Retos y palancas de una economía envejecida

España asiste, como otros países industrializados, a un rápido proceso de envejecimiento como resultado de mejoras de la longevidad y reducciones de la natalidad. El aumento en la longevidad se manifiesta en una expansión de la esperanza de vida al nacer, que ha crecido en más de 8 años desde 1975, y que se explica por avances tecnológicos y sociales. Esto es una noticia genuinamente positiva pues no solo vivimos más, sino que además lo hacemos de modo más saludable. De hecho, España se sitúa como uno de los países europeos con mayor número de años saludables desde los 65 años —alrededor de 12 años a partir de esta edad—. Al mismo tiempo, España ha experimentado un descenso de la fecundidad particularmente significativo desde el baby boom ocurrido entre los años cincuenta y setenta. Entre 1975 y 2020, el índice de fecundidad se ha desplomado hasta los 1,36 hijos por mujer, situando al país como una de las sociedades europeas con fecundidad más baja, solo superada por Italia y Grecia. Este descenso en la fertilidad se ha producido, a su vez, por numerosos motivos, entre los que se incluyen la incorporación generalizada de la mujer al empleo, la dificultad de compatibilizar una carrera profesional con la familia, o unas preferencias que priman la autonomía individual.

El proceso de envejecimiento español va a acelerarse en los próximos 30 años, lo que alterará significativamente la distribución de edad de la población en general y, con ello, la relación entre las necesidades de gasto y nuestras capacidades productivas. Mientras actualmente existen en torno a 3,3 personas de 15-64 años por cada persona de más de 65, se espera que este número disminuya a 1,7 en 2050. Pese a ser una consecuencia de desarrollos positivos, este aumento en la proporción de personas mayores implica ciertos retos económicos por su vinculación con más consumidores por trabajador, más pensionistas por contribuyente y más personas dependientes por persona joven.

Debido a que gran parte de la estructura demográfica se fija con décadas de antelación, lo cierto es que estos procesos de envejecimiento no pueden revertirse en el medio plazo. Con todo, de cómo adaptemos los patrones culturales y de cuáles sean los marcos de incentivos dependerá el que las consecuencias económicas y sociales sean unas u otras. Por este motivo, las implicaciones definitivas del envejecimiento sobre el bienestar de la ciudadanía dependerán de cómo las políticas públicas y el mercado laboral se adapten a la nueva realidad demográfica.

Desde el punto de vista económico, el envejecimiento se asocia con una posible reducción del crecimiento económico, ya que una población más envejecida se vincula con una menor participación en el proceso productivo y una menor productividad e innovación. Sin embargo, posibles mejoras en la tecnología, la educación y la salud, así como aumentos en la participación laboral de diferentes colectivos, pueden revertir parte de estas consecuencias negativas. Desde el punto de vista distributivo, el envejecimiento provoca un cambio en la estructura de gasto público, pues la creciente proporción de personas mayores genera una demanda creciente de pensiones y otros servicios públicos, como salud y cuidados, que deben financiarse mediante impuestos y cotizaciones. Dependiendo de cómo se repartan los costes de este creciente gasto, se generarán desequilibrios tanto de naturaleza intergeneracional (entre personas jóvenes y mayores) como entre colectivos de diferentes niveles de renta.

Sin embargo, la existencia de desequilibrios no debe llevar al fatalismo, ya que existen multitud de espacios para mitigar la severidad de las consecuencias del reto demográfico y repartir de manera equilibrada los costes asociados a este. Para ello, las instituciones han de compaginar simultáneamente dos agendas: la del crecimiento y la de la equidad. Por una parte, han de impulsarse iniciativas —tanto en el ámbito de la política tecnológica, industrial o formativa— que favorezcan la innovación y, con ella, la productividad necesaria para hacer frente al descenso de la generación de riqueza y a las necesidades de gasto creciente. Por otra parte, las reformas deben valorar honestamente sus implicaciones distributivas, de tal forma que se evite una concentración excesiva de los costes en colectivos más vulnerables, entre los que se hallan jóvenes que se enfrentan a condiciones de precariedad.

Desde el punto de vista laboral, existen una serie de palancas y tendencias que permiten paliar la escasez de personas trabajadoras derivada del envejecimiento. A ellas, habría que sumar otros espacios alternativos que permitan la difusión de buenos empleos a un mayor número de segmentos productivos de la economía.

La primera de las palancas consiste en una mayor participación en el empleo del colectivo de personas mayores, tanto en la franja de edad de 55-64 años como posteriormente a los 65 años. En este ámbito existe margen para el optimismo, ya que las perspectivas de ganancias futuras son buenas. Por un lado, la tendencia reciente apunta hacia una mayor participación de estos colectivos, tanto por mejoras de los niveles educativos así como en salud. Por otro lado, España dispone de márgenes para generar incentivos que refuercen esta participación a través de un menor número de jubilaciones anticipadas voluntarias y una prolongación flexible de la vida laboral en ocupaciones que así lo permitan. La segunda palanca de cambio consiste en fomentar una mayor intensidad en la participación femenina. Las mujeres son más proclives a la inactividad y la parcialidad no deseada en el empleo. Políticas de conciliación y corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres en las que se impliquen las instituciones públicas, las empresas y la misma sociedad pueden fortalecer la participación e intensidad laboral femenina y con ello conseguir aumentos sensibles de personas trabajadoras que palíen la escasez a la que nos enfrentamos.

Finalmente, las políticas de inmigración, ya sean por vías de mejorar la integración o la atracción de talento, resultan un instrumento adicional útil para paliar la escasez de personas y rejuvenecer nuestras sociedades, ya que las personas inmigrantes son comparativamente más jóvenes y presentan unas mayores tasas de fecundidad.

Sara de la Rica y David Martínez de Lafuente, de la Fundación ISEAK.