Una inspección fiscal aprecia posibles delitos en la privatización de la aerolínea TAP en 2015

El informe de la Inspección General de Hacienda sobre la privatización de la aerolínea TAP en 2015 no podía haber salido a la luz en peor momento para el actual Gobierno de Portugal, que prepara a marchas forzadas una nueva venta de la compañía, que fue recomprada por el Estado en 2021 para evitar su quiebra tras la pandemia. Después de inyectar 3.200 millones de euros de ayudas públicas para salvarla y un plan de reestructuración supervisado por Bruselas hasta en las comas, la aerolínea parece haber superado la crisis económica y ha comenzado a dar beneficios. Es un bocado apetitoso para grandes grupos aeronáuticos europeos, como IAG, Air France-KLM o Lufthansa, cuyo presidente, Carsten Spohr, estuvo el lunes 2 en Lisboa para reunirse con los ministros de Finanzas e Infraestructuras. Lufthansa, según el Corriere della Sera, está dispuesta a pagar entre 180 y 200 millones de euros por el 19,9% de TAP.

El mismo día que Lufthansa mostraba sus cartas a los ministros portugueses salió a la luz la investigación de los inspectores de Hacienda sobre la venta de la compañía aprobada en 2015 por un Gobierno del mismo color que el actual, el Partido Social Demócrata (PSD, centro derecha). Una de las principales supervisoras de aquella operación fue la entonces ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, que ahora ha sido propuesta por el actual primer ministro, Luís Montenegro, para convertirse en comisaria europea en el nuevo equipo de Ursula von der Leyen. Aquella venta fue, además, firmada por el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, actual ministro de Infraestructuras y Vivienda y, por tanto, uno de los que tutelerá la próxima privatización de la aerolínea pública junto a su colega de Finanzas.

Lo que desvela el informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, es una sucesión de anomalías en la venta y gestión de la compañía, que fue adquirida por Atlantic Gateway, un consorcio formado por DGN Corporation y HPGB, sociedades de los empresarios David Neeleman y Humberto Pedrosa, para comprar el 61% de TAP. La aerolínea volvió a estar bajo control público a partir de 2020 y, desde finales de 2021, pertenece en su 95% al Estado portugués. La Fiscalía tiene en marcha desde 2023 una investigación sobre la privatización de 2015, a la que ahora se incorporará el informe de Hacienda.

Esquema para comprar sin gastar. El 12 de junio de 2015 el Gobierno portugués anuncia que ha elegido Atlantic Gateway para privatizar TAP, que arrastra una deuda de 647 millones de euros. Cuatro días después se firma un memorando de entendimiento entre DGN, que pertenece a David Neeleman, y Airbus para comprar 53 aviones. El 19 de junio se constituye la sociedad Atlantic Gateway (51% bajo control del portugués Pedrosa y 49% del brasileño Neeleman) y el 24 del mismo mes se firma el preacuerdo de venta de la aerolínea entre la sociedad estatal Parpublica y Atlantic Gateway. Lo interesante vendrá después. El 12 de noviembre, al filo de la medianoche, se firma el contrato de privatización en un acto a puerta cerrada en la sede de Parpublica, en Lisboa. El Gobierno anuncia que Atlantic Gateway, que aporta 10 millones de euros iniciales, inyectará 338 millones de euros en los siguientes siete meses. Ese mismo 12 de noviembre Airbus firma la venta a DGN de 53 aviones de los modelos A320 NEO, A321 NEO y A330-900 NEO. En paralelo, Airbus concede a DGN un préstamo de 202 millones de euros. Al día siguiente, DGN transfiere a Atlantic Gateway y TAP los contratos de compraventa de las aeronaves, así como los fondos de Airbus. En el contrato se añade una nueva cláusula: TAP cancela el pedido de 12 aviones A350 realizado en 2005 y se compromete a pagar una penalización de 202 millones de euros a Airbus en el caso de cancelar la compra de las 53 aeronaves encargadas por Neeleman. “De esto se puede concluir que las aportaciones complementarias de capital realizadas por Atlantic Gateway a TAP procedieron de fondos de Airbus que la propia TAP, a través de contratos celebrados posteriormente, se comprometió a pagar, no procediendo, por tanto, directamente del accionista Atlantic Gateway, sino de un tercero con intereses directos en los negocios de la empresa y a través de fondos que luego recuperaría mediante pagos que vinculaban a TAP contractualmente”, concluyen los inspectores de Hacienda. Esto, añaden en el informe, podría desembocar en la nulidad de los contratos firmados, ya que el Código de las Sociedades Comerciales impide que una sociedad conceda préstamos o fondos a un tercero para que este adquiera acciones de su propio capital. A pesar de que el Gobierno anunció un plan de capitalización de 338 millones de euros, Atlantic Gateway alteró tras la compra de TAP los compromisos establecidos en los estatutos de la aerolínea, donde se fijó que las aportaciones adicionales de capitalización serían de 202 millones de euros, exactamente el importe prestado por Airbus. “Las conclusiones del informe tienen implicaciones políticas graves para el Gobierno al confirmar las sospechas sobre irregularidades graves en el proceso de privatización de 2015″, explica a EL PAÍS la presidenta del grupo parlamentario socialista, Alexandra Leitão. El PS, principal partido de la oposición, ha solicitado comparecencias parlamentarias de varios implicados en aquella operación, como el actual ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz. “Los inspectores dicen que TAP fue privatizada a través de un esquema que resultó lesivo para la compañía y para los portugueses. Y lo más grave de todo es que los responsables políticos estaban informados de este hecho y fueron cómplices”, reprueba a su vez la líder parlamentaria del partido Livre, Isabel Mendes Lopes.

Simulación de contrato para eludir impuestos. Los inspectores de Hacienda concluyen que las remuneraciones y bonificaciones pagadas, entre 2015 y 2020, a los tres altos cargos de TAP, David Neeleman, Humberto Pedrosa y su hijo David, se realizaron a través de un contrato de prestación de servicios de planeamiento, estrategia y apoyo a la reestructuración de la deuda entre TAP y Atlantic Gateway. El fin del contrato, puntualizan, no era el mismo para el que fue celebrado, “realizándose solo como instrumental para el efecto buscado”. Este procedimiento permitiría que las remuneraciones estuviesen exentas de pagar impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. En total se abonaron 4,3 millones de euros. Asimismo, el informe señala que subsisten dudas sobre los beneficiarios de servicios de algunos contratos de consultoría suscritos entre TAP y Seabury Aviation Consulting y KPMG&Asociados por valor de 11,7 millones.

Incógnitas en la recompra de la TAP. En 2020, con el Gobierno en manos del socialista António Costa, se recompra el 22,5% de la aerolínea a Atlantic Gateway por 55 millones de euros. Esta operación se sumaba a la adquisición previa de otro 16% y al porcentaje que nunca se había privatizado, lo que dio al Estado portugués de nuevo el control sobre la compañía en un contexto de ruina económica provocada por el parón durante la pandemia. Los inspectores advierten de que no recibieron información de los organismos públicos para conocer los cálculos realizados para pagar a Atlantic Gateway.

Pérdidas de 906 millones por los negocios en Brasil. El informe de Hacienda concluye que no se ha demostrado “la racionalidad económica de la decisión de la administración de TAP” de invertir en empresas del sector aeronáutico en Brasil, ni tampoco el rechazo a compartir los riesgos con otros socios. “Se prevén pérdidas muy significativas por aquellos negocios al no recuperarse las inversiones realizadas que ascendían a 906 millones de euros hasta 2023″, señalan en sus conclusiones.