Atrapados por la reforma de la casa

Cocinando en el pasillo, en casa de los padres o gastando ahorros en un alquiler que se prolonga sine die. Cientos de familias que se encontraban reformando sus viviendas cuando llegó la epidemia se las apañan como pueden. Se han confinado como todos, pero no en la casa que querían. Y siguen sin tener claro cuándo podrán estrenar unas obras paralizadas por el estado de alarma, lo que ha llevado también al límite a muchos autónomos y pequeñas empresas del sector. Este pide mayor concreción en las últimas medidas del Gobierno, que permiten las reformas de casas deshabitadas bajo ciertas condiciones, para retomar los trabajos con seguridad jurídica.

“Yo te digo que desde que empezó esto he envejecido”, afirma J. E.., de 45 años. Hace ya más de un mes que en el unifamiliar donde vive con su mujer y sus dos hijos no hay cocina. La orden que prohibía las reformas en edificios habitados el 12 de abril, el día que acababan las dos semanas de máximo confinamiento, dejó empantanados los trabajos. Lo peor, dice, es que le falta un gran ventanal donde temporalmente ha puesto tablones. “Da a la parte de atrás, pero imagínate el acojone todas las noches por si alguien te entra”.

Amparándose en la excepción que permitía trabajos de urgencia, J. E. intentó que al menos fueran el fontanero y el carpintero para dejar la cocina operativa. Pero los vecinos de la urbanización se quejaron y el administrador llamó “con un tono bastante beligerante”. La familia se apaña con un pequeño baño y con la antigua vitrocerámica conectada en el pasillo. “Para los platos tenemos un lavadero abajo, en el garaje, con lo cual tienes que estar subiendo y bajando”, lamenta, “se sobrevive, pero con unas condiciones de vida que no son ideales”.

Una “lucha cotidiana”

“Nos encontramos en una situación de intentar calmar al cliente, pero sin poder darle una solución”, describe Laura Sánchez, directora técnica de Consorcio Opera Real Estate. Los cuatro proyectos de reforma que tenía activos están paralizados. Y la intermediación inmobiliaria, otra de las funciones de su empresa, tampoco marcha: “Las facturas desde el 14 de marzo hasta la fecha son cero”, señala la arquitecta técnica. Tras la última modificación legal, buscan la manera de reanudar alguna obra, sin éxito hasta ahora. “No podemos intentarlo con una orden que no impide que vaya la policía, nos pare y nos multe”, explica.

La queja es común entre los afectados. El BOE del 3 de mayo autorizó reformas en edificios habitados si no hay “interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad”. Y apuntaba a la sectorización del inmueble o la limitación de horarios de entrada y salida de trabajadores para lograrlo. Pero concretó poco más. Una circular de la Confederación Nacional de la Construcción intentó rellenar lagunas recomendando llevar las herramientas en fundas de plástico o limpiar las zonas comunes por las que pasen obreros o materiales. Pero el presidente de esa patronal, Juan Lazcano, admite que es “una lucha cotidiana” evitar que haya una extralimitación en la interpretación de la norma por parte de algunas autoridades. Por eso, como paso inicial, se recomienda comunicar las medidas propuestas al administrador del edificio.

“Hemos mandado una carta a los administradores de tres de las reformas que están en curso y aún no nos han dicho nada”, relata la arquitecta Ana Cabellos. “Con la anterior orden lo intentamos en dos obras y las comunidades se echaron encima. Hay miedo, aunque al final que los obreros entren a una hora y salgan a otra parece menos peligroso que un repartidor a domicilio que pasa el día en la calle”, reflexiona. El estudio que comparte con otro socio, Unseisyuncuatro, surgió de la anterior crisis, cuando tantos arquitectos fueron al paro y vieron en las reformas un pequeño balón de oxígeno. “Estuvimos muchos años con el flotador intentando no ahogarnos, y ahora que parecía que la cosa iba adelante…”, dice apenada. Siete de sus ocho proyectos en marcha se han parado, pero en general los clientes han sido comprensivos ante inconvenientes como “el de pasar dos meses más en casa de los suegros”.

Ese es exactamente el caso de Miguel Ángel Pérez y su pareja. Tras seis años viviendo en Madrid, planificaron volverse a Málaga este año. El pasado febrero compraron un piso en el barrio de Huelin, su primera casa en propiedad. “Solo he ido un día, cuando firmé, y poco más”, cuenta. Se mudaron con los padres de Pérez, a la espera de una pequeña reforma de baños y carpintería que habían apalabrado. Pero las cajas se acumulan hace semanas en su hogar temporal y todavía no tienen una fecha segura para empezar las obras. A falta de ver el piso para hacer un presupuesto y firmar el contrato, el albañil teme ser multado si se acerca a la vivienda.

Pendientes de los vecinos

Tampoco ha podido estrenar su casa nueva la abogada Cristina de la Rosa, de 57 años. El 4 de abril tendría que haber dejado el ático donde vive de alquiler con su marido, pero en la vivienda que adquirieron el año pasado los trabajos se fueron retrasando por diversos motivos y, cuando llegó la epidemia, el suelo seguía por poner. Así que De la Rosa habló con su arrendador –“es una buena persona”- y sigue pagando el alquiler a la vez que la hipoteca y los gastos de dos viviendas. De momento puede sostenerlo, pero no le hace gracia: “Estoy tirando dinero y puede llegar un momento en que sí tenga problemas”, se queja. Como el resto de afectados, confía en que sus futuros vecinos no pongan trabas para retomar la reforma.

Mientras tanto, se encuentra a la espera como Carlos Madrid, quien gestiona una carpintería familiar con 10 empleados en Cebolla (Toledo). “Ya antes del estado de alarma, las juntas de vecinos nos ponían problemas”, recuerda. Así que tras la última orden ministerial, consultó con organizaciones sectoriales y abogados. “Me han dicho que espere unos días”, resume, “¿qué ciencia jurídica hay de que no vaya a tener un problema? ¿quién decide si cumplo la orden, el policía que vaya? Estamos en el aire”. En su caso, volver a trabajar supondría intentar salvar aproximadamente una cuarta parte de la facturación anual, ahora comprometida. Y también rescatar a algunos de los ocho empleados a los que tuvo que aplicar un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo).

En España hay alrededor de 100.000 empresas de construcción con menos de 10 trabajadores, según el Observatorio de la Fundación Laboral de la Construcción. Un tercio de los casi 1,3 millones de empleos directos del sector se dedican a obras de rehabilitación y reforma. “Estamos de acuerdo en que se vaya abriendo la actividad, pero el primer escalón es la salud de los trabajadores y en este caso también de los terceros”, indica Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical de CC OO de Construcción y Servicios. El sindicato apuesta por “un plan que concrete cómo tiene que ser la interacción” entre operarios y residentes en edificios habitados. Para ello, cree que será necesario “un anexo o una orden que amplíe la anterior”. Así que, de momento, los afectados tendrán que mantener lo que, afirma la arquitecta Ana Cabellos, se ha convertido en una nueva rutina: “Estamos todo el día mirando el BOE”.

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