Deuda, extorsiones y consecuencias catastróficas

Estados Unidos se precipita hacia una crisis de la deuda, y la perspectiva de un impago está empezando a agitar los mercados. Lo curioso de esta posible crisis es que no tiene nada que ver con un endeudamiento excesivo. A lo mejor piensan que el Gobierno federal se ha empeñado demasiado a lo largo del tiempo. Podemos discutirlo, pero ahora no viene al caso. Estados Unidos en 2023 no es como, por ejemplo, Grecia en 2009 o Argentina en 2001. Los inversores no han cerrado el grifo porque hayan perdido la confianza en nuestra solvencia.

Por el contrario, la crisis que se cierne sobre nuestro país será totalmente autoinfligida o, para ser más exactos, infligida por los republicanos. Si ocurre, será porque el partido que controla la Cámara de Representantes se niega a elevar el techo de la deuda, una peculiaridad del proceso presupuestario estadounidense que permite al Congreso impedir que el Gobierno realice pagos que ya han sido aprobados mediante leyes anteriores.

Hay tres cosas que deben saber sobre esta crisis. En primer lugar, independientemente de lo que digan los tribunales sobre la constitucionalidad del techo de la deuda, las decisiones presupuestarias deben ser dictadas por votaciones sobre el gasto y los impuestos, no por una toma de rehenes en la que la parte más dispuesta a destruir la economía consiga lo que quiera. En segundo lugar, si la política de extorsión desemboca en un impago de la deuda, las consecuencias serán catastróficas. Y, en tercer lugar, las diversas formas en que el Gobierno de Biden podría intentar eludir la extorsión republicana y continuar gobernando con normalidad no conllevarían ninguna desventaja económica. Al contrario de lo que afirman muchas informaciones erróneas que circulan por ahí, medidas como emitir bonos premium o acuñar una moneda de platino no serían inflacionistas. Parecen indignas, pero provocar una depresión mundial porque tenemos miedo de parecer tontos sería totalmente irresponsable.

Así es como se supone que funciona el proceso presupuestario: el Congreso aprueba proyectos de ley que fijan los tipos impositivos y determinan el gasto, y que se convierten en ley cuando el presidente los firma. En gran parte de los casos, el gasto legislado supera a los ingresos, por lo que el Gobierno tiene que pedir prestado para cubrir la diferencia. Que así sea. Sin embargo, debido a una peculiaridad de la legislación estadounidense de complicados orígenes, el Congreso tiene que votar una segunda vez para autorizar el endeudamiento exigido por sus propias votaciones anteriores.

¿Qué significaría que el Congreso se negara a autorizar el endeudamiento, es decir, a elevar el techo de la deuda? No serviría para contener el gasto. En cambio, equivaldría a impedir que el presidente realizara pagos que el Congreso ya ha ordenado. Sería como comprar un montón de muebles para casa, aceptar la entrega y luego negarse a pagar la factura. Y tendría efectos enormemente destructivos.

Un nuevo informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca expone los posibles costes de un impago inducido por la negativa republicana a aumentar el límite de endeudamiento. El análisis indica que un impago prolongado podría costar ocho millones de puestos de trabajo como resultado de su impacto en la confianza de los consumidores y las empresas, un aumento de los tipos de interés de la deuda estadounidense (que los inversores ya no considerarían segura) y drásticos recortes forzosos del gasto público.

Es posible incluso que estas previsiones subestimen los daños probables. Hasta ahora, el mundo ha visto en la deuda pública estadounidense el activo seguro por excelencia. En consecuencia, los bonos del Tesoro desempeñan un papel crucial como garantía en muchas transacciones financieras. Si estas obligaciones dejan de ser seguras —se convierten en pagarés que Estados Unidos no puede liquidar—, todo el sistema financiero mundial podría quedar paralizado.

De hecho, esto estuvo a punto de ocurrir durante unos días en marzo de 2020, y no está claro si podría diseñarse un rescate en el entorno político actual.

Entonces, ¿qué se puede hacer? No llegar a un acuerdo. Los republicanos están empeñados en una versión fiscal del 6 de enero de 2021, utilizando la amenaza de destrucción en un intento de ejercer el control total a pesar de que los votantes les dieron solo una cámara del Congreso. El presidente Joe Biden no debería ceder a la extorsión, y mucho menos llegar a ningún acuerdo que se pliegue a las exigencias de los extremistas que controlan el grupo republicano de la Cámara.

Es posible que Biden se limite a declarar que tiene la obligación de aplicar la legislación debidamente promulgada y que impedírselo limitando la deuda es inconstitucional.

Más allá de esto están los trucos. Sí, serían trucos. No tengo espacio para explicar los bonos premium, pero implicarían jugar con la definición de “deuda”. En cuanto a la moneda de platino, la ley que permite al Gobierno acuñar una moneda de un billón de dólares nunca fue concebida como una forma de sortear la extorsión del techo de la deuda, pero este tampoco se concibió para proporcionar un mecanismo de extorsión.

Y utilizar estos trucos no conllevaría desventajas económicas significativas. Me ha causado enorme sorpresa ver a personas y entidades que deberían tener más criterio, incluidos los principales medios de comunicación, presentar como un hecho el mito de que, por ejemplo, acuñar la moneda sería inflacionista. No lo sería; tan solo sería un subterfugio para continuar con la financiación normal, sorteando la letra de un límite de la deuda que, para empezar, no debería existir.

No estoy seguro de qué estrategia en concreto adoptará el Gobierno de Biden, pero el principio rector debería ser hacer lo que haga falta para salir de esta. Lo que haga falta que no sea ceder a la extorsión.

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