El Gobierno eleva al 11% la oferta de subida salarial para los funcionarios hasta 2028 y allana un pacto con los sindicatos

El Ministerio de Función Pública ha elevado este jueves un punto su oferta de subida salarial para los 3,5 millones de empleados públicos. Propone elevar los sueldos un 11% repartido entre 2025 y 2028, ambos años inclusive, según han informado los negociadores sindicales. Esta mejora, que eleva en 2.000 millones de euros la primera propuesta hecha este miércoles, ha allanado un posible acuerdo con los sindicatos, aunque aún no se ha materializado en su totalidad. El Gobierno ha insistido en que la subida no podrá superar el 4% acumulado en los dos primeros años, algo que hizo que los principales sindicatos del sector rechazaran la propuesta inicial. Sin embargo, a última hora de la tarde de este jueves, UGT ha avanzado que sí respaldará la oferta gubernamental. CC OO, por su parte, la analizará este viernes, mientras que CSIF ha anunciado su rechazo por considerarla insuficiente.

La nueva secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, ha transmitido a los negociadores sindicales “que no hay plan B” y esta es la última propuesta del Ejecutivo. Por ello, les ha emplazado a hablar con sus organizaciones para que decidan si dan un sí o un no a la oferta del Gobierno. El ministerio ha convocado nuevamente a los representantes de los trabajadores el próximo lunes para que den su respuesta definitiva.

Pero antes de que llegue el lunes, los responsables de Servicios Públicos de UGT han anunciado ya su apoyo a todo el texto del acuerdo propuesto “en su conjunto”. Esto incluye la oferta salarial y el resto de medidas relacionadas con el empleo que se contemplan en la propuesta, según ha indicado el sindicato en un comunicado. La luz verde a la propuesta del ministerio ha llegado tras una reunión del consejo federal, órgano consultivo de Servicios Públicos de UGT compuesto por todas las secretarías generales territoriales y la dirección federal.

Este sindicato, tras analizar las cifras, ha valorado positivamente la nueva propuesta salarial del 11% total, que supone un punto más con respecto a la anterior oferta. Además, sus responsables han precisado que la cifra llegará a un 11,5% real, teniendo en cuenta los ajustes derivados del deslizamiento de tablas salariales.

Ya en la mañana de este jueves, al término de la reunión entre la secretaria de Estado y los sindicatos, la secretaria general de Servicios Públicos de UGT, Isabel Araque, fue la dirigente sindical que se mostró más conciliadora. Adelantó que aunque el Gobierno mantuviera el límite del 4% acumulado en los dos primeros años (2025 y 2026) —que los sindicatos rechazaron el miércoles—, si aplicara un alza del 5% fijo (sin que esté sujeto a ninguna variable) en enero de 2027, “valdría la oferta, porque significaría que en apenas 13 meses los empleados públicos tendrían una subida salarial del 9%”.

El coordinador del Área Pública de CC OO, Lucho Palazzo, también ha dejado la puerta abierta a un acuerdo, al entender que la oferta inicial se había mejorado en 2.000 millones de euros y, sobre todo, que el pacto final no solo incluye la subida salarial, sino una serie de mejoras en materia de empleo y derechos de los empleados públicos. Aun así, como parte negativa de la reunión de este jueves, Palazzo, ha señalado que el Gobierno no haya tenido margen para subir los sueldos más del 4% acumulado en 2025 y 2026. Y ha anunciado que con todos estos condicionantes el consejo federal del Área Pública se reunirá este viernes, e igualmente abordarán la oferta las federaciones de sanidad y educación para decidir si respaldan la propuesta.

CC OO ha reclamado en un comunicado que “para poder llegar a un acuerdo, además, es imprescindible que el Gobierno se comprometa al cumplimiento de los capítulos pendientes de ejecución del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI (2022-2024)”. En concreto se han referido al desbloqueo y recuperación de la jubilación parcial, la plena implantación de la jornada de 35 horas y la clasificación profesional de técnico superiores y de grado medio, entre otros asuntos.

Rechazo del CSIF

En cambio, el sindicato de funcionarios CSIF se ha mostrado claramente en contra de la última oferta del Gobierno. Esta organización ya quedó fuera del anterior acuerdo salarial y de empleo plurianual para el periodo (2022-2024), que sí ratificaron junto al Ejecutivo CC OO y UGT. En la central de funcionarios aseguran que valoran el punto adicional en la subida hasta sumar un 11% acumulado en 2028, pero siguen considerando la oferta “insuficiente” porque “condena a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo, lo que se acumula a lo perdido desde los recortes de 2010″.

En total, CSIF calcula una pérdida de poder adquisitivo del alrededor de un 20% en los últimos 15 años. Y aunque dicen que “todavía hay flexibilidad para negociar” y que lo harán “hasta el último minuto”, también advierten de que si, como todo apunta, la oferta mantiene el límite de subida en el 4% para 2025 y 2026, el sindicato “tendrá que volver a las calles” y continuar con las movilizaciones.

Semanas de negociación

Las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo plurianual y de empleo arrancaron a principios de este mes de noviembre, después de que los máximos responsables de la función pública de CC OO y UGT y de CSIF amenazaran al ministro del ramo, Oscar López, con protestas y una huelga en el sector en diciembre si no se sentaba a negociar de inmediato la subida salarial para los empleados públicos. Tras marcar objetivos generales y de calendario en un primer encuentro, la segunda reunión abordó las materias relacionadas con el empleo público.

En concreto, el Gobierno planteó, tal y como han vuelto a recordar este jueves los responsables sindicales, la desaparición progresiva de la denominada tasa de reposición, que limita las ofertas de empleo a las vacantes que dejan las jubilaciones. En función de lo tratado en estos encuentros, el posible acuerdo plurianual que rija las condiciones laborales de los empleados públicos hasta 2028 también recogerá futuros cambios en el desarrollo de las carreras profesionales, con mayor peso de la oferta de plazas de promoción interna y la creación de convocatorias específicas y diferenciadas de las del turno libre para estos puestos.

También incluirá cambios en el acceso a las plazas de funcionario, aunque en este punto no se ha abordado el ambicioso proyecto para reformar el funcionamiento de la Administración Estatal, basado en un documento de 177 páginas titulado Consenso por una Administración abierta, presentado por Función Pública en julio pasado y que levantó ampollas entre distintos sindicatos y asociaciones que representan a los funcionarios y al resto de empleados públicos estatales. Este plan preveía una profunda reforma del sistema de oposiciones, en un primer momento para los niveles más altos (A1 y A2) que perseguía sustituir las actuales pruebas selectivas por un proceso de formación de dos años en una escuela gratuita del Estado de futura nueva creación donde cursarán un máster y, posteriormente, deberían presentarse a la oposición convencional.

En esta negociación también se han quedado otras cuestiones fuera, que según CSIF contribuyen a que este sindicato rechace la oferta del Gobierno. Entre ellos, la central critica que Función Pública no se haya pronunciado sobre su propuesta para que se dote de fondos adicionales la corrección de la la desigualdad económica de los empleados públicos que prestan las mismas funciones en administraciones distintas. Igualmente, Función Pública tampoco ha valorado todavía la propuesta de CSIF sobre la recuperación de las pagas extras íntegras y que la subida al personal laboral del Exterior se vincule al IPC del país en el que desarrollen su labor profesional (sin que en ningún caso, ello suponga una subida inferior a la acordada en España).