria exige controles sanitarios para garantizar la higiene de piensos y alimentos de origen animal, así como la revisión de los contenidos máximos de nitratos, metales pesados y dioxinas presentes en los alimentos. También establece requisitos de transparencia sobre el lugar de cría y de sacrificio de la carne.

Las instituciones garantizan la protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y, en general, de cualquier marca registrada. También regulan la autorización y las condiciones de uso de las sustancias añadidas, y exigen que las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables estén basadas en pruebas científicas, haciendo posible que los consumidores dispongamos de información para tomar las decisiones. Una vez consumido el alimento, se contemplan exigencias en materia de reciclado y reutilización de los envases.

Todos estos elementos, si bien afectan a cualquier país, en España son muy importantes por el peso del sector agroalimentario. En mayo de 2024, 1.018.000 españoles estaban empleados en empresas agrícolas y ganaderas; 66.000 en el sector pesquero; 424.000 en la industria de alimentación, y 49.000 en la de bebidas. Estas cifras ponen de manifiesto la relevancia de las elecciones europeas en el futuro de la cadena agroalimentaria y del conjunto de la economía.

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