Los grupos políticos que respaldan a Von der Leyen en la Eurocámara rechazan su proyecto de presupuestos

No va a ser fácil para la Comisión Europea convencer a la Eurocámara de que su proyecto de presupuestos para el periodo 2028-34 es el que necesita la UE. Lo rechazan hasta los grupos políticos que ratificaron al Ejecutivo comunitario, tanto a Ursula von der Leyen para la presidencia como al resto de comisarios. Las cuatro fuerzas moderadas y europeístas que la sostienen (el Partido Popular Europeo, del que ella forma parte, los socialdemócratas, los liberales y los verdes) han firmado una carta en la que, básicamente, denuncian que la propia estructura del proyecto de presupuestos presentados en julio supone una “renacionalización” de políticas, mina el papel de las autoridades regionales y locales, reduce el papel del Parlamento Europeo y rebaja sustancialmente las partidas destinadas a la política agraria común (PAC) y a la cohesión, los dos capítulos señeros tradicionalmente en las cuentas de la Unión.

“La propuesta actual no puede constituir una base para las negociaciones”, concluyen el PP europeo, los Socialistas y Demócratas, los liberales de Renew y Los Verdes en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea este jueves, en la que también le reclaman “una propuesta modificada” para sentarse a negociar.

La crítica que lanzan las cuatro formaciones europeístas empieza por el propio diseño de los presupuestos, algo que une mucho más a estos partidos que las cantidades que dedican a las diferentes políticas o la procedencia de los recursos necesarios (nuevos impuestos, deuda conjunta), como los nuevos impuestos que ha planteado Bruselas. Ese diseño descansa en la creación de 27 planes nacionales, uno por Estado miembro, en el que el Ejecutivo central de cada país negociaría con el de la UE el contenido y la distribución del dinero, siempre dentro de unos márgenes mínimos y máximos marcados en los presupuestos. Además, para que el dinero fuera fluyendo, en esos planes se incluirían reformas que los Estados deberían aprobar, como ahora sucede en el Fondo de Recuperación.

El principal argumento de Von der Leyen para plantear este cambio ha sido la simplificación de los presupuestos comunitarios. Los varios centenares de programas actuales quedarían reducidos a 27, uno por Estado miembro, y sería en el seno de estos donde se deberían desplegar las diferentes políticas: agricultura, cohesión o competitividad.

Desde que la Comisión presentó sus planes, se sabía el disgusto del Parlamento. A unos no les gustaba cómo quedaba la política agraria, a otros la de cohesión y los más veían con mucho recelo que el diseño planteado daba mucho más poder a las capitales y, sobre todo, a la Comisión Europeo, quitándoselo a los parlamentarios. Y este jueves ha llegado una rara −al menos en esta polarizada e imprevisible legislatura− comunión entre las cuatro fuerzas moderadas sobre las que tradicionalmente se sustentan las políticas de la UE.

“Nos oponemos a una Unión a la carta, con decisiones nacionales centralizadas que pasan por alto las prioridades de la UE. El Reglamento sobre el Plan de Asociación Nacional y Regional [texto legal que desarrollaría estos programas nacionales] en su forma actual, con grandes cantidades de fondos sin asignar, daría lugar a la fragmentación, la pérdida de solidaridad y la financiación de 27 planes nacionales dispares. La propuesta no garantiza la cobertura de todas las categorías de regiones europeas, conduce a una falta de previsibilidad y distorsiona el mercado único de la UE”, dispara la carta firmada este 30 de octubre por los presidentes de los cuatro grupos (Manfred Weber, por el PP europeo; Iratxe García, por los socialdemócratas; Valerie Hayer, por los liberales; y Terry Reintke y Bas Eickhout, por Los Verdes) más los ponentes para este proyecto presupuestario de cada partido.

Para estos firmantes, las consecuencias de este diseño son, por ejemplo, “una reducción sustancial en términos reales de la política agraria común (PAC) y de la política de cohesión”.

La misiva también apunta hacia lo que, en su opinión, debería cambiar. “La política de cohesión no puede ser diseñada y gestionada exclusivamente por los Gobiernos centrales. El papel de las regiones y las autoridades locales debe ser fortalecido”.

“El Reglamento sobre condicionalidad y el cumplimiento de los valores de la UE deben aplicarse a todo el presupuesto de la UE, incluidos los futuros planes nacionales de cohesión y de la PAC, y no duplicarse en instrumentos paralelos”, continúa más adelante, en referencia a las condiciones a cumplir para recibir el dinero. “En lugar de crear herramientas que se solapan, la Comisión debería ser más proactiva y coherente en la aplicación del conjunto de herramientas del Estado de Derecho; debería garantizarse el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales. Debería existir un vínculo claro entre las recomendaciones del informe sobre el Estado de Derecho y los planes nacionales”. El destinatario de esta exigencia es el Ejecutivo europeo, pero claramente está escrito pensando en la grave erosión al Estado de derecho en Hungría.

Las críticas y demandas de estos grupos políticos han encontrado pronto el respaldo de las regiones europeas a través del órgano que las agrupa, el Comité de la Regiones. “Instamos a la Comisión Europea a que revise la propuesta teniendo en cuenta las necesidades y los valores reales de Europa. Se necesita urgentemente una base sólida para las negociaciones”, ha apuntado Kata Tüttő, la presidenta del organismo.