Asturias intenta captar viviendas vacías para destinarlas a alquiler asequible

El Gobierno de Asturias ha dado un nuevo paso para reforzar el derecho a la vivienda con la aprobación del decreto que regula el programa ‘Alquilámoste’. Esta iniciativa, inspirada en el programa vasco Alokabide y en el Plan Alquila Madrid, permitirá movilizar viviendas vacías de titularidad privada para destinarlas a alquiler a un precio asequible, previo acuerdo con sus propietarios.

La empresa pública Vipasa será la encargada de gestionar este proyecto. El objetivo es movilizar inmuebles desocupados mediante su cesión a la Administración autonómica por un plazo máximo de siete años y cuatro meses. Durante ese período, Vipasa abonará a las personas propietarias un canon mensual fijo, lo que les garantizará una fuente de ingresos estable. A su vez, la vivienda quedará acogida a un programa público que establece una limitación en el precio del alquiler, por lo que los propietarios podrán acogerse a las bonificaciones fiscales vigentes y los inquilinos pagarán un precio de alquiler de al menos un 10% menos respecto al canon que el Principado abonará a la propiedad. La mensualidad en todo caso no podrá suponer más del 30% de los ingresos del inquilino o la unidad familiar.

Una vez finalizada la cesión, el Principado se compromete a devolver las viviendas a sus dueños en el mismo estado en el que las haya recibido, a excepción del desgaste causado por el uso normal. Si se produjesen desperfectos, la Administración se encargará de repararlos. Esta garantía, unida a la estabilidad económica que proporciona el canon mensual, ayudará a eliminar las barreras que actualmente disuaden a muchos propietarios de ofrecer sus viviendas en alquiler.

Vipasa se ocupará de la selección de inmuebles, la suscripción de los contratos de cesión, la gestión de los arrendamientos y el mantenimiento de las viviendas durante el plazo establecido.

El decreto ha sido promovido por la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos (la única en los gobiernos autonómicos españoles regentada por IU, que cogobierna en Asturias con el PSOE). “No me escondo, con esto intervendremos en el mercado, que no se regula solo. ‘Alquilámoste’ reducirá los precios de los alquileres en la zona donde se ubique la vivienda”, señala el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, quien puntualiza que “este programa no está pensando para personas en riesgo de exclusión, sino para garantizar el acceso a la vivienda asequible a la clase trabajadora que ahora tenía esa dificultad”. En este sentido, podrán optar a estos alquileres personas individuales y familias con ingresos ponderados entre los 2 y los 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, entre 16.800 y los 63.000 euros de ingresos anuales.

“Necesitamos que en estos primeros compases crear una bolsa de viviendas e ir compaginándolo con el registro de personas interesadas en ellas”, explica Zapico, quien deja claro “que por programas similares, cuesta años consolidar el programa y no se pueden esperar resultados de la noche a la mañana”. El programa se pone en marcha con un presupuesto de un millón “y el objetivo es que sea un crédito ampliable y que se destine el dinero que requiera a medida que se vaya desarrollando”, señaló el consejero asturiano.

Según la última estadística realizada por el portal inmobiliario pisos.com, la mayoría del precio de alquiler en Asturias (un 59%) se sitúa entre los 700 y los 1.000 euros al mes. Solo el 16% está por debajo de los 700, el 18% entre 1.000 y 1.500, y el 7% restante superan los 1.500 euros mensuales.

¿Cómo funcionará ‘Alquilámoste’?

Según el borrador del decreto, la Administración asturiana busca viviendas nuevas o usadas, que no estén sujetas a ningún régimen de protección pública, sin cargas, que tengan entre 30 y 150 metros cuadrados y en la cocina dispongan de horno y vitrocerámica. Las viviendas deberán estar ubicadas en núcleos urbanos, preferentemente en edificios de tipología residencial colectiva, y solo excepcionalmente podrán admitirse viviendas unifamiliares.

Para entrar en el programa, el propietario deberá cursar una solicitud acreditando la propiedad, ofreciendo ese piso y estar al día en los pagos de comunidad. Los técnicos de Vipasa inspeccionarían la vivienda y pueden proponer hacer algún arreglo, siempre que su coste no exceda del canon que se pagará al dueño durante un año. Esa inversión se descontaría de la retribución al propietario.

El dueño firmará un contrato en el que cede el usufructo temporal pleno y exclusivo durante siete años y cuatro meses. El usufructo no se extenderá a garajes, trasteros u otros anexos que existan, salvo pacto expreso contrario. A cambio, el propietario recibirá un canon mensual que no podrá exceder de los 700 euros, y que se actualizará año a año. Para su cálculo, Vipasa tomaría como referencia el Índice de Garantía de Competitividad, y no el IPC, según el borrador ahora abierto a alegaciones. A ese cálculo se le descontará un 10% como contraprestación por las garantías que ofrece el programa. El pago del IBI queda abierto a la negociación.

El dueño podrá recuperar el uso de su vivienda antes de tiempo si, con antelación, justifica que la necesita para sí, o un familiar de primer grado, por divorcio o por adopción. Si pasados esos siete años y cuatro meses hiciera falta alguna reparación o hubiera un okupa negándose a dejar la vivienda, Vipasa seguiría asumiendo sus obligaciones de pago. Al dueño no se le permite fijar condiciones sobre los futuros inquilinos. Su selección es asunto exclusivo de Vipasa, que asume también los gastos por suministros y un seguro multirriesgo.

Los aspirantes a inquilinos se inscribirán en un registro y, si cumplen los requisitos, se les notificará cuando haya una vivienda disponible, programándole una visita dos días después. Después tendrá otros dos días para comunicar si acepta el piso o no. Rechazar tres propuestas sin causa justificada podría suponer su exclusión durante seis meses.