Actualización de rentas

La inflación marca el compás de muchas decisiones de política económica. Sin ir más lejos, es la causante de que los tipos hayan escalado a uno de los niveles más altos de las últimas décadas y lo hayan hecho en tiempo récord, habida cuenta de que los bancos centrales tienen como objetivo el control de precios.

Entre sus consecuencias, la actualización de rentas. El miedo a adentrarnos en una espiral inflación-salarios ha marcado una férrea disciplina de actualización de rentas más modesta que el incremento del nivel general de precios, a excepción de las recibidas por los beneficiarios de una prestación pública, cuya actualización ha sido, en todo momento, acorde a inflación. En 2022 lo hicieron según la media anual hasta noviembre de 2021 (2,4%, lo que supuso ahorrar alrededor de 2.000 millones de euros, ya que la inflación de noviembre, la que ha marcado habitualmente el nivel de actualización, se situaba en el entorno del 4%) y en 2023 lo hicieron a más del 8%.

El hecho de que la inflación haya moderado significativamente en los últimos meses (en noviembre se ha situado en el 3,2%) va a permitir un nuevo alineamiento de la actualización de las rentas de los beneficiarios de prestaciones públicas con el resto de los agentes y, en particular, con los asalariados. Según la fórmula establecida en la Ley 20/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, y acordada con los interlocutores sociales, las pensiones contributivas se actualizarán en 2024 al 3,8%, que es el resultado del IPC medio entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. En los PGE 2024 se había contemplado una actualización de las pensiones contributivas de entre del 3,5% y 4,5%. Por lo tanto, el gasto final será un 0,5% inferior al anticipado en el rango superior de dicha horquilla (unos 800 millones de euros menos) y ubicará el déficit contributivo de la Seguridad Social en el entorno del 1,5% del PIB en 2024. En cualquier caso, seguirá siendo el gasto más relevante de entre todas las rúbricas consideradas como gasto social de los PGE.

Esta alineación permitirá contener también el riesgo de asistir a incrementos salariales más abultados. Tras la reunión del BCE, se trata de uno de los riesgos que más preocupa y vigila de cerca la institución. Si bien la moderación de la inflación ha interrumpido la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, la pérdida acumulada en el pasado sigue pesando y puede derivar en incrementos de salarios superiores a la mejora de la productividad. Se trata de un riesgo potencial, ya que, hasta ahora, las revisiones salariales acordadas en convenios siguen siendo similares al incremento del nivel de precios. Esto, junto con el mantenimiento del empleo y la mejora de su estabilidad (propiciada por la última reforma laboral de 2021), ha contribuido a mantener el pulso del consumo de los hogares y esperamos que lo siga haciendo en el futuro.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal