TAP trata de dejar atrás una década de turbulencias con una segunda privatización

La aerolínea portuguesa TAP empezó la última década con una privatización y está a punto de cerrarla con otra. En ese tiempo se vendió, luego se nacionalizó y ahora vuelve a salir al mercado porque el Gobierno portugués considera que estará mejor gestionada en manos privadas. Salvo giros inesperados, uno de los tres grandes grupos europeos de aviación, Lufthansa, IAG y Air France-KLM, será el futuro gestor de la portuguesa, cuando la operación de venta culmine en 2026. Son las únicas compañías que han mostrado interés en adquirir el 44,9% (el Estado controlará el 50,1% y reserva para los trabajadores otro 5%), pero el proceso está resultando más accidentado de lo previsible debido a las anomalías detectadas en la privatización de 2015, que han desatado registros judiciales en 25 oficinas, domicilios y despachos esta semana.

La investigación de la Fiscalía podría salpicar al actual ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, que gestiona la privatización actual y que en el pasado suscribió, como secretario de Estado, la venta que ahora está en el punto de mira de la justicia. Estas son algunas de las turbulencias que enfrenta la aerolínea. Con algunas tendrán que lidiar los futuros gestores de TAP.

Idoneidad política del ministro. El Partido Socialista ha anunciado este domingo que solicitará la comparecencia del ministro Miguel Pinto Luz en la Asamblea de la República para explicar su papel en el anterior proceso de venta de TAP en noviembre de 2015 al consorcio Atlantic Gateway, formado por empresas de David Neeleman (dueño de la aerolínea Azul) y Humberto Pedrosa, propietario del grupo Barraquero. Los registros realizados esta semana por orden de la Fiscalía, que investiga delitos de corrupción y fraude, entre otros, son para el líder parlamentario socialista, Eurico Brilhante Dias, “particularmente graves porque la persona que tutela el proceso actual de privatización es el secretario de Estado que entonces firmó en nombre del Gobierno portugués la anterior privatización”. En los primeros pasos de la venta también participó la actual comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, entonces ministra de Finanzas de Portugal.

Las sombras de la anterior privatización. La decisión del anterior Gobierno socialista de auditar la enajenación de TAP de 2015 derivó en un informe demoledor sobre el proceso de venta. La Inspección General de Hacienda encontró diversas irregularidades como la planificación de una operación de ingeniería mercantil para que los fondos para la compra de TAP saliesen de la propia compañía y no de la compradora, Atlantic Gateway, además de otros como simulación de contratos para eludir impuestos por parte de los principales directivos (David Neeleman, Humberto y David Pedrosa) e inversiones “sin racionalidad económica” en Brasil que condujeron a pérdidas millonarias para TAP. Este informe fiscal forma parte de la documentación que maneja la Fiscalía para dilucidar si ha habido delitos. De momento se han imputado dos sociedades y dos personas implicadas en la privatización, que se firmó en noviembre de 2015 casi de forma clandestina. La operación se formalizó de noche y en privado, decidida por un Gobierno que ya había sido tumbado en el Parlamento por la mayoría de izquierdas, pero que consideró que la firma del contrato era una necesidad “urgente e inaplazable”.

Nacionalización y ayudas millonarias. El giro político en Portugal, con la llegada del socialista António Costa al Gobierno, alteró algunas condiciones de la privatización y reservó para el Estado el 50% de TAP. Las pérdidas de la aerolínea se acumulaban en 2018 y 2019, pero la puntilla iba a ser la pandemia. Las diferencias entre los gestores privados de Atlantic Gateway y el Gobierno se acentuaron hasta desembocar en la salida del consorcio del capital de la empresa. A finales de 2021, la aerolínea pasa a estar totalmente en manos del Estado. El ministro de Infraestructuras y Vivienda de entonces, Pedro Nuno Santos, defendió la aportación de ayudas públicas millonarias para salvarla de la quiebra por su trascendencia como pilar de la economía portuguesa y puente cultural hacia los países lusófonos. A cambio de autorizar la inyección de 3.200 millones de euros de fondos públicos, la Comisión Europea exigió un severo plan de reestructuración que incluyó despidos, recortes salariales y cesión de slots en el aeropuerto de Lisboa a las empresas de la competencia.

Ryanair contra el Estado portugués. La aerolínea low cost denunció las ayudas públicas a TAP ante el Tribunal General de la Unión Europea, que en febrero de este año respaldó la decisión de Bruselas de autorizar apoyos públicos a la empresa en el contexto de la pandemia. En abril de este año Ryanair ha presentado un recurso de casación contra la sentencia, cuya resolución está pendiente. Pendiente también está el pleito contra TAP de David Neeleman, que reclama el pago de 90 millones de euros a su empresa Azul.

Pasos de la privatización actual. Tras el fin del plazo para presentar declaraciones de interés, la sociedad Parpública (Participaciones Públicas) dispone ahora de 20 días para entregar un informe sobre las opciones presentadas de IAG, Lufthansa y Air France-KLM. A partir de eso se invitará a los interesados a realizar ofertas no vinculantes en el plazo de 90 días, tras los cuales será el Gobierno el que aprobará qué grupos avanzan hacia la presentación de propuestas vinculantes. La venta pretende recuperar parcialmente el dinero público inyectado en TAP, de ahí que la propuesta económica sea relevante para la decisión del Ejecutivo de Luís Montenegro.