La inflación, en la encrucijada

La inflación está siendo el principal condicionante de la recuperación de la economía española. Su impacto sobre el poder adquisitivo es ineludible: como el principal factor es el alza de costes importados, mayormente la electricidad, actúa como un impuesto que tiene que soportar toda la sociedad (a excepción del sector eléctrico). Además, el brote inflacionario refleja los cuellos de botella que limitan el rebote, especialmente en algunos sectores industriales como el automotriz.

Es posible que el brote inflacionario generado por el encarecimiento de la energía y de otros suministros esté tocando techo. Los precios del mercado mayorista de la electricidad apuntan a una estabilización —si bien en niveles desorbitados— y los indicadores de costes soportados por las empresas evidencian una cierta relajación, en consonancia con la reorganización de las cadenas de suministro. Veremos si la tendencia es inmune a los desajustes provocados por ómicron.

Ahora se trata de evitar que se abra otro frente, el de eventuales efectos de segunda ronda, que consistirían en ajustes de precios y de salarios en una pugna por la recuperación del poder adquisitivo perdido como consecuencia de la crisis energética. De momento, se mantiene la moderación: si bien el IPC total crece a un ritmo muy superior a la eurozona (6,6% frente al 5%), la inflación subyacente se sitúa en el 2,1%, cuatro décimas menos que la media europea. Es decir, nuestro diferencial desfavorable de IPC se debe exclusivamente a la energía, y no a un comportamiento especialmente inflacionista del aparato productivo. Nada que ver con la situación en Estados Unidos, donde la inflación subyacente escala hasta el 5,5%, algo que preludia una acción contundente de la Reserva Federal.

Sin embargo, los datos de diciembre apuntan a un mayor traslado de los costes al núcleo central de precios. Prueba de ello, los incrementos de precios empiezan a generalizarse. El sector agroindustrial no aguanta más la presión y se ve abocado a trasladar el encarecimiento de la luz, de los fertilizantes y del transporte a sus precios de venta —con un gran peso en el IPC total—.

Los servicios también revisan sus tarifas, tras meses de atonía provocada por la pandemia. Bien es cierto que se trataba de una tendencia inédita, también registrada en la mayoría de países avanzados, rara vez observada en épocas anteriores: como la productividad industrial crece por encima de la media de la economía, los productos industriales tienden a abaratarse en términos relativos (esto explica que, desde la creación del euro hasta el estallido de la pandemia, el IPC de bienes no energéticos subiera apenas un 13%, frente al 54% en los servicios).

La tendencia es ahora alcista tanto en los sectores más afectados por la crisis como el turismo y la restauración como en otros servicios menos perjudicados: las comisiones bancarias, el ocio y los seguros de salud, por ejemplo, suben a tasas superiores al 2%. En suma, los servicios ya no desempeñan el papel moderador de meses anteriores.

Ante las crecientes tensiones en los precios internos, los salarios no parecen reaccionar: en 2021 las remuneraciones pactadas crecieron en torno al 1,5% (la mitad que el índice de precios al consumo). El resultado fue una pérdida de capacidad de compra, en un contexto en el que las empresas también sufrieron un recorte de excedentes. La gran incógnita es si ese pacto tácito entre actores sociales se mantendrá a medida que las empresas elevan sus precios, y así contienen la disminución de sus márgenes.

Si ese pacto prevaleciera, y bajo la hipótesis adicional de una estabilización de los precios energéticos, el IPC podría moderarse tanto en España como en el resto de la eurozona. De lo contrario, la visión de transitoriedad del Banco Central Europeo (BCE) se volatilizaría y daría alas a los halcones que preconizan un endurecimiento de la política monetaria.

Raymond Torres es director de coyuntura de Funcas. En Twitter: @RaymondTorres_