Tubacex: tablas tras siete meses de huelga

En las plantas alavesas de Tubacex, la multinacional de tubos sin soldadura en acero inoxidable, la normalidad es noticia. La plantilla de más de 600 personas ya se ha reincorporado prácticamente en su totalidad a sus puestos de trabajo y los 129 despedidos del ERE para las plantas de Llodio y Amurrio, Álava, trabajan codo con codo con sus compañeros tras 235 días de huelga indefinida. El recibimiento con bengalas a las seis de la mañana del pasado 5 de octubre con el que festejaron la victoria sindical ha dado paso, también en las oficinas de la multinacional, a la reflexión y al análisis. Las dos partes mantienen que han ganado. La pregunta sobre la que todos tienen opinión pero que oficialmente no verbalizan es si los siete largos meses de huelga eran necesarios para llegar al acuerdo que le ha puesto fin.

“Hemos conseguido las rebajas salariales y estructurales que buscábamos para hacer frente a la situación que atravesamos”, asegura a título personal un directivo 10 días después de firmado el acuerdo. La empresa, que no quiere ahondar en el asunto, explicó tras el acuerdo que “el desbloqueo del conflicto permite retomar, de manera inmediata, la actividad en las plantas alavesas, dando por finalizada la reestructuración del Grupo Tubacex en el ámbito global”. Una reestructuración que, cuando la anunció, en junio de 2020, iba a afectar a unos 500 trabajadores en todo el mundo. “No vamos a entrar a ver quién ha ganado más o menos. No hay medidas traumáticas, no hay despidos, han retirado el recurso al Supremo de los 129 despidos y hay garantía de empleo hasta 2025. Es lo que queríamos”, asegura el presidente del comité de empresa, Eduardo Ibernia, de ELA.

El pacto que ha facilitado el desbloqueo de la situación incorpora bajas voluntarias y prejubilaciones, la reducción de una serie de partidas de gastos de personal como la bajada de la aportación al plan de pensiones del 4% al 1%, el incremento de la jornada laboral en unas 50 horas anuales y la congelación salarial hasta el ejercicio de 2025, que habrá que negociar un nuevo convenio. La empresa, a cambio, se ha comprometido a retirar el recurso al Supremo de la sentencia del Tribunal Superior vasco que declaró nulo el ERE que afectaba a 129 personas, de las que 95 eran rescisiones de contrato, 12 prejubilaciones y 22 bajas incentivadas, a mantener el empleo hasta esa fecha y hacer algunas inversiones.

Pero, sin embargo, el largo tiempo de la huelga es un tema tabú. Ningún responsable institucional quiere hablar abiertamente de ese asunto para no enturbiar la fragilidad del modelo de relaciones laborales que hay en Euskadi, con mucha fragmentación sindical y un sindicato mayoritario como ELA con una caja de resistencia diseñada para soportar conflictos largos. Una herramienta sindical que en muchos despachos se critica porque se usa de forma estratégica.

“Los buenos acuerdos son aquellos en los que todos ganan”, repiten como un mantra en el Gobierno vasco y lo comparten las instituciones que facilitan la negociación colectiva. Y en Tubacex las dos partes, la social y la empresarial, comparten la sensación de victoria. También la de cansancio.

ELA tiene cuatro delegados de un comité de 13, y ocupa la presidencia. STAT, una escisión de ELA, tiene otros cuatro delegados, CC OO tiene tres, LAB uno y ATAL uno. “Hemos cometido errores todos, y el que no quiera verlo es porque es ciego”, dice Borja Pérez, uno de los delegados de CC OO. “Todos tenemos parte de responsabilidad en un conflicto que para mí y para muchos de mis compañeros ha sido demasiado largo”, asegura. Eso sí, apunta: “Hemos llegado al mejor acuerdo posible”.

Tras la sentencia del TSJPV, en julio, CC OO propuso volver a la fábrica. Pero no consiguió arrastrar al resto de sindicatos, posiblemente porque la plantilla no acababa de perdonar a Tubacex lo que consideraba una estrategia interesada para alargar el conflicto y ahorrarse los salarios. El TSJPV les dio parcialmente la razón al argumentar que la dirección carecía de motivos para presentar el ERE, por lo que declaró nulo el expediente y los despidos previstos. El Tribunal vasco entendió que el hecho de que la tubera no necesitara acogerse a medidas de gracia como la exención del pago de la Seguridad Social en los ERTE “resultaba difícilmente compatible” con el ERE que Tubacex defendió. La sala de lo social dio a entender que los datos contables que presentó la empresa para justificarlo no reflejaban la veracidad de su estado económico.

Negociación colectiva

En este proceso, el departamento de Trabajo del Gobierno vasco, cuyo papel ha sido clave para finalizar la huelga, vigilará que se puedan reincorporar, si quieren, las 22 personas que firmaron bajas incentivadas a la presentación de ERE y que los sindicatos entendían como forzosas. “La negociación colectiva es la mejor herramienta para lograr acuerdos en el seno de las empresas”, repiten Gobierno y Consejo de Relaciones Laborales sin desviarse ni un ápice de ese guion.

La plantilla tampoco entendió que Tubacex decidiera pagar el sueldo de los trabajadores despedidos —tras la sentencia—, pero no les dejara volver a sus puestos de trabajo. El comité de huelga decidió proseguir con el paro indefinido. El ERE fue presentado en febrero, dando inicio a la huelga y el fallo del TSJPV llegó en julio, poco después de que la compañía presentara el resultado del primer semestre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La empresa explicó entonces que el periodo entre enero y junio de 2021 estuvo marcado por la bajada de la actividad en sus principales sectores de venta, con 160 millones de euros de facturación frente a los 282 del primer semestre de 2020, un descenso del 43,3%. El resultado bruto de explotación se situó en 0,3 millones de euros. Sin embargo, mantenía 190 millones de euros en caja, y una posición de liquidez de 220 millones.